El Tribunal Supremo de Justicia, de la provincia de Córdoba, declaró la validez de las cláusulas de ajuste y la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la indexación

Caso

El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, en pleno, dictó sentencia, de fecha 10 de diciembre de 2019, en el marco de la causa Moltoni, Juan Luis c/ Neto S.A. la que versaba sobre consignación de alquileres, ante un planteamiento de inconstitucionalidad.

Al comprobarse en los hechos una significativa pérdida del valor adquisitivo de la moneda, corresponde ajustar la ecuación económica a los fines de mantener incólume el crédito y salvaguardar el derecho de propiedad del acreedor, debiendo declararse la inconstitucionalidad de aquellas normas que prohíban la indexación de las obligaciones dinerarias.

Pero ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la propiedad privada? Es sabido que la Corte Suprema, al definir el alcance del derecho de propiedad señaló que comprende todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad; y entre ellos, nomina a los derechos emergentes de los contratos (Fallos 294:152; 304;856, entre otros). 

Por otra parte, el Máximo Tribunal expresó que en situaciones regidas por los principios de la justicia conmutativa debe estarse a la igualdad estricta de las prestaciones, ya que no siendo el dinero un fin ni un valor en sí mismo, sino un medio que como denominador común permite conmensurar cosas y acciones muy dispares en el intercambio, aquella igualdad exige que la equivalencia de las prestaciones responda a la realidad de sus valores y al fin de cada una de ellas (cfr. CSJN, Fallos 298:466).

Ahora ¿cuál fue el escenario económico que sirvió de contexto al caso? Pues la realidad demostró que durante los años de vigencia de la relación locativa, cuyo precio fue mensual y puntualmente depositado en consignación al valor histórico (desde octubre de 2005 hasta diciembre de 2012) la economía del país sufrió un progresivo aumento del índice general de precios. 

Al respecto, resulta interesante considerar los valores oficiales informados por el INDEC. Es así que la inflación promedio del año 2005, según el índice de precios al consumidor, fue del 12.3% anual, la del año 2006 fue del 9,8% anual la del 2007 se ubicó en el orden del 8,5% anual, la del 2008 en el 7,2% anual, la del 2009 en el 7,7% anual, la del año 2010 en el 10,9% anual, y la de 2011 del 9,5% anual. Y no debemos olvidar que desde el mes de marzo de 2011 y debido a la falta de credibilidad que se atribuía a los datos emanados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Congreso de la Nación comenzó a publicar el denominado “índice Congreso” que arrojaba cifras sensiblemente superiores a las que informaba el INDEC. 

A partir de estos datos de la coyuntura económica del lapso temporal bajo estudio, es innegable que el precio del arrendamiento mensual fue perdiendo, de manera constante y en cifras de considerable importancia económica, la cualidad de representar el valor locativo del bien raíz. Ello sin dudas provoca un significativo desequilibrio en el sinalagma contractual, en el cual el locador (acreedor) ha visto sustancialmente degradado su derecho de crédito.

Ante ello, el Tribunal Supremo de Justicia de la provincia de Córdoba sostuvo que cuando existe en la realidad una considerable pérdida del valor adquisitivo de la moneda, los tribunales deben restablecer la ecuación económica real para mantener incólume el crédito debido, para salvar el valor económico de la prestación adeudada y de esta forma conciliar los derechos de propiedad y de igualdad implicados en el contrato.

Incluso, dicho Tribunal argumentó que pretender que la deuda por los alquileres de tres locales comerciales en la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba sea cumplida con el pago del monto histórico equivalente a la suma de mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos que fuera fijado cinco años antes de que comenzaran a depositarse los arriendos en consignación, con fundamento en un contrato que inclusive fue celebrado antes de la crisis económica y financiera del año 2002, no parece una solución razonable a la luz de la evidente lesión al derecho de propiedad del acreedor.

Ante ello, bajo elementales estándares de equidad, no es posible avalar la posición de la parte actora, quien pese a haber acordado que si hubiese inflación el arrendamiento estaría sujeto a una cláusula de indexación, se ampara en la prohibición legal logrando de ese modo pagar un canon locativo francamente irrisorio, en desmedro del derecho de la contraria de obtener una contraprestación que se concilie con el valor que el arriendo representaba al tiempo en que nació la obligación.

Es decir, la aplicación de las normas que prohíben la indexación conduce a una respuesta jurídica claramente inequitativa que desampara al acreedor, enriquece indebidamente al actor, y carece de toda razonabilidad. 

Por ende, corresponde declarar la inconstitucionalidad de aquellas normas que prohíban la indexación de las obligaciones dinerarias.

Conclusión

Este fallo resulta interesante, en materia de derecho y turismo, no sólo frente a los contratos de alquiler temporario, a los que les resulta aplicable la legislación civil y comercial de los contrato de alquiler, sino ante cualquier otro contrato cuya prestación, o contraprestación según donde lo observemos, tenga una relación directa o indirecta con el contexto económico local y/o la cotización de alguna divisa frente al peso argentino.

En primer lugar, considero que su relación estará íntimamente vinculada a los contratos de alquiler con fines turísticos, no sólo por la naturaleza jurídica de dicha relación sino que, a modo complementario la Ley 27.221 establece la equiparación jurídica establecida para el caso de Hospedaje, regulada por nuestro nuevo Código Civil y Comercial bajo la figura de Depósito Necesario.

Expresa dicha norma, en su artículo 1º, que “los contratos de locación de inmuebles que se celebren con fines turísticos, descanso o similares y cuyo plazo sea inferior a tres (3) meses conforme lo establecido en el inciso b), del artículo 1.199, del Código Civil y Comercial de la Nación, se regirán por las normas aplicables al contrato de hospedaje”.

Claro, es preciso resaltar que para plantear dicha inconstitucionalidad debieran concurrir similares circunstancias a las que se tuvieron presente para resolver el caso el caso. Digo, una considerable pérdida de valor para alguna de las partes.

Fallo publicado en ElDial.com (AABA74)

Créditos de imagen: photo by Fabian Blank on Unsplash


Federico Dangelo Martínez
Derecho y Turismo
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