La Unión Europea buscaría regular el alquiler vacacional de viviendas

De acuerdo a un artículo de Inmoley.com la Unión Europa ha comprobado que es un problema común a todos los países y tiene previsto sacar las primeras directrices sobre el alquiler vacacional de viviendas. Aunque todavía se desconoce el formato que la Comisión Europea elegirá para afrontar este reto, si en forma de directriz comunitaria o se limitará a otorgar una serie de orientaciones, lo que sí tiene claro es que estas indicaciones serán de obligado cumplimiento para todos los estados miembros. Inicialmente estos alojamientos turísticos estaban regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero esta normativa quedó derogada en el marco de la directiva europea de servicios en enero de 2010, dejándolos en un limbo legal.

Se recuerda al lector que, post Brexit, son 27 los países que forman parte de la Unión Europea

Fuente: Wikipedia

Cabe destacar cierta restricción legal del arrendamiento turístico en España frente a la libertad en Europa. En Francia el alquiler de vivienda turística por un periodo inferior a 4 meses al año no se encuentra sometido a la obligación de efectuar una declaración previa. En el Reino Unido no existe obligación en materia de turismo hasta los 90 días al año.

Según el derecho europeo de la competencia los ofertantes de este tipo de servicios serán el que ha sido calificado como “microproductores”, es decir, en su gran mayoría particulares que deciden sacar un rendimiento de su vivienda o de alguna habitación de su vivienda. 

Los detractores de esta medida sostienen que esta modalidad de alquiler existe en ciudades representativas de Europa como Berlín, Londres o París y es fuente de trabajo para numerosas organizaciones que se dedican a intermediar entre los propietarios de las viviendas y los arrendadores, así como para portales para reservas a través de Internet. 

Además, sostienen que este mercado está estimulando una dinámica de rehabilitación del parque mobiliario urbano y contraviene la intención de la reforma del alquiler, que es motivar la puesta en el mercado de gran número de viviendas vacías. 

Asimismo, ya se han producido sentencias contrarias a la prohibición por parte de algunos ayuntamientos al desarrollo de estos apartamentos turísticos, en las que se argumenta que supone un ataque a la propiedad privada y a la normativa europea que ampara la libre circulación de bienes y servicios.

La regulación de la actividad de alojamiento en viviendas de uso turístico y habitaciones en vivienda compartida resulta claramente limitadora de la competencia por eso desde algunas asociaciones se propone: 

  • Simplificar la regulación a la cual se encuentran sometidas eliminando las limitaciones en el ejercicio de esta actividad con que no resultan justificadas y se propone dar un paso más.
  • No someter a regulación turística aquellas cesiones a cambio de contraprestación económica en viviendas o habitaciones que por su carácter puntual o altamente esporádico no resulta proporcionado aplicar el régimen jurídico previsto para estas actividades. 

LA BATALLA DE LAS CAPITALES EUROPEAS CON AIRBNB.

Los grandes destinos turísticos europeos como Ámsterdam, Berlín, Burdeos, Bruselas, Cracovia, Múnich, París, Viena y los españoles Valencia y Barcelona, quieren involucrar a la Unión Europea en la batalla que mantienen con Airbnb por la regulación de la actividad del gigante del alquiler vacacional.

En una carta publicada en la web del ayuntamiento de Ámsterdam, las ciudades, algunas de las más han intentado limitar la actividad de la compañía, reclaman a la UE que evite otorgarle carta blanca de actuación en el territorio europeo.

Las ciudades alertan de las “amenazas y riesgos” para la configuración social y la habitabiliadad de sus centros urbanos que tiene la expansión del alquiler vacacional de corto plazo

En el comunicado, el conjunto de las ciudades aluden a una decisión no vinculante en la que un asesor jurídico del máximo tribunal europeo afirmó que Airbnb debe ser considerado un proveedor de servicios digitales y no un proveedor de alojamiento.

El anuncio se consideró un espaldarazo a la operación de Airbnb en Europa, justo en un momento en que las autoridades trataban de legislar contra la masificación turística de sus centros urbanos.

La decisión tiene, según las ciudades firmantes de la carta, preocupantes implicaciones: “las amenazas y riesgos para la configuración social y habitable de nuestras ciudades son evidentes”, apuntan.

Entre los efectos perniciosos de la expansión del alquiler vacacional en las grandes ciudades se destaca la subida de los precios y la dificultad de los ciudadanos a acceder a las viviendas

En este sentido, citan “las casas necesarias para que los residentes vivan y trabajen en nuestras ciudades serán cada vez más consideradas como un mercado para alquilar a los turistas”.

De hecho, apuntan “donde las casas se pueden usar de manera más lucrativa para alquilar a turistas desaparecen del mercado de vivienda tradicional, los precios suben aún más y se dificulta la vivienda de los ciudadanos”.

Como organismos “mejor situados para comprender las necesidades de sus residentes”, las ciudades reclaman su capacidad de legislar a través de la planificación urbana o aplicando medidas relacionadas con la vivienda. Esto “ya no será posible en el futuro cuando se trate de gigantes de internet”, precisan.

Y es que, a su juicio, las ciudades “deben proteger el interés público y eliminar los efectos adversos del alquiler vacacional a corto plazo”. Entre estos efectos adversos se citan las molestias, percepción de inseguridad y la “turistificación” de sus vecindarios.

Pese a que las plataformas de alquiler como Airbnb se muestran interesadas en la cooperación con las instituciones “en la práctica no lo hacen”, según señalan las ciudades

Por ello, las ciudades solicitan la cooperación de nuevo Parlamento Europeo y la Comisión Europea entrante para ayudar a establecer “fuertes obligaciones legales” que obliguen a las plataformas de alquiler a cooperar con ellas y cumplir con las regulaciones locales.

En la actualidad, señala la carta, “cuando las plataformas afirman que están dispuestas a cooperar con las autoridades, en la práctica no lo hacen o solo lo hacen de manera voluntaria”.

Por eso, señalan, “una cosa está clara: una carta blanca para las plataformas de alquiler vacacional no es la solución”.

El criterio de Airbnb es que la opinión del Abogado General proporciona una visión clara de qué reglas aplican a las plataformas de economía colaborativa como Airbnb, y cómo estas reglas ayudan a crear oportunidades para los consumidores. 

Fuente: inmoley.com


Federico Dangelo Martínez
Derecho y Turismo
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