Negocian una norma que obligaría a los propietarios a registrarse. Casi la mitad de los avisos de alquiler en los sitios web son de este tipo.

El Gobierno porteño busca regular el mercado de los alquileres temporarios y propone crear un registro de inmuebles que tengan ese destino. El Ejecutivo local prepara un proyecto de ley que establece que los propietarios deberán estar inscriptos obligatoriamente para ofrecer esta clase de servicios y brindar condiciones mínimas de seguridad. Actualmente, casi la mitad de la oferta de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires es de tipo temporario.

La versión preliminar de la iniciativa, a la que TN.com.ar tuvo acceso, prevé la creación de un listado oficial de inmuebles a los que se les permitirá tener como destino el alquiler temporal, que se diferencia con el modelo tradicional en que tiene plazos de estadía menores, suelen tener precios mensuales más altos por estar ya equipados y listos para ser habitados y está destinado a turistas.

El proyecto de ley alcanza no solo a los inmuebles ofrecidos de forma completa sino también a aquellos que ponen en oferta de alquiler solamente alguna de sus habitaciones. El listado en el que deberán estar referenciados llevará el nombre de Registro de Alquileres Temporarios Turísticos y solo los propietarios o apoderados estarán en condiciones de anotarlos.

La nueva regulación abarcaría a aquellos inmuebles ofrecidos en plataformas digitales como Airbnb. Los sitios web y aplicaciones que publiciten alquileres temporarios tendrán la obligación de explicitar el número de registro de cada inmueble y deberán excluir a las propiedades que no cumplan con esa condición. Consultados en relación al proyecto de ley, desde el Ente de Turismo de la Ciudad consideraron que se trata de “una etapa de consultas con todas las partes” y que “ley actual es obsoleta”. “Queremos que la Legislatura trate antes de fin de año un proyecto superador“, señalaron.

La aplicación de la ley implicará que los propietarios, para poder ofrecer su inmueble para alquiler temporario, deberán respetar “condiciones de seguridad y habitabilidad” y tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil. Además, habrá que informar con claridad al huésped cuáles son los “servicios ofrecidos, condiciones de los mismos y políticas de reserva y de cancelación”.

Una de las condiciones que establecerá la ley para permitir el alquiler temporario es que el reglamento del consorcio del edificio en cuestión no prohíba “expresamente” esa actividad. Además, el propietario deberá notificar al resto de los propietarios de esa edificación que uno de los inmuebles -o habitaciones- estará destinada a fines turísticos.

En casos de incumplimiento, la iniciativa propone multas que van desde las 500 a 25.000 unidades fijas, que es la forma de contabilización de sanciones económicas vigente en la Ciudad. El valor actual de esa unidad es de $21,40, por lo cual la escala iría de entre $10.700 y $535.000.

En el artículo 28° del proyecto, el Gobierno de la Ciudad se compromete a “establecer zonas de beneficios, a fin de alentar la actividad en áreas estratégicas de la Ciudad, garantizando la diversificación de la oferta”. En ese sentido, la iniciativa “zonifica” el territorio porteño en tres grandes grupos: alta, medio y baja demanda de alojamiento turístico.

En rigor, en la actualidad ya existe un registro de inmuebles que se destinan a alquileres temporarios, pero su alcance es menor a la nueva norma en elaboración. La Ley N°4632 porteña establece un listado de propiedades para este fin, pero solo es obligatorio para aquellos que propietarios que exploten más de cuatro inmuebles con esta modalidad.

Los últimos datos oficiales muestran que existen apenas 453 inmuebles registrados. De ese total, 143 están ubicados en la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución), 127 en la Comuna 2 (Recoleta) y 101 en la Comuna 14 (Palermo). En menor cantidad, se registran en la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal), Comuna 5 (Almagro y Boedo) y la 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales).

Paralelamente, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), que considera al alquiler temporario como una forma de “competencia desleal”, tiene en sus registros que las plazas de alquiler temporario alcanzan los 487.000 en Buenos Aires, superando a las 420.000 hoteleras.

Cada vez más barrios ofrecen alquileres temporarios

El fenómeno de los alquileres temporarios creció en los últimos años y actualmente abarca no solo en los barrios turísticos más tradicionales, sino que según fuentes del mercado ya alcanza a otras ubicaciones. Una de las explicaciones sobre el crecimiento de esta actividad está explicada por la ganancia más alta que da este tipo de alquileres respecto al tradicional.

El director de la consultora Reporte Inmobiliario, José Rozados, explicó a TN.com.ar que “la mayor rentabilidad está relacionada con una inversión inicial mayor, ya que este tipo de alquileres requiere que el departamento esté amueblado y equipado para ser habitado, además de los gastos corrientes que pueda tener”.

Por otra parte, indicó que para los dueños de los inmuebles en alquiler temporal “la rentabilidad anual que pueden conseguir es como mínimo el doble de la que logran a través de los alquileres tradicionales con contratos a dos años”. El último dato de Reporte Inmobiliario refleja que la renta por año en dólares de un departamento en la Ciudad puesto en alquiler es de 2,5%, uno de sus niveles históricos más bajos.

Uno de los peligros que advierten en el mercado inmobiliario sobre la expansión de los alquileres temporarios tiene que ver con un desplazamiento de la oferta de vivienda en alquiler tradicional y que esa menor disponibilidad se traduzca en precios más altos. “Hoy estamos viendo que hay barrios que uno podría decir que no están a priori en el radar de turistas pero se ofrecen, como Boedo, y algunas zonas alrededor de La Boca y Barracas. Es una tendencia que crece cada vez más”, concluyó Rozados.

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, comentó por su parte que “el Gobierno de la Ciudad tiene la tendencia de eludir la discusión de las urgencias”. “Ayer fue la vivienda vacía y hoy Airbnb. Mientras tanto en la Ciudad de Buenos Aires se incendian hoteles familiares, 1.200.000 personas viven en viviendas alquiladas por lo cual no reciben factura, pagan todas las expensas, sufren aumentos semestrales del 20%, no hay control sobre inmobiliarias ni administraciones de consorcios, los contratos de alquiler no tienen ningún control y la venta de tierra pública rompe récords”, criticó.

“Somos la ciudad más atrasada en materia de políticas públicas en vivienda. Hay que regular el alquiler temporario pero sobretodo hay que garantizar que los porteños puedan pagar el alquiler y en blanco“, apuntó Muñoz.

De acuerdo a un relevamiento realizado por este medio, actualmente casi la mitad de la oferta de alquiler en los sitios web líderes en el mercado son de tipo temporarios. El sondeo incluye la base de datos de Properati, ArgenProp, ZonaProp y MercadoLibre. Entre las cuatro plataformas, el 47% de los inmuebles que figuran bajo la categoría alquiler están destinados a turistas.

En un extremo, en MercadoLibre el 55% de la oferta es de ese tipo (20.997 propiedades contra 38.228 en total que están en alquiler). En el otro lado, Properati tiene un 29% de sus publicaciones de alquiler (13.789 de las 50.796 totales) en la categoría temporario.

Fuente: Todo Noticias

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Por Federico Dangelo Martínez^[1]

Introducción

El pasado 28 de junio de 2019, los jueces de la Cámara en la Sala de Acuerdos resuelven sobre el caso iniciado por Roque Daniel Favale y Daniela Alejandra Sayós contra la conocida agencia de viajes Despegar.com.ar S.A.^[2]

Los actores^[3] reclamaron la reparación de los daños y perjuicios que afirmaron haber padecido frente al incumplimiento de la agencia de viajes demandada, con quién contrataron una semana en crucero por el mar mediterráneo y que finalmente no pudieron realizar ante la cancelación de la prestadora del servicio.

Por su parte, la agencia de viajes solicitó, ante la justicia, el rechazo de la demanda dado que, a su entender, no tenían responsabilidad alguna toda vez que su rol se limita a la intermediación entre quien desea contratar un servicio y quién lo presta concretamente. Agrega, también, que cumplieron con el deber de información al comunicarles inmediatamente, a los demandantes, la cancelación del servicio por parte de la empresa de crucero.

¿Cuáles son los argumentos legales que invocaron las partes, en este proceso judicial? Los actores sostuvieron que debían aplicarse las normas protectoras del consumidor, previstas en el actual Código Civil y Comercial de la Nación, sumada la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) dado que el rol de ellos en la contratación es, además de turistas, la de consumidores. En cambio, la agencia de viajes consideró que debían aplicarse las normas específicas que regulan la actividad de las agencias de viajes. Dichas normas son: la ley 18.829 (la cual data del año 1970) y su Decreto Reglamentario N.º 2182/1972.

Ahora, y a modo de aclaración para el lector, la discusión sobre qué norma aplicar al momento de resolver conflictos entre un cliente y una agencia de viajes es, básicamente, una pérdida de tiempo. Es que, desde la sanción de la ley de defensa del consumidor y la denuncia del Convenio de Bruselas^[4] ha resuelto la cuestión. Esto es, siempre será de aplicación las normas que protegen al consumidor, en tanto y en cuanto, ese turista se ubique como un consumidor final del servicio contratado. Es decir, en la medida que se determine la relación de consumo.

Volviendo al caso judicial, mencionado al inicio, se consideró -en el mismo sentido expresado en el párrafo anterior- que deben aplicarse las normas que protegen al consumidor. En este caso los propias del contrato de consumo del Código Civil y Comercial, matizadas por los artículos 2654 y 2655 de dicho Código (Derecho internacional privado relativo a los contratos de consumo internacional) y las regulaciones de la ley 24.240 y sus complementarias.

Por ende, la responsabilidad de la agencia de viajes, en una contratación con sus clientes finales, subsiste aún cuando lo servicios contratados no se desarrollen por culpa del prestador directo

 

Buen proceder de una agencia de viajes

En este caso, el problema se  centra, fundamentalmente, por la cancelación del servicio de crucero por la prestadora directa. El mismo día que comunica la cancelación a la agencia de viajes, ésta hace lo propio con los actores vía correo electrónico. En realidad envió dos correos, uno ese mismo día y otro al día siguiente.

Sucede que la agencia de viajes consideraba que la comunicación realizada mediante el envío de dichos correos electrónicos, a una cuenta de mail previamente pactada, era suficiente en un contexto de buen proceder de ella frente a sus clientes. Pero la Cámara no lo concluyó de esa manera. Entendió que no podía determinarse un buen proceder el simple envío de dos mails, más cuando sabía del hospedaje de los turistas habida cuenta que con ellos también contrato el alojamiento.

Agregó, además, que la agencia no debió limitar sus acciones a comunicar la cancelación abrupta por la prestadora, sino que debió gestionar un servicio similar y equiparable al contratado, como alternativa seria al servicio contratado. En ese tenor, sostuvo la Cámara que:

“Lo cierto es que aquí, la accionada no puede alegar válidamente que la única vía de comunicación para informar a los pasajeros sobre la cancelación del crucero era a través del envío de mails a sus respectivas casillas, al tratarse de la única información de contacto ingresada por ellos como usuarios de su plataforma online, cuando fue acreditado en autos que las dos noches anteriores a la fecha de embarque, el matrimonio Favale-Sayós se había alojado en hoteles contratados a través de Despegar. Sin embargo, la accionada al contestar la demanda, consignó expresamente y sin fundamentos, que desconocía “el itinerario que ellos harían en su estadía en España […] ya que ésta solo es una plataforma por medio de la cual los usuarios de los servicios de intermediación, contratan en forma directa con los prestadores del servicio (hoteles, vehículos, aviones, cruceros, etc.)” (sic fs. 201) y cuando, además, cargar los datos de un teléfono de contacto, celular o no, debe ser en la práctica on line un dato indispensable a llenar.

Lo anterior, sumado a que el intermediario no ha demostrado haber exigido a la naviera organizadora del viaje (Pullmantur S.A.), ante la cancelación del crucero contratado para la semana del 17 al 24 de mayo de 2014, una prestación similar a la originalmente comprometida -o superior-, pues solo aparece ofreciendo utilizar el saldo a favor para tomar noches en destino. Evidentemente, lo propuesto, no era un reemplazo acorde a la categoría o calidad de los servicios contratados que ofrecía el crucero, el cual no solo contemplaba la hotelería para los días de su duración, sino que además comprendía “todo incluido a bordo – excepto determinadas actividades y consumiciones” (sic), además de la visita a los distintos destinos turísticos incluidos, en el caso, Túnez, Nápoles, Roma (Civitavecchia), Florencia/Pisa (La Spezia) y Niza (Villefranche). La agente debió brindar el armado de itinerarios o posibilidades alternativas, aún terrestres, autos, ferrys u otros medios de transporte, que permitiesen arribar a los puntos de destino previstos, con alojamientos en hoteles de categoría asimilable y prestaciones semejantes en desayunos, media pensión, etc. asimilables a las proporcionadas originalmente u otros sucedáneos, no lo hizo, y esa omisión importó un obrar ciertamente negligente.

En definitiva, en su carácter de intermediaria, Despegar debe responder por las negligencias incurridas tanto por ella, como por las que haya incurrido la prestadora de los servicios con la que se vinculó (Pullmantur S.A.), a poco que se recuerde, que la calidad de intermediaria de la accionada, la coloca en la cadena de provisión del servicio de turismo frente a los usuarios y es por tal motivo, justamente, por el que resulta procedente -en el caso- el reproche de los actores formulado a raíz de la frustración de su viaje en crucero. Ello, sin perjuicio del reclamo que luego pudiera dirigir la agencia de viajes contra la naviera”

 

Conclusión

Hay dos cuestiones que merecen nuestra atención: la delimitación de las normas aplicables y el actuar que se espera de un agente de viajes ante un caso de cancelación de servicios por el prestador con el cliente en tránsito.

Sobre el primer supuesto, las contrataciones que los consumidores realicen con las agencias de viajes, se encuentran bajo el amparo de las normas que protegen al consumidor, las que devienen del Código Civil y Comercial de la Nación y con el plus de la Ley de Defensa del Consumidor.

Ello determina una injerencia de una atribución objetiva y solidaria en la responsabilidad, a pesar de los intentos estériles de muchos letrados defensores de los intereses de los agentes de viajes en invocar los extremos del artículo 14 del Decreto 2182/1972, reglamentario de la ley 18.829 y con ello, una atribución subjetiva en la responsabilidad.

¿Cuál es la importancia? Sucede que mientras en el factor subjetivo ademas de una vinculación entre el daño y el servicio del agente de viajes, se necesita la determinación de que el daño es consecuencia de un obrar culposo (basado en la negligencia, impericia o imprudencia) o doloso (relacionado a la intención de causar daño); el factor objetivo necesita, solamente, la acreditación de la relación del daño con la prestación del servicio. Como se puede apreciar, las diferencias son notorias.

En cuanto al segundo supuesto, del precedente judicial se destaca una delimitación relativa al obrar que se espera de un agente de viajes ante una cancelación de servicios por parte de un prestador directo con el cliente situado en pleno desarrollo del viaje contratado.

Aquí, la Cámara entendió que la agencia de viajes debió brindar gestiones serias y coherentes con el fin de gestionar una u otra alternativa, equidistante a los servicios contratados originalmente, ante la cancelación planteada. Pues, sabido es que no resultará suficiente la mera comunicación formal de la cancelación de los servicios.

En suma, un importante punto a tener en cuenta no solo para aquellos turistas que vivan situaciones similares a las aquí tratadas, sino también para los agentes de viajes en su planificación de los procesos destinados a la posventa en relación a sus clientes.

 

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Notas:

^[1] Fundador de derechoyturismo.com y profesor universitario de Derecho del Turismo

^[2] Expte. Nº 37.961-2014 – “Favale, Roque Daniel y otro c/ Despegar.com.ar S.A. s/ ordinario” – CNCOM – SALA A – 28/06/2019

^[3] Vocablo utilizado, en el ámbito judicial, para aludir a quién o quiénes se encuentran demandando en una causa judicial.

^[4]  Una Convención aprobada en nuestro país por la ley 19.918 del año 1972, que regulaba el contrato de agencia de viajes en un contexto internacional, pero que ha sido denunciada el 16 de diciembre de 2008 (publicada en el B.O. el 30 de ese mes y año) y cesando en sus efectos el 16 de diciembre de 2009.

Federico Dangelo Martínez

Argentina es un país singular, desde muchos aspectos. Pero uno de ellos quedó marcado en los repentinos cambios que se sucedieron a partir de la variación en la cotización del dólar frente a nuestro peso, luego de las PASO. En razón de ello, un aspecto que me llamó la atención, el 4 de septiembre del corriente año, fue un mensaje desde la Defensora del Consumidor, que decía: “Las empresas deben respetar las promociones que ofrecieron. Si no lo hacen, podés hacer tu reclamo…”.

Uno podría preguntarse ¿Es tan así? Para arribar a dicha respuesta resulta necesario analizar el artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la nación, el cual expresa:

“Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su álea propia.”

Entonces, ante una situación de excesiva onerosidad ¿se puede plantear la resolución del contrato? Es cierto que los contratos se acuerdan con el fin de cumplirse. Pero es en tiempos de crisis y cambios bruscos en las economías, donde se produce inseguridad jurídica, la que se traslada a los negocios realizados entre personas, empresas y Estados, surge la necesidad de abordar la problemática que se plantea ante dichos fenómenos imprevisibles, cuando uno de los contratantes se ve perjudicado tornando la obligación asumida por su parte en desproporcionada y excesivamente onerosa, afectando de esta manera el equilibrio contractual que existía al momento de celebrar el contrato.

Expresa Massa (1) que “estas circunstancias que producen un vuelco inesperado de la voluntad de las partes al momento de celebrar un contrato se remontan al tiempo de los romanos, quienes, sabiamente, entendían que el contrato produce plenamente sus efectos siempre que no se alteren las circunstancias que lo rodeaban al momento de su celebración. Todos esos cambios bruscos, que generan una inseguridad económica y subsidiariamente jurídica, necesitan de instrumentos jurídicos que actúen como verdaderos pilares que sostengan la real voluntad de las partes al momento de celebrar un contrato”.

En general, ha dicho Mosset Iturraspe (2), que “puede decirse que la teoría de la imprevisión resulta ser un remedio jurídico que busca restablecer, en determinadas relaciones jurídicas y ante la presencia de circunstancias extraordinarias e imprevisibles que volvieran excesivamente onerosa las prestación de un contratante, el equilibrio en las mismas con el fin de proteger el interés del perjudicado”.

Es más, sostuvo Spota (3) que “por nuestra parte entendimos que aun la parte que sufre la excesiva onerosidad de su prestación puede exigir, ya no la resolución contractual, sino el reajuste razonable o ‘equitativo’ de la contraprestación para mantener el equilibrio contractual, dado que la resolución es una facultad o derecho potestativo, y puesto que las convenciones, como pasamos a indicarlo, se celebran para ser cumplidas”.

Cabe precisar que, en cuanto a la imprevisibilidad, pese a que el actual art. 1091 del Código Civil y Comercial no contenga expresamente el requisito de la imprevisibilidad, corresponde entender que es un requisito necesario a los efectos de la aplicación de la normativa citada, puesto que, en caso contrario, integraría el riesgo asumido por la parte afectada al contratar. Así se ha entendido en un precedente judicial (4).

Por otra parte, y a pesar de que sólo habilita a demandar por resolución, la jurisprudencia y doctrina imperante se manifestaron por la procedencia de la adecuación o reajuste de las prestaciones. Es decir, se puede concluir que, ante situaciones imprevistas y que tornen la o las prestaciones del contrato en excesivamente onerosas, amerita que proceda la revisión del contrato por la imprevisión o la lesión sobreviniente, y que, de acuerdo a dicha revisión contractual (nueva negociación de intereses por las partes) pueda surgir su reajuste o resolución total o parcial del tan referido contrato. Para ello, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

• Un hecho externo al contrato, que no se deba a la culpa o a la mora de quien se siente perjudicado.
• Dicho hecho sea imprevisible por las partes del contrato.
• Prestación contractual excesivamente onerosa.

Ahora ¿cuándo una prestación contractual se torna excesivamente onerosa? Para la determinación de si una prestación se ha tornado en excesivamente onerosa, y siguiendo a López de Zavalía (5), es necesario poner en relación los valores originarios, de las ventajas y de los sacrificios, medidos con un denominador común, obteniendo la diferencia que entre ellos exista; segundo, medir el grado de onerosidad sobreviviente, con los mismo cánones, pero teniendo en cuenta la diferencia obtenida en la primera operación; tercero, poner en relación los nuevos valores computables según las operaciones antes practicadas, y observar si es el caso de afirmar que existe una excesiva onerosidad en alguna de las ventajas o sacrificios de las partes o de alguna de ellas.

Concluye Curá (2016) que “el cumplimiento del contrato requiere que las prestaciones asumidas, no sólo sean ejecutadas, sino que sean bien ejecutadas. El incumplimiento, de uno de los contratantes crea una perturbación prestacional que debe ser corregida. Ante ello, la resolución del contrato se levanta como uno de los medios de defensa que permite reconstruir el equilibrio originalmente convenido. Lo mismos sucede cuando el incumplimiento deviene de una excesiva onerosidad sobreviniente, para ello, la ley, no sólo concede la facultad de solicitar la adecuación del contrato, sino también la resolución del mismo.”

En suma, circunstancias que tornen excesivamente oneroso cumplir con el contrato, por alguna de las partes, y siempre que ello se deba a los requisitos, antes mencionadas en viñetas, no activa de manera inmediata la facultad de exigir el cumplimiento del mismo, sino que las partes deberán afrontar una re negociación de sus intereses, de acuerdo al cambio instaurado por le hecho futuro, imprevisible que dificulta parcial o totalmente el cumplimiento del contrato o bien, resolver el mismo donde las partes deberán hacer las devoluciones pertinentes de tal manera que se vuelva a la situación de inicio, antes de haber contratado, para que ninguna de las dos partes salgan perjudicadas.

Referencias

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(1) Massa, Héctor, “La revisión del contrato ante el desequilibrio sobrevenido de las prestaciones: la cláusula rebus sic stantibus”, Cita Online: AP/DOC/1448/2013.

(2) Mosset Iturraspe, Jorge. Justicia contractual., Ediar, Buenos Aires, 1977, Cap. V.

(3) Spota, Alberto G. y Leiva Fernández, Luis F. P., Instituciones de derecho civil. Contratos, La Ley, Buenos Aires, 2009, Tº III, núm. 741, p. 737.

(4) CNCom., sala D, 10/11/2015, “BWA S. A. c. Autopistas del Sol S. A. s/ordinario, registro nro. 94.045/2002; Autopistas del Sol S. A. c. BWA S. A. s/ordinario, registro nro. 9518/2001 y Autopistas del Sol S. A. c. Chubb de Fianzas y Garantías S. A. s/ordinario, registro nro. 61.286/2001”, ED 266-423.

(5) López de Zavalía, op. cit., p. 465.

Bibliografía

• Alterini, Jorge H. Código Civil y Comercial comentado. 2a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2016. 1088 p. ISBN 978-987-03-3142-1.

• Calvo Costa, Carlos A. Código Civil y Comercial comentado y anotado con jurisprudencia. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : La Ley, 2018. Libro digital. ISBN 978-987-03-3671-6.

• Centanaro, Esteban. Manual de contratos. 1a ed., 2da reimpr. Buenos Aires: La Ley, 2016. 748 p. ISBN 9789870328810.

• Curá, José M. Código Civil y Comercial de la Nación comentado. 2a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : La Ley, 2016.1088 p. ISBN 978-987-03-3097-4.

• Martorell, Ernesto E. dir. Tratado de los contratos de empresa. 2a ed., amp. y act. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2016. 4 v. ISBN 9789502027678.

• Vítolo, Daniel R. Manual de contratos. Buenos Aires: Estudio, 2017. 2 v. Manuales. ISBN 9789508975515.

A partir de 2021, las personas que visiten Europa y no tengan pasaporte europeo deberán tramitar un permiso especial para recorrer el Viejo Continente. Se trata del denominado ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes.

Las autoridades europeas indicaron que no se trata de una visa y que es sólo un permiso, pero no deja de ser un trámite obligatorio. La diferencia está en que algunos requerimientos son menores a los de una visa tradicional, ya que no será necesaria una foto o datos biométricos ni indicar situación financiera).

ETIAS representa el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. Se trata de un sistema íntegramente electrónico que autoriza y realiza un seguimiento de los visitantes de países que no necesiten un visado para acceder al espacio Schengen (área que comprende a 26 países europeos que abolieron los controles fronterizos).

El pedido de este permiso de autorización previa empezará y terminará online tras el pago de 7 euros. Tendrá una validez de tres años y los datos que se incluyan en la solicitud se cruzarán con bases de datos de la UE y de Interpol. Ahí se definirá si hay razones para denegar la entrada.

A partir de ahí, si no se recibe respuesta se considera que la autorización fue aprobada. Si en el sistema salta alguna alerta la autorización será decidida manualmente en un plazo máximo de 96 horas. El funcionario encargado de revisar la petición podrá pedir información adicional. Cuando la reciba tendrá otras 96 horas para tomar una decisión.

Debido a que los ciudadanos de países que no necesita un visado para viajes dentro de la UE, como los argentinos, pueden permanecer hasta 90 días en esas fronteras, el ETIAS se asegura de que esas personas no supongan un riesgo para la seguridad.

Antes del embarque, los transportistas aéreos y marítimos tendrán la obligación de verificar que los extranjeros que necesitan ese permiso estén en posesión de una autorización válida.

El listado de los países que deberán tramitar el permiso son los siguientes:

De alguna forma, se parece al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje de Estados Unidos (ESTA), que se emplea para una finalidad similar.

ESTA son las siglas de Sistema Electrónico de Autorización de Viaje. Es un sistema de solicitud online, operado por el U.S. Department of Homeland Security (DHS) que no es una visa sino una autorización previa para los pasajeros antes de permitirles ingresar a Estados Unidos.

Siempre que el viaje sea por negocios o turismo (o si sólo es en tránsito, se requiere lo mismo) y por un período inferior a 90 días, los viajeros argentinos con doble ciudadanía (por ejemplo, la española o italiana) no necesitan obtener una visa para entrar a Estados Unidos y deben completar por internet el formulario de ESTA.

Tal como pasará con el ETIAS para Europa, los argentinos con doble ciudadanía deben solicitar el ESTA al menos 72 horas antes de subir a un avión o barco hacia Estados Unidos.

 

Fuente: Clarín

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La AFIP dará a conocer en el próximo bimestre “una normativa impositiva más emparentada con los negocios tradicionales de alquiler”

La AFIP dará a conocer en el próximo bimestre “una normativa impositiva más emparentada con los negocios tradicionales de alquiler”, afectando, así, a plataformas de alquiler turístico como Airbnb. Se trataría de un nuevo marco regulatorio y tributario tal como se hizo con Netflix y Spotify.

La plataforma de alquileres temporarios afronta las mismas disputas en otras ciudades del mundo, muchas de las cuales ya han establecido medidas para alivianar el impacto que sobrellevan los hospedajes tradicionales. Airbnb ya realizó acuerdos fiscales en más de 200 destinos y prevé replicar esos acuerdos en 500 ciudades más.

Victoria Bramati, gerente de Asuntos Públicos de Airbnb en Argentina señaló a Clarín que “hay lugar para todos en el mercado. Apoyamos regulaciones claras que fomenten la competencia justa e inclusiva”.

Bramati, agregó “En marzo de 2018, ciertos proveedores de pagos en Argentina comenzaron a retener y remitir montos respecto al Impuesto a las Ganancias a los anfitriones mediante la aplicación de la Resolución General 830/2000 de la AFIP. Creemos importante destacar que una gran mayoría de los anfitriones ya se encontraban inscritos como contribuyentes y cumplen con sus obligaciones fiscales”.

Airbnb no quiere confrontar, está claro, y practica una filosofía pacífica que se traduce en un “hay lugar para todos en el mercado. Apoyamos regulaciones claras que fomenten la competencia justa e inclusiva y eviten generar nuevas barreras de entrada a las personas comunes que quieren ofrecer sus casas y generar un ingreso extra”, sostuvo la vocera de la compañía.

Fuente: iProfesional

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