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Turismo en General

Derecho del Turismo


Aquí encontrarás toda la información que voy publicando en relación con el derecho y las variadas actividades turística en general. Es decir, toda la info generalizada en la actividad y que no es específica, en cuyo caso las comento en las secciones de más abajo. Te invito a ingresar y ver las diferentes publicaciones, todas ordenadas por fecha. Cualquier duda, me escribís en “Contacto”.


Novedades para el ingreso al país

2 de diciembre de 2020

En el día de hoy, 2º de diciembre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta 11/2020, dictada por el Ministerio de Salud junto con la Dirección Nacional de Migraciones

Allí establece los requisitos a cumplir por aquellos que ingresen al país, durante la vigencia de la emergencia pública en materia sanitaria. Fundamentalmente, se dirige a todas las personas, nacionales, residentes, extranjeros de países limítrofes y extranjeros que ingresen con motivos de turismo y no requiera una visa por su nacionalidad, entre otros casos más indicados en el artículo 1º de la Resolución Conjunta mencionada (en adelante: RC). Vale aclarar que la RC entra en vigencia, a partir del tercer día de su publicación.

Lo llamativo es que, de acuerdo al artículo 2º de la RC, quienes ingresen no deberán realizar el aislamiento obligatorio de los 14 días (establecido por entonces en el artículo 7º del Decreto 260/2020 

Ahora, en el Anexo I de la RC se prevén los siguientes aspectos a tener muy en cuenta. Entre ellos, destacamos:

Deber de presentar una “Declaración Jurada Electrónica para el ingreso al Territorio Nacional” aprobada por Disposición DNM N° 3025/2020. Les dejo el enlace para su consulta. 

Todos los viajeros deberán cumplir con la prueba de diagnóstico 72 horas previas al viaje internacional con resultado negativo para COVID 19 y acompañarla a la Declaración Jurada Electrónica, salvo: 

Los transportistas y tripulantes 

Aquellas personas que hayan presentado COVID-19, en los 90 días previos al ingreso al país, confirmada por laboratorio, no necesitarán presentar la prueba PCR negativa, para su ingreso. A dicho efecto, deberán acreditar los resultados de las pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 y agregar el alta médica luego de haber pasado más de diez días del diagnóstico.

Las personas argentinas o extranjeras residentes en el país que pretendan ingresar por un paso fronterizo terrestre, y optaren por no presentar PCR y cumplir el aislamiento establecido en el artículo 7° del Decreto N° 260/20 y sus modificatorios, deberán utilizar un medio de transporte que preferentemente no sea colectivo.

Por otro lado, los extranjeros, no residentes, deberán poseer (dicho de otra manera, contratar por su cuenta) un seguro que cubra, eventualmente, la atención en el país por COVID-19 y/o aislamiento, durante toda su estadía.

Asimismo, recomienda (importante, recomendar no es lo mismo que obligar) la descarga y uso de la App Cuidar dentro de las 48 horas de arribo en el país, aclarando que será con la finalidad de autofavorecer el conocimiento de la situación de riesgo, de autodiagnostico y de sensibilización sobre recomendaciones sanitarias de prevención y autocuidado. Es más, precisa, luego, que no será exigible la geolocalización de estas aplicaciones y se resguardarán los datos personales. 

Para más información recomiendo consultar los enlaces de las normas reverenciadas, con sus anexos.


Al que abonó con dólares ¿le devolverán dólares? Con motivo de las cancelaciones y pedidos de devolución en contratos turísticos

5 de noviembre de 2020

Fuente: Sang Hyun Cho en Pixabay 

Introducción

En estos tiempos, y más en los últimos días, ha cobrado un especial interés, al menos por el lado de los viajeros, saber qué sucede en aquellos casos de cancelación de servicios turísticos y posterior pedido de devolución de lo pagado, cuando el viaje contratado se haya abonado, total o parcialmente, en alguna divisa, generalmente dólares.

A modo figurativo, se destaca una noticia publicada por el medio de noticias INFOBAE, en cuyo caso, abordaba la situación de los padres de un grupo de estudiantes de un colegio de CABA contrataron el servicio de una agencia de viajes de turismo estudiantil que les exigió pagar las cuotas en dólares y que en virtud de la pandemia y las restricciones reclamaron el reintegro del saldo, y el prestador turístico les respondió que debían abonar una multa del 25%, por aplicación de las cláusulas contractuales en relación a la cancelación y que el resto, por el 75% restante, lo hará en pesos al tipo de cambio del día[2].

Pero, lo cierto es que la situación planteada tiene un contexto legal bien marcado, pero con algunas particularidades. Desde el Código Civil y Comercial de la Nación, se aprecian dos artículos, en particular, que tratan el asunto de interés para los viajeros en sus reclamos con los prestadores turísticos, con relación a la finalidad de obtener la suma de los dólares -o la divisa que se trate- abonados en su oportunidad. Estos artículos son: 765 y 766 de dicho cuerpo normativo.

El artículo 765 expresa “La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal”.

Por su parte, el artículo 766 sostiene que “El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada”.

Comentarios a los artículos 765 y 766 del CCyC

Sobre este punto Rivera y Medina[3] expresan que “el art. 765 en su segunda parte dice que si se acuerda el pago en moneda “que no tenga curso legal” (dinero extranjero) debe considerarse como “obligación de dar cantidades de cosas”. Previo a toda consideración es importante señalar que el nuevo código no regula ni trae disposición alguna, sobre las llamadas “obligaciones de cantidad” o de “dar cantidades de cosas”, es decir aquellas que para su cumplimiento exigen la operación de contar, pesar o medir (arts. 606 a 615 del Cód. Civil). Ello genera una cierta perplejidad, pues aparentemente se admite la validez del pacto en moneda que no tenga curso legal…El problema se suscita ante el caso de incumplimiento. Si nos atenemos a la normativa prevista en el art. 505 del Cód. Civil y su similar art. 730 del nuevo código, el juez debe condenar a entregar la moneda pactada (inc. lro. pago “in natura”), en caso contrario le permitirá el acreedor seguir el camino y curso que indican los artículos referidos.”

Por otro lado, Alterini[4] sostiene que “puede señalarse en general como crítica de fondo, que en este artículo del Código Civil y Comercial, cuando se alude al régimen de “obligaciones de dar cantidades de cosas”, se efectúa una remisión a un “vacío” legal; puesto que estas obligaciones no han sido contempladas en el texto del Código Civil y Comercial…Y es más, dicho último párrafo del art. 765 del Código Civil y Comercial, acto seguido se contradice prima facie con lo dispuesto por el subsiguiente art. 766, que reza: El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada”.

En efecto, dicho autor agrega que “Todo ello ha generado una incongruencia evidente, dado que mientras el art. 766 establece que la “obligación del deudor” es la de “entregar la cantidad correspondiente de la especie designada”; inmediatamente antes se ha dicho en el in fine del art. 765 que: “Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República (…) el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal”.

Finalmente, en relación con estos artículos frente a los contratos de consumo, el mismo autor arguye que “algunos podrían pensar que el art. 765 no es imperativo en los contratos paritarios, o sea, donde los contratantes actúan en un pie de igualdad, pero sí en materia de consumidor. Las normas acerca del consumidor no son renunciables en cuanto lo favorezcan; es decir, se tiene por no escrita una renuncia que lo perjudique. Esto surge del art. 988 del Código Civil y Comercial y del art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, por la remisión que realiza el art. 1117 del Código a esas normas generales en materia de contratos de consumo, ante cláusulas predispuestas que impliquen cláusulas abusivas. Por tal motivo, alguien podría decir que, si hay un consumidor de por medio, la renuncia es ineficaz.”

En relación con lo expresado, Bonchil[5] dice que “la doctrina especializada sigue esta misma interpretación al considerar que la prerrogativa del deudor, la de liberarse de la obligación mediante el pago del equivalente en moneda de curso legal, es de carácter supletorio y no imperativo, al no encontrarse comprometido el orden público.”

Marino[6], también considera que la aplicación del artículo 765 no es de orden público, sino más bien de carácter supletorio y respetando la voluntad de las partes de la obligación. También se ha observado, tal interpretación, en el precedente judicial ofrecido por la sala F de la Cámara Nacional en lo Civil con fecha 25 de agosto de 2015, en los autos “F., M. R. c. A., C. A. y otros s/consignación[7].

Dicho ello, cabe preguntarse ¿qué sucede cuando la referencia del artículo 765 no beneficia al consumidor? ¿Resulta, igualmente, imperativo en su aplicación? En relación con ello, el citado autor considera que “cuando la cláusula atañe a una relación entre el precio y el valor del bien o de la prestación debida. Por ello, recomendamos hacer alusión al art. 1121, inc. a), para que ni siquiera en el caso del consumidor se pueda decir que el art. 765 resulta ser imperativo”.

Aun más, para enfatizar la postura brindada por el autor, antes mencionado, la referencia del artículo 765 CCyC, además de colisionar con el artículo 766 del mismo Código, se enfrenta a la redacción del artículo 868 del citado cuerpo legal, el cual expresa que “El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor”.

Ante ello, resulta necesario analizar cuál debiera ser el proceder del deudor ante una obligación en moneda extranjera. Sucede que, al incorporar el artículo antes citado a este análisis resulta, cuanto menos, objetable la postura de un deudor que podría en cualquier momento decidir si honra su obligación abonando en la divisa comprometida o con los pesos suficientes, de acuerdo con la cotización de la misma en el Banco Nación Argentina.

Es que, atento al referido artículo 868 del Código, el acreedor podría negarse a recibir el pago que no se adecue a lo previsto originalmente. Además, ello encontraría apoyo normativo en el artículo 766, antes citado.

A mayor abundamiento, resume Gagliardo[8] en que “sería ilusorio el pacto en moneda extranjera si indiscriminadamente se atribuyera al deudor la facultad de verificar el pago en la moneda que más le convenga”.

Adviértase que el mismo Código refuerza la noción de importancia sobre el cumplimiento de la obligación mediante el pago, de momento que no solo habilita al acreedor a no aceptar un pago que no se relacione con lo obligado por el deudor, como reza el artículo 868, sino que tampoco está obligado a aceptar un pago parcial de la deuda por parte del deudor, conforme al artículo 869 del tan mentado Código.

Bueno, ante ello, Alterini[9] considera que “la aplicabilidad del art. 765 del Código Civil y Comercial quedaría circunscripta, prácticamente, únicamente al pago del precio en dinero en los contratos de compraventa (arts. 1123, 1133 a 1136, 1141 inc. a], 1143, 1144 y concordantes), y al canon o alquiler en la locación de cosas (arts. 1187, 1208, 1216 y concordantes); lo que sin embargo es, por cierto, bastante. Empero ello solo habría de ser así, si el precio de la compraventa no se hubiese de determinar con referencia al valor de otra cosa cierta, como lo posibilita el art. 1133 del Código Civil y Comercial; principio que es asimismo aplicable para la fijación del precio del alquiler en el contrato de locación o arrendamiento de cosas, según reza el último párrafo del art. 1187 del Código Civil y Comercial.”

Incluso, Borda[10] expresa que “algunos autores precisan que, en cada caso, debe analizarse la intención de las partes y determinar si la moneda extranjera es un elemento “esencial” del negocio jurídico, en cuyo caso el deudor solo podrá liberarse dando solo la moneda pactada. En cambio, si la contraprestación no guarda ninguna relación con la moneda extranjera, sino que solo se ha pactado para protegerse de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional, entonces debe aplicar la posibilidad del deudor de abonar el equivalente en moneda nacional, a fin de no vulnerar el principio nominalista y la prohibición de actualizar.”

Antecedentes jurisprudenciales

Viendo en retrospectiva, en referencia al tema hay distintos precedentes judiciales que, bien pondera y resume Calvo Costa[11]. De dichos casos, los más significativos son:

El deudor condenado en dólares tiene la facultad de desobligarse con el depósito del equivalente en moneda de curso legal, sin que sea imprescindible definir el enmarcamiento legal en torno a las obligaciones en moneda extranjera, lo que conllevaría determinar si el art. 765 del Cód. Civ. y Com. es de orden público o de carácter supletorio, en miras a la diferenciación que a su respecto propicia el art. 7º de ese ordenamiento[12].

Tratándose de un incidente de verificación tardía de un crédito en dólares promovido en un proceso concursal, no corresponde aplicar las disposiciones referidas a la moneda extranjera del Cód. Civ. y Com., en tanto son de carácter supletorio y, tanto el art. 7º como el art. 3º, disponen que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución (art. 765)[13].

Toda vez que el art. 765 del Cód. Civ. y Com. no resulta ser de orden público y tampoco una norma imperativa, no habría inconveniente en que las partes en uso de la autonomía de la voluntad (arts. 958 y 962 del Código citado) pacten -como establece el art. 766 del mismo ordenamiento-, que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente en la especie designada[14].

Si en el boleto de compraventa cuya moneda de pago era en dólares las partes previeron diversos mecanismos que permitieran hacerse de esa divisa ante el posible acaecimiento de circunstancias que imposibilitaran o dificultasen su adquisición, corresponde rechazar el planteo del deudor de cancelar la obligación abonando pesos al cambio oficial que fija el Banco Central, pues surge evidente que aquella fue una condición esencial del convenio y, cumplida la condición suspensiva mediante el dictado de la Comunicación A 5313 del BCRA, debe estarse a las alternativas previstas para calcular la paridad de esa moneda (art. 765[15]).

La imposibilidad alegada por la deudora de obtener moneda extranjera en virtud de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo no resulta suficiente para acreditar los presupuestos que tornen procedente la consignación pretendida, ya que existen otras operaciones de tipo cambiario y bursátil que habilitan a los particulares a adquirir los dólares necesarios para cancelar la obligación asumida, a través de la adquisición y el posterior canje de determinados bonos (art. 765, Cód. Civ. y Com.)[16].

El art. 765 del Cód. Civ. y Com. no es de orden público, y por ello, no habría inconvenientes en que las partes en uso de la autonomía de la voluntad (arts. 958 y 962, Cód. Civ. y Com.) pacten, como establece el art. 766 del mismo ordenamiento, que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente en la especie designada[17].

La sentencia que mandó llevar adelante la ejecución en la divisa pactada por las partes -dólares estadounidenses- debe confirmarse, pues, como el art. 765 del Cód. Civ. y Com. no es de orden público, no habría inconvenientes en que las partes, en uso de su autonomía de la voluntad acuerden que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente en la especie designada -arts. 766, 958 y 962, Cód. Civ. y Com.-, máxime cuando este tampoco ofreció cumplir con las alternativas de pago pactadas para el supuesto de que no pueda adquirirse tal divisa ni depositó lo que consideraba pertinente[18].

Un precedente judicial llamativo

El pasado 19 de octubre, del corriente año, se dictó sentencia en una causa judicial[19] que, si bien no se relaciona directamente con la actividad turística, trae unas llamativas conclusiones de especial interés para el tema aquí abordado.

Antecedente del caso

El 3 de diciembre de 2018 se realizó la mencionada subasta, por una suma de U$S 1.290.000 y la compradora -Coralino SA- abonó en el acto de venta la suma de $ 24.184.125, equivalente a U$S 388.500 (30% del precio) en concepto de seña.  A pedido del martillero, con fecha 24.10.2019, se lo autorizó a recibir la seña del posible comprador tanto en dólares estadounidenses como en pesos, al cambio oficial tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día hábil anterior a la fecha del remate.

En cuanto al remanente, la sociedad compradora solicita al juez, de la causa en la que se instrumentó la subasta, poder depositar el saldo de precio en moneda de curso legal, tal y como prevé el artículo 765 del CCyC. Y el juez, autoriza a abonar la obligación pendiente en pesos, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día inmediato anterior al depósito, ello en virtud de los límites que impone la normativa cambiaria del BCRA para la compra de dólares estadounidenses, lo que motivó la interposición del recurso bajo examen.

Es allí, donde la parte acreedora de la obligación cuestiona la decisión mediante una apelación, alegando que la deuda reclamada quedó consolidada en dólares estadounidenses. En efecto, la base de la subasta fue fijada en esa moneda y la venta se concretó en esas condiciones, y que el comprador se encuentra obligado a depositar el saldo de precio en dólares estadounidenses, cumpliendo de esa forma con las condiciones establecidas en los edictos judiciales. Es más, las condiciones de venta del bien se encontraban claramente establecidas en los edictos publicados a los que la compradora tuvo acceso.

Para enfatizar la posición, se mencionó en la apelación que autorizar al comprador a que deposite pesos al tipo de cambio vendedor que publica el Banco de la Nación Argentina, en lugar de dólares estadounidenses, moneda en que se fijó la base del remate, no es otra cosa que provocar la disminución del precio de venta, perjudicando a su mandante que verá reducido el recupero del crédito al recibir pesos a un tipo de cambio muy inferior a la realidad del mercado.

Incluso, se arguye que la imposibilidad de acceso a la moneda extranjera no es absoluta, toda vez que en el mercado cambiario existen diversos mecanismos que, sin confrontar con las leyes locales, permiten hacerse de dólares estadounidenses y a los que no aplican las restricciones impuestas por la Comunicación A 6815 del BCRA. Mencionó a modo de ejemplo que a través de la compraventa de bonos (dólar “Bolsa” o dólar “MEP”), se pueden adquirir dólares estadounidenses sin limitaciones y mediante un procedimiento sencillo para cualquier ahorrista.

Ahora bien, un dato que no puede ser dejado de lado, es que quien apela esta decisión de permitir que se proceda al pago mediante pesos argentinos, cuando originalmente debía abonarse la deuda en dólares, es el Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726, actual titular del crédito que se reclama, es un ente creado a los fines de recuperar la mayor parte posible de las deudas que le fueron transferidas, debiendo transferir su resultado al estado provincial, de tal suerte, que los ingresos producidos por la gestión de recupero de este ente especializado, benefician directamente a la Provincia de Buenos Aires y a sus contribuyentes.

¿Qué se resuelve?

Considerando la aplicación del artículo 765 y 766 del CCyC entiende que “la moneda extranjera como principio, no es dinero en nuestro país, sino simple cantidad de cosas fungibles, sin embargo, a esa clase de deudas (en moneda extranjera), les resulta aplicable la disposición especial receptada en el CCCN, que admite para el deudor la posibilidad de desobligarse dando el equivalente en moneda de curso legal al tiempo del vencimiento de la obligación, siguiendo el criterio general que rige respecto de cosas fungibles, que permite que puedan ser sustituidas por otras equivalentes, a costa del deudor. Es claro que, tratándose de una deuda de “valor”, el CCCN prevé como expresa solución legal, que la valuación de la moneda extranjera puede efectuarse en moneda de curso legal, en términos pecuniarios actuales. Ello, dado que participa de la peculiaridad de las cosas fungibles, respecto de las cuales, como son cosas eminentemente reemplazables, cabe obtener la reposición de igual cantidad, en moneda de curso legal”.

Y luego destaca que “desde esta perspectiva no puede sino mantenerse la decisión apelada, en punto a la posibilidad de cancelar el saldo del precio en pesos, pero convirtiéndose el monto adeudado en dólares estadounidenses a moneda local, conforme el tipo de cambio oficial al que puede acceder el particular para hacerse de moneda extranjera en el mercado que en el régimen legal actualmente vigente se conoce como “dólar solidario” (art. 35 Ley 27.541)…”

¿Entonces? Pareciera que el Tribunal, en una búsqueda de brindar una solución equidistante a los intereses en conflicto, avala la aplicación del artículo 765 del citado Código, pero añadiendo la previsión de la ley 27.541 por la cual se instrumentó el conocido impuesto PAIS.

Es decir, se pesifica la deuda, pero se añade un 30% a ese valor, con relación a la alícuota fijada por el artículo 39 de la ley 27.541.

Conclusión

En este contexto tan peculiar, en el cual el acceso a las divisas se encuentra limitado, sumado a las diversas y diferentes cotizaciones de estas frente al peso argentino -situación de público conocimiento- la necesidad de un acreedor en recibir el pago en esa divisa y no en pesos cobra una notable importancia.

Frente a esto, y con relación a los casos de cancelaciones de servicios turísticos contratados por los viajeros, cuyos pagos se realizaron en determinada divisa -sea total o parcial- se plantea la interrogante de si el deudor puede cumplir con su deuda pesificando la misma.

De acuerdo con la muy variada, y reconocida, doctrina antes citada, se avala la aplicación supletoria y no imperativa de las precisiones legales reconocidas en el citado artículo 765 del CCyC. Lo que se traduce en que su aplicación no puede ser impuesta a la fuerza, ni en contra de la voluntad de las partes en un contrato.

Aspecto que, además, ha sido sostenido y mantenido por una significativa jurisprudencia, al resolver casos diferentes a los turísticos, pero con relación a deudas pactadas o valoradas en divisas.

Ahora bien, en algunos casos, prestadores de servicios turísticos han recibido pagos, por parte de los turistas, en divisas y ante el pedido de devolución surge la siguiente pregunta ¿deberían devolver en la misma moneda?

Para responder esta interrogante, es importante aclarar que, en esta situación, el deudor de la obligación de devolver no es otro que el prestador turístico. El mismo que antes -al momento de contratar- se constituía como acreedor en la obligación. Esta inversión en la posición se debe a la situación fáctica que motiva la cancelación del servicio y por la cual el viajero requiere la debida y pertinente devolución de lo abonado.

Otro aspecto para tener en cuenta es si el deudor puede o no hacerse de las divisas para cumplir con su obligación, la de devolver. En este punto, es sabido que el acceso a la misma no está del todo restringido, y el acceso al conocido “Dólar MEP”, mediante intervención en el mercado financiero, es de libre acceso, a una cotización superior a la oficial, pero inferior a la correspondiente del denominado “Dólar Blue”.

Finalmente, hay que recordar el presente, en términos económicos y financieros, que vive el sector turístico, por lo menos desde la vigencia de la Pandemia, allá por el 12 de marzo del presente año y cuyas consecuencias sigue afectando a la actividad.

Y es aquí donde corresponder ponderar todos los aspectos. Los que se podría resumir en la situación difícil que afronta el sector turístico y la verosímil dificultad económica para realizar las debidas y correspondientes devoluciones en favor de aquellos viajeros que lo requieran y no hayan reprogramados sus servicios.

Asimismo, hay que resaltar que dichas dificultades de la pandemia afectan a viajero y las necesidades económicas son igualmente evidenciadles.

Ante este escenario tan especial, considero que la solución planteada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en la causa del Fideicomiso de recuperación crediticia, podría ser un punto interesante para conciliar las diferencias que puedan suceden entre el prestador que debe realizar una devolución en alguna divisa y el viajero que, oportunamente, utiliza determinadas sumas de moneda extranjera para abonar los servicios turísticos en cuestión.

Es decir, permitir a los prestadores poder pesificar la deuda, pero añadiendo el 30% del valor de la deuda, de manera tal que la diferencia no resulte tan gravitante para el acreedor -el viajero- ya que sería una suma superior a la vigente en la cotización oficial ni tampoco para el deudor -prestador turístico- ya que resultaría un valor inferior al que se estima de la divisa en el “mercado paralelo o ilegal”. Todo ello, siempre, a la luz de la presente situación que todos afrontamos con sus claras y obvias dificultades.

Sería oportuno que el poder judicial, frente a los eventuales reclamos, en este tenor, que lleguen a la instancia judicial considere las particularidades de la actual pandemia y concilie los intereses, enfrentados a priori, de una manera salomónica[20].

Veremos.

[2]  Fuente: INFOBAE. “Pagamos el viaje de egresados en dólares, tuvimos que cancelar por la pandemia y ahora la empresa nos ofrece devolver en pesos” Enlace a la noticia: https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/30/pagamos-el-viaje-de-egresados-en-dolares-tuvimos-que-cancelar-por-la-pandemia-y-ahora-la-empresa-nos-ofrece-devolver-en-pesos/

[3]  Julio César Rivera y Graciela Medina. Código Civil y Comercial de la Nación comentado. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2014. ISBN 978-987-03-2765-3.

[4]  Alterini, Jorge Horacio. Código civil y comercial: tratado exegético, 3ra. ed., tomo IV. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2019. Libro digital. ISBN 978-987-03-3800-0.

[5]  Bomchil, Máximo, “Las normas sobre obligaciones en moneda extranjera en el Código Civil y Comercial son supletorias y no imperativas”, LA LEY, 2015-D, 1211; Azar, Aldo M., “Obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera. interpretación del régimen conforme a las pautas del código civil y comercial”, en RCCyC, 2015 (julio), pp. 135 y ss.; Ossola, Federico A., Derecho civil y comercial. Obligaciones, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2016, p. 347; Calvo Costa, Carlos A., Derecho de las obligaciones, 3ª ed., Hammurabi, 2017, p. 286; Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G., Tratado de las obligaciones, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, Tº I, p. 481, núm. 551.b; Compagnucci de Caso, Rubén H., Derecho de las obligaciones, La Ley, Buenos Aires, 2018, pp. 342-343, § 182.

[6]  Marino, Abel E., “Obligaciones en moneda extranjera”, LA LEY, 2015-E, 801.

[7]  LA LEY, del 14/9/2015 y del 6/10/2015, pp. 5 y ss., fallo 118.808, con nota aprobatoria de Gagliardo, Mariano, “Obligaciones en moneda extranjera. La justicia de un pronunciamiento”, especialmente p. 6, núms. 9 y 10.

[8]  Gagliardo, Mariano, Tratado de obligaciones según el Código Civil y Comercial, Zavalía Editor, Buenos Aires, 2015, Tº 1, p. 253.

[9] op. cit.

[10]  Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil. Obligaciones, 7ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, Tº I, p. 387, n. 464; Márquez, José F., “Las obligaciones de dar sumas de dinero en el Código Civil y Comercial”, LA LEY, 2015-B, 606.

[11]  Carlos A. Calvo Costa. Código Civil y Comercial comentado y anotado con jurisprudencia. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2018. Libro digital, Otros. ISBN 978-987-03-3671-6.

[12]  CNCom., sala F, 17/5/2016, “Unipox S.A. c. Plastilit S.A. s/ordinario”, LL del 1/7/2016, p. 7, LL 2016-D-181, RCCyC 2016 [julio], p. 159, RCyS 2016-IX-113, DJ del 21/9/2016, p. 64

[13]  CCiv. y Com. Común, Concepción, 16/12/2015, “Carrazana Hermanos o Sociedad de Hecho Carrazana, Antonio y Ángel s/concurso preventivo s/incidente de verificación tardía promovido por Banco de la Nación Argentina”, LL Online.

[14]  C1ªCiv. y Com., Bahía Blanca, sala I, 3/12/2015, “Carpo, Elena Nora c. Peralta, Ceferino Víctor Alberto s/cumplimiento de contrato”, DJ del 15/6/2016, p. 73, ED 266-597

[15]  CNCiv., sala H, 3/12/2015, “Desarrolladora Terravista S.A. c. Verna, Emiliano Sandro s/daños y perjuicios”, LL del 6/4/2016, p. 11, LL 2016-B-428, RCyS 2016-VI-65

[16]  CNCiv., sala F, 25/8/2015, “F., M. R. c. A., C. A. y otros s/consignación”, LL del 14/9/2015, p. 8, LL 2015-E-174, ED 264-198, LL del 6/10/2015, p. 5, con nota de Mariano Gagliardo.

[17]  C5ªCiv. y Com., Córdoba, 24/6/2016, “Odri, María Rosa c. Coco Cantor S.A. s/ordinarios – cobro de pesos – recurso de apelación”, LL Online

[18]  CNCiv., sala F, 14/10/2015, “A., J. A. y otro. c. P. M. S.A. s/ejecución hipotecaria”

[19]  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autos: Fideicomiso de recuperación crediticia c/ Yoma Emir Fuad y otro s/ Ejecutivo.

[20]  Expresión popular y conocida que alude a una manera de resolver diferencias de una manera sabia y justa, entre las posturas enfrentadas.


La Resolución 498/2020 y sus novedades en Turismo Estudiantil

3 de noviembre de 2020

Comentarios a la Resolución 498/2020

En el día de hoy se publicó la Resolución 498/2020 del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación brindado soluciones a los padres de los estudiantes que debían realizar su tradicional viaje de egresados en este año y con motivo de la pandemia, se debieron cancelar.

Es importante recordar que en la Argentina, los viajes de egresados sólo pueden ser ofrecidos por Agencias de Viajes con “Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil” expedido por el mencionado Ministerio.

Bien, dicha resolución propone las soluciones de reprogramación o de devolución de lo abonado, llegado el caso. Veamos los artículos más representativos.

Establécese que las agencias de viajes inscriptas en el Registro de Agentes de Viajes del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, que cuenten con el “Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil”, ofrecerán a los turistas usuarios alcanzados la reprogramación de los servicios turísticos cuya realización o prestación se haya visto impedida con motivo de las restricciones ambulatorias dictadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19.

Artículo 1º de la Resolución 498/2020

La reprogramación de los viajes mencionados en el artículo anterior deberá efectuarse en un plazo de DOCE (12) meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación dispuestas como consecuencia de la pandemia por el coronavirus COVID-19. Con miras a hacer efectiva la reprogramación, las agencias de viajes informarán fehacientemente a los suscriptores de los contratos de prestación de servicios turísticos celebrados en el marco de la Ley N° 25.599, sus modificatorias y complementarias, al menos DOS (2) fechas e itinerarios alternativos para la realización de los viajes, en un plazo máximo de SESENTA (60) días corridos desde el levantamiento de las medidas restrictivas de circulación.

Artículo 2º de la Resolución 498/2020

Las reprogramaciones de los servicios contratados respetarán la estacionalidad, calidad y valores convenidos, manteniendo su vigencia las cláusulas pactadas en los contratos originales.

Artículo 3º de la Resolución 498/2020

En este punto, considero muy prudente su solución, en la medida que los viajeros (representados por sus padres, al ser menores de edad en su casi totalidad) consideren que persiste el interés en realizar el viaje. Y ello, respetando las particularidades acordadas en el contrato en su oportunidad (estacionalidad, calidad, precios).

Pero ¿están obligados a reprogramar? Sucede que el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 956 aborda esta situación al regular “la imposibilidad de cumplimiento” considerando que puedan suceder cuestiones externas a las personas que contrataron y que impliquen una imposibilidad de cumplir con el contrato y cuya causa sea transitoria, dejando a decisión de quienes contrataron decidir si conviene terminar el contrato y proceder a las correspondientes devoluciones o continuar con lo previsto en el contrato pero más adelante (lo que se llama: reprogramación).

En palabras más simples, los viajeros no están obligados a continuar con lo previsto, pero su decisión no podría ser caprichosa sino que debe obedecer a un motivo justificado, en honor al deber de buena fe que tienen todos los que contratan.

Los turistas usuarios podrán: a) elegir alguna de las opciones informadas por las agencias de viajes dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos de recibida la notificación indicada en el artículo 2º de la presente medida, a razón de UNA (1) única alternativa por contingente, o b) solicitar el reintegro de lo abonado por los servicios contratados. Las agencias de viajes podrán retener hasta un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del precio de los viajes oportunamente abonados, y la devolución de lo pagado se hará hasta en DOS (2) cuotas mensuales y consecutivas, a hacerse efectiva la primera de ellas a los TREINTA (30) días corridos de notificada la solicitud de reintegro por el usuario.

Artículo 4º de la Resolución 498/2020

Bien, aquí es donde se pone interesante (por decirlo de alguna manera). Es que, de acuerdo a la resolución mencionada, los padres de los viajeros egresados deben optar por alguna de las dos alternativas que se expresan. La reprogramación o la devolución.

Reprogramación

Desde una lectura integral de la resolución 498/2020 se entiende que la reprogramación que elegirán los padres es en los mismos términos que se mencionan en los artículos 1º, 2º y 3º (antes citados). Pero obliga a los padres a unificar el criterio de decisión de acuerdo al contingente y expresar su decisión, limitada a un acepto o no, en el plazo de 30 días desde que fueron notificados adecuadamente.

Devolución

En el caso de que hayan padres (casos aislados o todo un contingente) que no consideren que sea de interés continuar con el viaje contratado, pueden optar por la devolución de lo abonado.

Hasta aquí, todo muy bien. El problema sucede con las siguientes condiciones. Es que permite a las agencias de viajes realizar una retención de hasta un 25% del precio del viaje abonado y efectivizarlo en uno o dos cuotas mensuales, como mucho. El asunto de las cuotas, sin ánimo de ofender, no me parece grave para los viajeros, pero la posibilidad de hacer una retención es la condición que sí merece analizar.

¿Puede una resolución (norma de inferior jerarquía legal) modificar la propuesta legal de una ley (norma de jerarquía superior) como lo son el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240)?

La respuesta no puede ser otra que un rotundo no. Más si consideramos los artículos 955, 956 y 1732 del CCyC y los artículos 1 y 3 de la ley 24.240. Veamos.

La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados.

Artículo 955 Código Civil y Comercial de la Nación

La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial, o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible.

Artículo 956 Código Civil y Comercial de la Nación

El deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento, y no es responsable, si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado. La existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos.

Artículo 1732 Código Civil y Comercial de la Nación

La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Artículo 1º de la ley 24.240

Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.

Artículo 3º de la ley 24.240

Es que, de acuerdo a las leyes mencionadas en el párrafo anterior, la devolución ante conclusiones de los contratos por situaciones como la actual pandemia debe suceder en el contexto de “sin responsabilidades” para ambas partes (tanto agencia como viajero) y ello no puede entender de otra manera que se realicen las devoluciones sin compensaciones algunas a favor del viajero y sin penalidades cargos o retenciones por parte del agente de viajes. Es decir, devolver íntegramente lo pagado, a menos que las mismas partes acuerden otra cosa en el contexto de la libertad que las personas tenemos en pactar soluciones contractuales sin afectar normas jurídicas de importancia. Por ejemplo: aceptar una devolución parcial con quitas, renegociar un contrato a futuro o reprogramar el mismo servicio para más adelante, como se mencionaba antes.

No olvidemos que los viajeros son, en todos los aspectos, un consumidor y la parte débil del contrato. Por lo que merecen, desde lo legal como lo institucional, una consideración particular al momento de discernir protecciones y regulaciones que los afecten.

Y ello debe ser ponderado con la salvedad de que dicha protección se superpone a cualquier norma que pretenda regular los derechos del consumidor, tal y como se expresa en el artículo 3º de la ley 24.240.

De allí que puedo opinar que no corresponde una retención de hasta un 25% de lo abonado en el caso de que los padres de los viajeros opten por la vía de la devolución.

Comentarios finales

Cuando leí esta Resolución tuve la misma impresión al leer la ley 27.563 (artículos 27 y 28) y la puedo resumir en la siguiente frase “es una norma que tiene buenas intenciones pero fracasa en su arquitectura jurídica al centrar su atención en un parte del contrato y olvidar el plexo normativo que atiende a la situación. Me refiero al bloque de legalidad de protección al consumidor.

No hace falta ningún esfuerzo para considerar los daños que la pandemia ocasionó al sector turístico, pero el viajero (consumidor) es uno más de los que sufre las consecuencias y con la particularidad de que resulta ser la parte débil en el vínculo jurídico con el prestador de servicios turísticos (proveedor).

Dicha desconsideración legal de los preceptos protectores del consumidor condenará al fracaso judicial de quienes se amparen bajo el ala de la ley 27.563 y la presente Resolución 498/2020, dado que dichas normas ofrecen soluciones similares en algunos casos y desventajosas en otros para el viajero.

Sobre los temas "Imposibilidad de cumplimiento" y "ley 27.56" pueden ampliar su lectura en artículos que publiqué aquí mismo (bajando con el cursor) en títulos como:
"Se publicó la ley 27.563 con importantes planteos para los viajeros"
"Ley de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional y su regulación de los derechos de los consumidores ante reprogramaciones y cancelaciones ocurridas como consecuencia de la pandemia por coronavirus COVID-19"
"La imposibilidad de cumplimiento en los contratos de servicios turísticos"

En fin, veremos qué sucede en los próximos años en instancias judiciales.


Argentina está adherida al sello “safe travels”

26 de octubre de 2020

El pasado 14 de octubre de 2020 se anunció a través de la revista LaDevi (La agencia de viajes de Argentina), que la Argentina obtuvo el Safe Travels Stamp de la WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo o World Travel and Tourism Council por sus siglas en inglés). 

Pero ¿qué sabemos de este sello? El Safe Travels Stamp se basa en un certificado que garantiza al mundo la adopción por parte de un país de protocolos de higiene y seguridad en los distintos prestadores turísticos que hacen a la oferta turística de un destino, en este caso Argentina. El mismo surgió como respuesta a la actual situación pandémica mundial, por la cual el turismo fue una de las actividades más golpeadas.

Para que un destino obtenga el Safe Travels Stamp debe asegurar que sus protocolos de higiene y seguridad se alineen con los requerimientos estipulados por la WTTC. La misma  incluye protocolos para la hospitalidad, aeropuertos y aerolíneas, tour operadores, centros de convención, las diferentes atracciones turísticas, renta de autos, tiendas al aire libre y establecimientos minoristas. 

¿Querés conocer más sobre estos protocolos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)? Te dejo el enlace para que los puedas consultar.

Sin dudas, el Turismo es una de las principales actividades económicas del país (en el año 2018 generó un aporte al PBI del 10,3%). En ese sentido, tras esta aprobación, Argentina contaría con grandes posibilidades de ser una industria líder de la región sudamericana. De hecho, según indica el INPROTUR (organismo nacional de promoción turística en el ámbito internacional) nuestro país es el único, en la región, que obtuvo tal certificado.

Además, la certificación contribuirá a la recuperación de la confianza de los viajeros internacionales, lo que se traducirá en un aumento en el flujo del turismo receptivo, una vez que se reabran las puertas de los destinos turísticos. En consecuencia, la actividad turística será una de las columnas para la reactivación de la economía Argentina. 

Aquellas actores del sector (autoridad provincial, municipal o empresa privada) que quiera adherirse debe completar la solicitud en este enlace.

Cabe destacar que recibir este reconocimiento conlleva una responsabilidad enorme, requiere una demanda y promoción permanente por parte del gobierno pero así también para los turistas tanto residentes como extranjeros de seguir los protocolos establecidos por las autoridades pertinentes. La entidad otorgante se reserva el derecho de retirar este sello ante el incumplimiento de los protocolos globales de higiene y sanitización.

Este artículo se desarrollo con la colaboración de Martin Irigoyen y Bruno Manillo, a quienes se agradece su predisposición.


El Programa Pre Viaje

16 de octubre de 2020

Fuente: http://www.previaje.gob.ar

Introducción

Es muy probable que en estos días hayas leído, o escuchado hablar, del programa “pre viaje” o “preventa turística”. Mediante este programa se impulsa el turismo nacional, a partir del beneficio de poder acceder a un crédito del 50% del total de los gastos que se realicen por quienes adquieran servicios turísticos desde el pasado 21 de septiembre al 31 de diciembre de este año, inclusive. Dicho crédito es para utilizarse en la contratación de otros servicios turísticos.

“La promoción abarca los alojamientos, agencias de viajes, transporte, excursiones, centros turísticos, alquiler de automóviles y equipamiento, atractivos turísticos, gastronomía, entretenimiento y ocio, productos regionales, ferias y convenciones y otros servicios turísticos.”

Mensajero www.mensajero.com.ar

Aunque hay que tener presente que, quienes quieran aprovechar este programa para viajar en los meses de enero y febrero de 2021, tienen tiempo hasta octubre de 2020. Pues, a partir de noviembre se permitirá utilizarlo para viajes a realizar a partir del mes de marzo de 2021 en adelante (hasta diciembre, claro).

“Debemos destacar este punto porque en el peor momento de la actividad se desarrolla una herramienta que puede potenciar y reposicionar a la actividad turística después de esta pausa obligada por la pandemia”, sostuvo Aldo Elías, presidente de CAT, aunque recalcó: “El Gobierno debe garantizar el libre movimiento por el país o el programa no va a funcionar. Sin conectividad y circulación no hay turismo.”

La Agencia de Viajes www.argentina.ladevi.info

En definitiva, a partir de estas novedades, sumadas a las muchas consultas que me llegaron (principalmente a mis cuentas en Instagram y Twitter) me propuse acercar un poco más de info a ustedes y para ello acudí a consultar con un agente de viajes, para los que estén pensando en acudir al programa de pre viaje con un agente de viajes. Les dejo las consultas.

¿En qué consiste el programa Pre Viaje?

Es un programa que propone un beneficio a partir de los gastos por compras de servicios turísticos realizadas de manera anticipada -en este año- para viajar en el 2021. Por cada compra se obtiene el 50% de los que hayas gastado a modo de crédito para realizar más compras en el sector turístico desde la fecha de tu viaje hasta el 31 de diciembre de 2021. Dicho beneficio -aprobado- se acreditará en la Billetera Electrónica BNA+ y podrás optar por recibir una Tarjeta Precargada expedida por el Banco de la Nación Argentina.

Atención, el beneficio impacta en las compras realizadas con los prestadores inscriptos en el programa. Ante la duda, pueden consultar aquí el listado de los prestadores. Pero básicamente, para ir resumiendo, impacta en servicios como:

Agencia de viajes.

Alojamientos turísticos.

Transportes.

Servicio de excursiones.

Alquiler de vehículos.

Alquiler de equipamiento.

Centros turísticos.

Etcétera.

Respecto al límite del beneficio, es interesante destacar que dicho beneficio se activa cuando se cumplen ciertas condiciones. A saber:

Se debe alcanzar el monto mínimo de $10.000.

El monto mínimo por cada comprobante es de $1.000.

El beneficio tiene un mínimo de $5.000 (el 50% del mínimo en gasto para activar el beneficio) y un tope de $100.000 por cada persona que cargue sus comprobantes (deben estar a su nombre). 

La persona debe ser mayor de edad. Si se trata de un grupo familiar, se puede discriminar los gastos por cada miembro, pero los comprobantes deben estar a nombre del adulto en cuestión.

Para acceder, al realizar las compras, es necesario registrarte en MiArgentina y cargas la información de tu viaje y los comprobantes. Si no estás registrado, podes hacerlo en este enlace.

Por otro lado, en cuanto al tiempo. Si tenes pensado viajar en el mes de enero o de febrero de 2021, debés tener en cuenta que serán válidos los comprobantes emitidos desde el pasado 21 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2020.

Todos los gastos que realices entre el 1º de noviembre al 31 de diciembre de este año, sólo lo podrás aplicar -en los términos del beneficio de este programa- para servicios turísticos contemplados en el programa y que se realicen a partir del 1º de marzo de 2021 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Aunque, si realizaste consumos entre el 21 de septiembre y el 31 de octubre, también podes aplicarlos a los servicios turísticos que se realicen a partir de marzo de 2021, como se indica en el párrafo anterior.

La carga de los mismos deberá ser realizada en un plazo de hasta 30 días corridos contando desde la fecha de emisión del comprobante.

Para facilitar más la comprensión de este programa, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación acerca un listado de preguntas frecuentes. No duden en consultarlas. Es más, en caso de necesitar el contacto con alguien, sobre este programa, pueden hacerlo a:

Contacto para consultas sobre Previaje (Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 20 hs.) al 0810-555-6100

Contacto para consultas sobre Billetera Electrónica BNA+ (Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 20 hs.) al 0810-444-7827.

Conversando del Programa Pre Viaje con “Irigoyen Travel

¿Están registrados en el programa?

Sí, desde ya.

Si el viajero compra a través de la agencia ¿hay límites mínimos y máximos en cuanto al monto de compra?

Sí, pre comprando los servicios a través de una Agencia de Viajes El monto mínimo del comprobante es de $10.000 y el máximo de $200.000 (Monto mínimo del beneficio $5.000, monto máximo $100.000). Para ir ahorrando tiempo, aconsejo corroborar de tener una cuenta activa en Mi Argentina (mi.argentina.gob.ar) y en la Billetera Virtual del Banco Nación (Descargar Aplicación BNA+). Si no tienen cuenta, consultar los sitios web que mencionaba.

Se habla de la Billetera Virtual del Banco Nación ¿Qué saben de esta billetera?

La Billetera del BNA entro en vigencia a mediados del 2020, recomiendo pedir la tarjeta prepaga del programa así lo podrás utilizar en todos los comercios habilitados por el programa que acepten MasterCard, esta tarjeta se solicita por la página de pre viaje una vez que tengas aprobado el beneficio.

En la suposición de que el viajero planifique realizar varios viajes por el país en el 2021 ¿puede obtener un beneficio por cada viaje?

Sí, claro. Obtendrás un beneficio por cada viaje, eso si tendrás que cargar una solicitud por cada viaje que hagas y teniendo en cuenta que el beneficio se activa con un gasto mínimo de $10.000.

¿Qué datos debe tener la Factura de la Agencia para que el viajero pueda solicitar el beneficio?

Debe ser una Factura electrónica de tipo B o C. La Factura debe estar a nombre del pasajero principal y debe constar el numero de CUIT o CUIL. Además, todos los servicios contratados deben estar desglosados en la factura como así también los nombres de los pasajeros. El monto de la factura no podrá superar los $200.000, en caso de superar, se deberá emitir una factura por los $200.000 y otra factura a nombre de otro pasajero del viaje por el monto faltante.

¿Algún consejo para los viajeros?

Sí. Antes de comprar, que confirmen que el paquete o los servicios que estés comprando sean de prestadores que están inscriptos en el programa “pre viaje” y que las condiciones sea flexibles. En el caso de que no se pueda cancelar el servicio, si puedan modificarlo. 

Gracias Irigoyen Travel por el tiempo dispuesto y la colaboración.


Europa: restricciones en viajes

15 de octubre de 2020

Fuente: Centro Europeo para el Control de Enfermedades

De acuerdo a lo comunicado por el Centro Europeo para el Control de Enfermedades, gran parte de Europa vuelve a colarse en rojo.

En verde vemos a: Finlandia, Grecia y Noruega.

En naranja están: Chipre, Estonia, Italia, Letonia y Lituania 

En rojo se encuentran: el resto de los países de la región (un total de 16 países) de los cuáles se destacan: España, Francia y el Reino Unido.

Hay otros países que no aparecen con una referencia de color dado que faltan datos en relación a test. Entre ellos están: Alemania, Austria, Dinamarca, Islandia y Suecia.

Es muy probable que los turistas que visiten países marcados con los colores naranja, rojo o gris, deban tener que cumplir una cuarentena y/o solventar un test. Pero ello depende mucho de las mismas restricciones que cada país informe. Habrá que consultar específicamente con el consulado del país en cuestión

Ello puede estar acompañado con la obligación de informar, previamente, el viaje al país cuando se provenga de un país de riesgo, ademas de la necesidad de completar un formulario único europeo que los viajeros deberán completar para su viaje.


Botón de arrepentimiento

5 de octubre de 2020

Introducción

En el día de hoy, se publicó en el Boletín Oficial, la Resolución 424/2020 mediante la cual se prevén una serie de medidas para proteger al consumidor de bienes o servicios y ello incluye, indefectiblemente, a los servicios turísticos contratados por clientes finales (viajeros) para así mismos como para su círculo familiar o social.

No nos olvidemos que los ofrecimientos de bienes o servicios configura lo que las normas determinan como “relación de consumo” (recomiendo consultar el artículo 1092 del CCyC y el artículo 3º de la ley 24.240)

Ahora ¿qué cambios trae la referida resolución? Bueno, a partir del día de hoy (cuando entra en vigencia la resolución comentada) se inicia un plazo de 60 días para que todas las empresas y unidades de negocio que comercialicen un producto u ofrezcan un servicio en el país vean de implementar en su sitio un “botón de arrepentimiento”, el cual debe ser de fácil acceso y fijado en la página de inicio del proveedor.

A partir de ello, el objeto de la norma analizada es facilitar la interacción del consumidor con quien ofrezca un producto o servicio para obtener el “arrepentimiento” de la compra que acaba de realizar a través de su sitio web. Para ello crea una obligación más en cabeza del proveedor, tendiente a informar la recepción del pedido del consumidor sobre su arrepentimiento y proveerle información administrativa que sirva de evidencia y trazabilidad del pedido. Por ejemplo, un número identificatorio del pedido de arrepentimiento.

Entonces ¿se trata de un derecho nuevo para el consumidor? No, pues el derecho de “arrepentirse” como alude la norma analizada, ya se encontraba regulado en las normas que menciono en el siguiente punto. Pero sí plantea un escenario más protectorio para el consumidor de momento que facilitará la gestión de su pedido.

En cuanto a su necesidad de que se visualice fácilmente dicho botón, se corresponde con la tradicional exigencia de que se informe el derecho de “arrepentirse” de manera destacada, con un tamaño de letra un tanto superior y en negrita. Ante ello, resulta razonable que el mentado “botón de arrepentimiento” se ubique en el sitio web con una clara y evidente notoriedad para una rápida visualización por el consumidor.

Marco legal del “Arrepentimiento”

El derecho de revocatoria, que la norma identifica con la mención de “arrepentimiento” tiene una dispersa regulación legal. Ello se observa en el Código Civil y Comercial de la Nación; en la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240) y la Resolución 906/1998.

Código Civil y Comercial de la Nación

ARTICULO 1110.- Revocación. En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los diez días computados a partir de la celebración del contrato.

Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce.

Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente.

Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante este período que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación se tienen por no escritos.

ARTICULO 1111.- Deber de informar el derecho a la revocación. El proveedor debe informar al consumidor sobre la facultad de revocación mediante su inclusión en caracteres destacados en todo documento que presenta al consumidor en la etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato concluido, ubicada como disposición inmediatamente anterior a la firma del consumidor o usuario. El derecho de revocación no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho.

ARTICULO 1112.- Forma y plazo para notificar la revocación. La revocación debe ser notificada al proveedor por escrito o medios electrónicos o similares, o mediante la devolución de la cosa dentro del plazo de diez días computados conforme a lo previsto en el artículo 1110.

ARTICULO 1113.- Efectos del ejercicio del derecho de revocación. Si el derecho de revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor, las partes quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas y deben restituirse recíproca y simultáneamente las prestaciones que han cumplido.

ARTICULO 1114.- Imposibilidad de devolución. La imposibilidad de devolver la prestación objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho a revocar. Si la imposibilidad le es imputable, debe pagar al proveedor el valor de mercado que la prestación tiene al momento del ejercicio del derecho a revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio de adquisición, en cuyo caso la obligación queda limitada a este último.

ARTICULO 1115.- Gastos. El ejercicio del derecho de revocación no debe implicar gasto alguno para el consumidor. En particular, el consumidor no tiene que reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su propia naturaleza, y tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles que realizó en ella.

ARTICULO 1116.- Excepciones al derecho de revocar. Excepto pacto en contrario, el derecho de revocar no es aplicable a los siguientes contratos:

los referidos a productos confeccionados conforme a las especificaciones suministradas por el consumidor o claramente personalizados o que, por su naturaleza, no pueden ser devueltos o puedan deteriorarse con rapidez;

los de suministro de grabaciones sonoras o de video, de discos y de programas informáticos que han sido decodificados por el consumidor, así como de ficheros informáticos, suministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente;

los de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas.

Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240)

ARTÍCULO 34.- Revocación de aceptación. En los casos previstos en los artículos 32 y 33 de la presente ley, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada.

El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo documento que con motivo de venta le sea presentado al consumidor.

Tal información debe ser incluida en forma clara y notoria.

El consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor y los gastos de devolución son por cuenta de este último.

Se aclara que los artículos 32 y 33 de la ley 24.240 regulan la venta domiciliaria y la venta por correspondencia, respectivamente. En alusión, de acuerdo a la época de sanción, a las ventas realizadas fuera del establecimiento o del contacto directo con el vendedor. Hoy, todo ello mutó hacia los sitios web, redes sociales, Apps y venta telefónica.

Resolución 906/1998

ARTÍCULO 4°.- Cuando deba incluirse la información del artículo 34 de la Ley N° 24.240, se expresará con el siguiente texto: “El consumidor tiene derecho a revocar la presente operación comercial (por adquisición de cosas y/o prestación de servicios) durante el plazo de CINCO (5) días corridos, contados a partir de la fecha en que se entregue la cosa o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. El consumidor comunicará fehacientemente dicha revocación al proveedor y pondrá la cosa a su disposición. Los gastos de devolución son por cuenta del proveedor. Para ejercer el derecho de revocación el consumidor deberá poner la cosa a disposición del vendedor sin haberla usado y manteniéndola en el mismo estado en que la recibió, debiendo restituir el proveedor al consumidor los importes recibidos”. La fórmula preestablecida deberá ser consignada en negrita y caracteres tipográficos equivalentes, como mínimo, al doble del tamaño de los utilizados en el cuerpo o texto general del documento.

Se aclara que el plazo es de 10 días y no de 5 como dice el referido artículo 4º. Ello así, debido a lo que se denomina en derecho: “modificación tácita” dado que dicha Resolución data del año 1998 y el artículo 34 de la ley 24.240 (que expresa el plazo de 10 días) ha sido modificado en el año 2008 a través de la ley 26.361.

Resolución 424/2020 de la Secretaría de Comercio Interior

ARTÍCULO 1°.- Establécese que los proveedores que comercialicen bienes y servicios a través de páginas o aplicaciones web deberán tener publicado el link denominado “BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO”, mediante el cual el consumidor podrá solicitar la revocación de la aceptación del producto comprado o del servicio contratado, en los términos de los Artículos 34 de la Ley N° 24.240 y 1.110 del Código Civil y Comercial de la Nación.

A partir de la solicitud de revocación de la aceptación, el proveedor dentro de las VEINTICUATRO (24) horas y por el mismo medio, deberá informar al consumidor el número de código de identificación de arrepentimiento o revocación.

Las pautas establecidas en el presente artículo no obstan a las previsiones estipuladas en la Ley Nº 24.240 y en el Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 2°.- El “BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO”, deberá ser un link de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de Internet institucional de los sujetos obligados y ocupar un lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, no dejando lugar a dudas respecto del trámite seleccionado.

Asimismo, al momento de hacer uso del Botón, el proveedor no podrá requerir al consumidor registración previa ni ningún otro trámite.

ARTÍCULO 3º.- Establécese un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial para que los proveedores adecúen sus sitios de Internet de acuerdo a los términos establecidos en la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución será sancionado conforme las previsiones de la Ley Nº 24.240.

ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Conclusión

La Resolución 424/2020 demandará una especial atención, por los proveedores, del ya tradicional derecho de revocatoria que el mismo consumidor poseía, atento al marco legal que antes mencionaba. 

Para ello cuentan con un plazo de 60 días corridos para adecuar sus sitios web para fijar el tan mencionado “botón de arrepentimiento”. Es decir, para el 5 de diciembre, todos los proveedores deberán tener materializado dicho botón.

Claro, tal determinación configura que aplican a los proveedores nacionales o internacionales, pero que tengan presencia en el país (sea a través de una representante, una sucursal, una oficina de representación, etc.).

Entonces, por ejemplo: si una agencia de viajes de España, como sucede con “eDreams” ofrece sus servicios no tendría que cumplir con el botón de arrepentimiento a menos que lo comercialice desde un “.com.ar” En efecto, resulta curioso el caso que comento cuando hay un sitio como menciono (https://www.edreams.com.ar/) Será cuestión de consultar al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación al respecto, dado que es la autoridad de control de las agencias de viajes en el país (consultar la ley 18.829, su decreto reglamentario bajo el número 2182/1972, y demás normas complementarias).

En lo personal, no dudo que los agentes de viajes darán un pleno respecto a la norma citada, pero habrá que ver el comportamiento del sector aerocomercial, el cual suele interpretar mal la regulación del artículo 63 de la ley 24.240, creyendo que es una cláusula de excepción, pero en realidad es una determinación de supletoriedad para la ley de defensa del consumidor.

Para ser claro, las cuestiones que sucedan en el marco de un contrato de transporte aéreo se debe resolver con las previsiones legales de las normas de derecho aeronáutico (ley 17.285 para los vuelos de cabotaje y el Convenio de Montreal de 1999, mayormente, para los vuelos internacionales) y la ley 24.240 para los casos no contemplados por las leyes aeronáuticas. Casualmente, uno de esos temas que dan entrada al derecho de consumo es el aquí mencionado: el del arrepentimiento.

Será cuestión de ver como ese adecuan a ello y como consideran tal derecho con sus condiciones contractuales para los agentes de viajes cuando realizan reservas a través de sistemas de reservas (Amadeus, Sabre, etc.).

¡Veremos!


Se publicó la ley 27.563 con importantes planteos para los viajeros

21 de septiembre de 2020

Finalmente, luego de tantas idas y venidas, se publicó la ley de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional, bajo el número 27.563.

Días atrás, pudiendo acceder al contenido de la norma publicada hoy, hice unos comentarios sobre la situación que regula dicha norma para los viajeros que contrataron sus servicios de manera directa (artículo 27) y aquellos que lo hicieron a través de una agencia de viajes (artículo 28). Los invito a leer mis comentarios al respecto, lo pueden ver el siguiente título (abajo).

Entonces ¿qué sucede ahora? Más allá de mis comentarios sobre esos artículos en particular, lo cierto es que a partir de ahora el esquema de respuestas para los viajeros tendría que ir aumentando, ofreciendo:

Reprogramación.

Emisión de un voucher, para canjearlo más adelante por el mismo u otros servicios del prestador.

Devolución del dinero.

En muchos casos, estimo que tales respuestas conformarán al viajero y al prestador. Pero en aquellos casos de que la propuesta no conforme a una de las partes (muy probablemente, en ese caso, la parte no conforme sea el viajero) se deberá acudir a los mecanismos de solución de conflicto (mediación, audiencias en Defensa del Consumidor, etc.) y de continuar el conflicto no quedará más remedio que iniciar acciones legales, con el asesoramiento de un abogado matriculado en la jurisdicción en que se lleve a cabo el juicio.

Es allí (etapa de juicios) donde creo que se van a suceder muchos planteos respecto a la ley, más que nada su posición frente al viajero, a quien lo trata de consumidor (bien) pero pareciera que se olvida de ello cuando prevé soluciones. Y sin olvidar el aspecto de su retroactividad (cuando la ley se aplica desde tiempo atrás, y no desde el momento en que se sanciona como sucede ordinariamente).

En fin, con la esperanza de que los viajeros puedan encontrar las respuestas que se les ofrecieron desde que comenzó la odisea de la actual pandemia, o que se mejoren tales respuestas de acuerdo a las opciones que proponen los artículos 27 y 28 de la ley de referencia.

En esta oportunidad les vuelvo a compartir los artículos que indico

Artículo 27.- Contratación Directa. Los establecimientos hoteleros de alojamiento temporario y empresas de transporte -en cualquiera de sus modalidades- que se hayan visto afectados o impedidos de prestar los servicios contratados con motivo de la pandemia por coronavirus COVID-19, y cuyos servicios fueron contratados de manera directa, podrán ofrecer alternativamente a los usuarios las siguientes opciones:

a) La reprogramación de los servicios contratados, respetando la estacionalidad, calidad y valores convenidos, dentro de un período de doce (12) meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación adoptadas por el Poder Ejecutivo;

b) La entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta doce (12) meses posteriores al cese de las medidas de restricción, los cuales deberán brindar el acceso –sin penalidades- a equivalentes servicios contratados u otros que pudiera aceptar el cliente;

c) El reintegro del monto abonado por los servicios contratados mediante el pago de hasta seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera de ellas dentro de los sesenta (60) días de recibida la solicitud de reembolso.

Artículo 28.- Contratación mediante intermediarios. En el supuesto en que el consumidor haya contratado servicios a través de sujetos comprendidos en el artículo 4° del decreto reglamentario 2.182/1972 de la ley 18.829 que hayan sido cancelados con motivo del COVID-19 podrán reprogramar sus viajes o recibir un voucher para ser utilizado dentro de doce (12) meses desde la finalización de la vigencia de las restricciones ambulatorias y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el período de validez del voucher sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado.

No obstante lo anterior, los sujetos comprendidos en el presente artículo, deberán proceder a efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en el supuesto de que éstos solicitaran la resolución del contrato, siempre que los proveedores de servicios hubieran procedido a la devolución total del importe correspondiente a los mismos.

Si solo algunos de los proveedores de servicios del viaje efectuaran la devolución o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera parcial, el consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso parcial correspondiente a las devoluciones efectuadas, siendo descontado del importe del voucher entregado. Los sujetos previstos en el presente artículo procederán a efectuar los reembolsos citados anteriormente en un plazo no superior a sesenta (60) días desde la fecha de solicitud de reembolso o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución.

Las reprogramaciones y devoluciones de servicios de turismo estudiantil serán establecidas por la autoridad de aplicación de la ley 25.599.


LEY DE SOSTENIMIENTO Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA NACIONAL Y SU REGULACIÓN DE LOS DERECHO DE LOS CONSUMIDORES ANTE REPROGRAMACIONES Y CANCELACIONES OCURRIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS COVID-19

10 de septiembre de 2020

Hola, les comparto un artículo que escribí para ElDial.com (enlace a la publicación) y para Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ).

De todas formas, se los dejo aquí abajo.

Introducción

Ha pasado tiempo desde aquel 11 de marzo del 2020, cuya fecha la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba la pandemia frente a las graves consecuencias que ocasionaba -y sigue ocasionando aún- el tan conocido COVID-19[2].

Entre todas las circunstancias, que son de público conocimiento, se destaca -en el campo del derecho del turismo- las referentes a las cancelaciones y reprogramaciones de los servicios turísticos contratados por los viajeros con diversos prestadores turísticos, muchos de ellos a través de agentes de viajes.

Desde dicho 11 de marzo, la preocupación de los prestadores respecto a cómo harían frente a los compromisos asumidos frente a sus clientes ha ido creciendo con clara notoriedad. En el mismo orden de ideas, los viajeros han escalado tal preocupación. Algunos de cara a  futuras reprogramaciones y otros frente a la exigencia de terminar el contrato y que se materialicen las pertinentes devoluciones.

Ahora, en criterios normativos no se ha propuesto ninguna solución específica, tanto para los viajeros como para los prestadores. Bueno, ello hasta el día de hoy, pues el Poder Legislativo Nacional acaba de sancionar con fuerza de ley la titulada: “ley de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional”. En realidad hasta que efectivamente se publique dicha ley en el Boletín Oficial.

Ley de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional

Dicha ley, signada bajo el número 27.563, considera muchos aspectos de interés, pero se destaca el título IV “Derecho de los consumidores ante reprogramaciones y cancelaciones ocurridas como consecuencia de la pandemia por coronavirus COVID-19”, cuyos artículos 27, 28 y 29 expresan lo siguiente:

Artículo 27. Contratación directa. Los establecimientos hoteleros de alojamiento temporario y empresas de transporte -en cualquiera de sus modalidades- que se hayan visto afectados o impedidos de prestar los servicios contratados con motivo de la pandemia por coronavirus COVID-19, y cuyos servicios fueron contratados de manera directa, podrán ofrecer alternativamente a los usuarios las siguientes opciones:

La reprogramación de los servicios contratados, respetando la estacionalidad, calidad y valores convenidos, dentro de un periodo de doce (12) meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación adoptadas por el Poder Ejecutivo;

La entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta doce (12) meses posteriores al cese de las medidas de restricción, los cuales deberán brindar el acceso -sin penalidades- a equivalentes servicios contratados u otros que pudieran aceptar el cliente;

El reintegro del monto abonado por los servicios contratados mediante el pago de hasta seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera de ellas dentro de los sesenta (60) días de recibida la solicitud de reembolso.

Artículo 28. Contratación mediante intermediarios. En el supuesto en que el consumidor haya contratado servicios a través de sujetos comprendidos en el artículo 4º del decreto reglamentario 2.182/1972 de la ley 18.829 que hayan sido cancelados con motivo del COVID-19 podrán reprogramar sus viajes o recibir un voucher para ser utilizado dentro de doce (12) meses desde la finalización de la vigencia de las restricciones ambulatorias y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del voucher sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado.

No obstante lo anterior, los sujetos comprendidos en el presente artículo, deberán proceder a efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en el supuesto de que éstos solicitaran la resolución del contrato, siempre que los proveedores de servicios del viaje efectuaran la devolución o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera parcial, el consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso parcial correspondiente a las devoluciones efectuadas, siendo descontado del importa del voucher entregado. Los sujetos previstos en el presente artículo procederán a efectuar los reembolsos citados anteriormente en un plazo no superior a sesenta (60) días desde la fecha de solicitud de reembolso o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución.

Las reprogramaciones y devoluciones de servicios de turismo estudiantil serán establecidas por la autoridad de aplicación de la ley 25.599.

Artículo 29. Las disposiciones previstas en este capítulo serán válidas para aquellos viajes o servicios que no hayan podido realizarse o prestarse con motivo de las restricciones ambulatorias dictadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19 y hasta tanto dichas restricciones continúen vigentes.

Es obligación de los sujetos comprendidos instrumentar los mecanismos necesarios para que los consumidores puedan ejercer los derechos previstos.

El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo hará pasible a los prestadores alcanzados por la presente ley de las sanciones que correspondan de la aplicación de la normativa específica que rija su actividad.

Comentarios

La inminente ley propone una serie de cuestiones que resultan muy interesantes, tanto desde lo destacable o meritorio, como de lo cuestionable. Al menos si se considera la importancia que posee el derecho de consumo, lo que a estas alturas ya es indiscutible.

I. Comentarios al artículo 27 de la ley 27.563

El artículo de referencia, se dedica a brindar un marco de solución jurídica para los  contratos turísticos que los viajeros celebraron directamente, es decir: sin intermediarios (sin agentes de viajes, sin Airbnb, sin Booking, etc.). En sus tres incisos plantea una serie de propuestas que el mismo prestador directo puede acercar al viajero, siendo este eventual prestador el encargado de elegir tal o cual propuesta.

En el punto a del artículo se propone una reprogramación de los servicios contratados dentro del año, contado desde el levantamiento de las medidas restrictivas, fijadas por el Estado Nacional. Ello así, con pleno respeto de las condiciones genérales y particulares del servicio contratado.

Es una propuesta que se ajusta a las necesidades de ambas partes del contrato, frente al escenario actual. Par ser sintético, el prestador puede acordar un plazo posterior para desarrollar el servicio sin tener que asumir el costo de la devolución, sabiendo lo que ello implica, y por otro lado, el viajero se asegura el respeto del contrato ya acordado para más adelante, cuando el contexto ofrezca mayores garantías, tanto para el desarrollo del viaje como la salud del viajero.

En el punto “b” del artículo, considera otra opción, la entrega de un voucher representativo de los servicios contratados, también a ser utilizado desde el plazo anual como se dijo antes.

Aquí, sucede otra interesante propuesta materializa en un voucher. Dicho instrumento, en tal contexto, representa una suerte de crédito a favor del viajero -sin penalidad alguna- pero, como narra el artículo en cuestión, atado al valor referencia del servicio y no a un monto nominal. Es decir, cuando el viajero pretenda utilizar tal voucher, la empresa de servicios turístico no cotizará al valor presente del servicio vinculado. Considerando el contexto actual de inflación y depreciación del peso argentino, ello resulta beneficioso al viajero, y porque no al prestador turístico también.

Y en el punto “c”, se ofrece la posibilidad de realizar una devolución total de lo abonado, pudiendo realizar el pago de manera íntegra o fragmentado en hasta seis (6) cuotas. En este último caso, las cuotas deberán ser iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera de ellas dentro de los sesenta (60) días de recibida la solicitud de reembolso, como reza el referido inciso. Cabe destacar que dicho reintegro no podrá ser alterado con ningún tipo de penalidad o costo, ni tampoco incrementado por compensación alguna.

Ahora, sin perjuicio de lo antes mencionado, corresponde realizar la siguiente interrogante ¿dónde se ubica el derecho del viajero? De acuerdo a la norma analizada, es el prestador quien decide la opción a ofrecer al viajero y no se considera, al menos de manera expresa, la posibilidad de que sea el viajero quien elija la propuesta que mejor de adecúe a sus necesidades.

A diferencia de ello, la ley 24.240, en el artículo 10º bis, comienza su redacción de la siguiente manera “El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a…”. Es decir, aquí es el consumidor quien elige la propuesta y no el proveedor (prestador de servicios turísticos).

Es más, no se contempla la hipótesis de que el servicio contratado haya perdido total interés en el viajero. Claro, la expresión se formula en el más honesto de los sentidos. Basta solamente con imaginar al viajero que contrató una estadía y/o vuelos por su luna de miel, o bien los viajes contratados a raíz de un evento corporativo, incluso los vinculados con desarrollos de congresos, seminarios y similares. Algo que a las claras se aprecia que se han desarrollado aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías (Apps como Zoom, Meet, Teams, etc.). Pues en tales supuestos, como otros tantos más en similar tenor, surge legítimamente la necesidad de solicitar un reembolso (sin compensaciones como sin penalidades).

II. Comentarios al artículo 28 de la ley 27.563

Respecto del artículo 28, cuyo texto contempla exclusivamente los servicios turísticos contratados por el viajero mediante la intermediación de otro sujeto, como suele sucede con los conocidos agentes de viajes, pero sin dejar de lado a las plataformas intermediadioras de reservas como las conocidas “Airbnb”, “Booking”, y similares, dado que también se comportarían como agentes de viajes. Esto último se debe a la consideración de lo estipulado en el artículo 1º, inciso “b”, de la ley 18.829 cuando expresa:

Quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen, en el territorio nacional, con o sin fines de lucro, en forma permanente, transitoria o accidental, algunas de las siguientes actividades: […]b) La intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero;…

Es cierto que lo dicho colisiona con la expresa mención del artículo 28 de la ley objeto de análisis, al aludir expresamente “En el supuesto en que el consumidor haya contratado servicios a través de sujetos comprendidos en el artículo 4º del decreto reglamentario 2.182/1972 de la ley 18.829…”. El citado artículo 4º contempla los tres tipos de agente de viajes, a saber: Empresas de Viajes y Turismo; Agencias de Turismo y Agencias de Pasajes.

Es decir, bajo una consideración literal, el artículo 28 saldría a considerar únicamente los contratos celebrados por los viajeros con las Empresas de Viajes y Turismo (EVT), o las Agencias de Turismo (AT) o las Agencias de Pasajes (AP). Dejando afuera de su alcance los contratos signados con otros intermediarios que, a la luz de la ley de Agente de viaje (Ley 18.829) se comportan jurídicamente como un agente de viajes. Tal y como sucede con las plataformas de reservas, caso “Airbnb”, “Booking”, y otras tantas más.

Es más, pese a la mentada mención expresa del artículo 4º del decreto 2182/1972, no resulta correcto descuidar la regulación de la norma de mayor jerarquía, como sucede con la ley 18.829 y en la cual se precisa el concepto de agente de viajes (el “intermediario” que alude el artículo 28 de la ley 27.563), a partir de los diferentes incisos del artículo 1º de dicha ley de agente de viaje.

En relación a lo dicho, aparece una interesante inquietud. En el artículo 28 se menciona al consumidor, pero no parece protegerlo de manera íntegra excluyendo a quienes contrataron con otros intermediarios que no sean estrictamente EVT, AT o AP.

Otro aspecto a considerar del citado artículo, es la condición fijada en el segundo párrafo. Allí se plantea el derecho a realizar el reembolso de lo abonado, siempre y cuando el prestador directo haya materializado la correspondiente devolución. Es más, si llegase a ocurrir el caso de que algunos prestadores directos realizaron el requerido reembolso, pero otros no, el intermediario deberá reembolsar solamente los montos efectivamente devueltos.

Ello, se aprecia como una suerte de solución salomónica frente a las graves consecuencias de la pandemia al sector turístico. A simple vista, se puede concluir que un pedido masivo de reembolsos por los viajeros, ocasionaría la inmediata extinción comercial de tales intermediarios, dado que no podrán hacer frente a tales deudas, en la medida que los prestadores directos no hayan ya devueltos los montos en cuestión.

Para ubicar el entorno que se alude, allá por el 14 de abril del presente año, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en sus siglas en inglés) comunicó públicamente[3] que no hará la devolución, a los agentes de viajes, de los montos por los boletos aéreos cancelados, cifra que llego a la suma de USD 35.000 millones.

En definitiva, corresponde destacar las buenas intenciones del legislador, para con un sector muy golpeado por la presente pandemia a prever una realidad evidente, y cuyas consecuencias son de público conocimiento.

Ahora, en el campo jurídico no puede dejarse de lado un aspecto esencial del derecho de consumo, como lo es su clásica responsabilidad objetiva y solidaria. En derecho es conocido ya el principio “dura lex, sed lex” (la ley es dura, pero es ley).

La injerencia del derecho consumeril en estos contratos turísticos es una discusión legal ya superada desde tiempo. Ello, incluso, se ha potenciado con la perdida de vigencia del Convenio de Bruselas, allá por diciembre del 2008 y cuya efectividad se materializó al año siguiente.

De acuerdo a la redacción del artículo 40 de la ley 24.240, la responsabilidad no solo es objetiva, sino solidaria y en virtud de ello, el agente de viajes es responsable, en este caso, de la devolución de las sumas abonadas por el viajero, sin importar si el prestador ha realizado o no su pertinente reintegro al agente de viajes.

¿Es realmente justo? La respuesta a dicha interrogante amerita un análisis muy detallado como para simplificarlos en unos breves párrafos. Ahora, si se observan los precedentes judiciales en materia de contratos turísticos, se aprecia que se aplica de pleno el derecho de consumo y con ello la solidaridad que antes aludíamos[4]. Sin dudas, la tan mencionada condición, respecto al pago de reembolsos resultará, cuanto menos, susceptibles de cuestionamientos legales, dado que el escenario se presenta en detrimento de los derechos del consumidor.

Finalmente, se debe resaltar otro aspecto cuestionable del mismo artículo 28 de la ley en análisis. Se trata del párrafo primero cuando expresa que los consumidores “…podrán reprogramar sus viajes o recibir un voucher para ser utilizado dentro de doce (12) meses desde la finalización de la vigencia de las restricciones ambulatorias y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del voucher sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado”.

En este caso, a diferencia de lo planteado por la ley en el artículo 27, plantea que el viajero (consumidor como lo llama la ley) pueda recibir un voucher equivalente a la suma abonada en el momento que se contrató. No contempla la posibilidad que el voucher sea por los servicios contratados, como sí lo contempla en el artículo 27, inciso b), de la ley 27.563.

Ello, claramente, es un perjuicio para el consumidor de momento que el valor de lo abonado en su momento no representa en absoluto del valor de los mismos servicios a tiempo presente. Sin dudas, los efectos de la inflación que impera en la economía argentina, sumada la devaluación del peso (moneda nacional) afectarán notablemente los intereses del viajero en el supuesto de un voucher atado al valor abonado por el viajero, el cual resultaría, claramente, perjudicado.

Para graficar lo dicho anteriormente, basta con proponer un ejemplo. Supóngase que un viajero abonó, allá por mediados del año 2019, a un agente de viajes la suma de $180.000.- (pesos ciento ochenta mil) por un paquete turístico para dos personas, en virtud de los servicios de transporte aéreo, traslado del aeropuerto al hotel y hospedaje con todos los servicios incluidos para dos personas, a desarrollarse en el mes de abril de este año. Frente al escenario actual y conocido -pandemia- el viaje no pudo realizarse.

Ante ello, y de acuerdo al marco legal propuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación con la regulación de los contratos de consumo -artículos 1092 y siguientes- y la consideración del instituto “imposibilidad de cumplimiento -artículos 955, 956 y 1732- el viajero tendría dos opciones, a saber:

solicitar la devolución del dinero abonado por tal paquete turístico, sin penalidades, retenciones o cargos, y sin compensaciones de ningún tipo, o

pactar con el agente de viajes una reprogramación, a futuro, por los mismos servicios sin cargos extras de ningún tipo, a excepción de aquellos que tenga una justificación objetiva (Por ejemplo, que la reprogramación se pacte con más servicios que los contratados originalmente, o que se desarrolle en temporada alta cuando originalmente estaba previsto para temporada baja, etc). Y en este mismo orden de ideas, solicitar un voucher, equivalente a los servicios contratados.

Ahora, con el marco legal propuesto por el mentado artículo 28, el viajero, en caso de pretender solicitar un voucher, lo podrá hacer en referencia al valor abonado, pero no en relación al servicio, el cual a tiempo presente tendrá otro valor. En el ejemplo propuesto, el servicio contratado tendrá un incremente en su valor -probablemente muy superior- pero al optar por el voucher, se verá impedido de establecer tal relación.

A mayor abundamiento, si para entonces el servicio que se abonó a mediados del 2019 por $180.000.- (pesos ciento ochenta mil) tuviese en la actualidad -por citar una cifra y a modo puramente figurativo- un valor de $280.000.- (pesos doscientos ochenta mil) el viajero, con la previsión normativa del ya citado artículo 28, podrá canjear su voucher por un valor referencial mucho menor al que le hubiese correspondido en relación al servicio en sí, tal y como se prevé en el artículo 27, también citado.

Es por ello que se puede inferir una escenario perjuicioso para el viajero, desnaturalizando la esencia protectora para el viajero del derecho de consumo que, nace desde la misma Constitución Nacional (artículo 42).

III. Retroactividad de los artículos 27 y 28 de la ley 27.563

Otro gran tema para el debate el de la retroactividad que prevé la ley 27.563 al alcanzar a todos los casos que, previo a su vigencia, sucedieron y fueron cancelados con motivo del coronavirus COVID-19.

El Código Civil y Comercial de la Nación, regula la eficacia temporal de las leyes en el artículo 7º, expresando “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales…”.

Al respecto, Vítolo (2017) expresa que “La doctrina ha desarrollado un interesante debate respecto de si las leyes pueden ser retroactivas, estableciendo -mayoritariamente- que las leyes no tienen efectos retroactivos, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario, pues se admite que el legislador -en determinadas circunstancias- pueda dictar normas con efectos retroactivos, con la misma limitación -por cierto- de que no se afecten garantías y derechos constitucionales -en esto hay un cambio conceptual pues anteriormente el Código de Vélez refería a derechos adquiridos-“.

Entonces, no cabe duda alguna de la retroactividad de la ley 27.563 cuando alcanza a situaciones jurídicas ya constituidas, como sucede con los contratos celebrados por los viajeros con los mismos prestadores turísticos de manera directa o indirecta, con la intervención de intermediarios. Pero, toda norma jurídica que se categorice como retroactiva, no puede afectar derechos constitucionales, dentro de los cuales se debe resaltar los derechos a la propiedad privada (art. 17 CN) y los derechos del consumidor (art. 42 CN).

En relación al tema, Rivera (2016) alude a la excepción de la regla más favorable al consumidor, sosteniendo que “La doctrina había puesto en tela de juicio la subsistencia de la ley derogada particularmente cuando las nuevas leyes se dirigen a la protección de la parte más débil del contrato -como las represivas de la usura, las que regulan emergencialmente las locaciones, las que reglamentan la actualización de los créditos- , o se refieren a contratos tipo o de adhesión; en tales casos, ellas deben ser de aplicación inmediata a los contratos en curso de ejecución (Dekeuwer – Défossez). Esta idea es la que recoge el nuevo art. 7 en el último párrafo al disponer la aplicación inmediata de la nueva ley a las relaciones de consumo cuando ellas son más favorables al consumidor.

Entonces, a la luz de lo antes mencionado, resulta considerablemente cuestionable la legalidad de la retroactividad fijada en los artículo 27 y 28 de la ley 27.563. Ello así, en la medida que propongan un escenario desfavorable para el consumidor, comparado con las soluciones que podrían adoptarse con la injerencia del Código Civil y Comercial de la Nación, ley 24.240 y demás normas complementarias. Tal y como se expresó anteriormente en los puntos I y II del presente, a cuyo texto se remite la debida lectura.

Conclusiones

Hay que destacar las buenas intenciones del legislador, como se expresó antes. Los artículos analizados pretender brindar un marco legal que atienda a las necesidades del viajero como de los prestadores turísticos, y lo hace con mucho criterio de adaptación para el contexto vigente, desde el referido 11 de marzo de este año.

Los prestadores turísticos han sufrido, y aún lo hacen, las graves consecuencias económicas y financieras de la pandemia. Claro, el viajero no está ajeno a dichas consecuencias. Todos los actores son víctimas de la presente situación.

Es más, se debe reconocer que las soluciones propuestos conllevan, lógicamente, una suerte de perjuicios para los intereses de las partes en el contrato, pero lo pretende realizar con el menor grado de afectación posible.

Es decir, al prestador turístico le será de mucha ayuda que el viajero reprograme sus servicios para más adelante, evitando tener que desembolsar dinero en un momento de suma conflictividad para el sector turístico[5], pero deberán hacerlo sin posibilidad legal de imputar costo extra alguno, al menos aquellos que no se encuentren objetivamente justificados, como se indicara antes.

Por otro lado, si se posiciona en los interese del viajero, es muy probable que soliciten el reembolso de los montos abonados, sin retenciones ni penalidades, pero deberán tolerar que dicha devolución se realice en un solo pago, ni tampoco de manera inmediata, dado que se puede realizar en cuotas.

Claramente, la posición del legislador en la referida ley es la de proponer una solución equidistantes entre los intereses enfrentados de las partes: el viajero y el prestador turístico.

Pero, dichas propuesta no están debidamente cimentadas, en términos jurídicos. La regulación de los artículos 27 y 28 de la referida ley propone una retroactividad distinta a la permitida y regulada en el artículo 7º del Código Civil y Comercial, a la vez que se aleja del centro protector del derecho de consumo para con el consumidor. Tal y como se observa en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en los artículos 1092 y siguientes del citado Código, la ley 24.240 y demás normas complementarias.

Con todo ello, es probable anticipar un campo muy fértil para los reclamos judiciales, por lo que se deberá estar muy atento a las eventuales soluciones jurídicas propuestas por los magistrados que, hasta el momento, vienen aplicando -sistemáticamente- el derecho de consumo para sentenciar en conflictos relacionados con contrataciones turísticas, y con ello una responsabilidad objetiva y solidaria.

Bibliografía

Rivera, Julio César. Derecho civil, parte general. 1º ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2016. ISBN 9789502027333.

Vítolo, Daniel Roque. Manual de derecho civil parte general. 1º ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Estudio, 2016. ISBN 9789508975522.

[1] Magíster, abogado, docente universitario y fundador de derechoyturismo.com

[2] Consultar el siguiente enlace: https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline—covid-19

[3] . La Agencia, que agrupa unas 300 compañías aéreas, propone otros caminos, como flexibilizar plazos y condiciones en la venta y facturación del billete (BSP), modificar las normas y otorgar bonos, pero no devolución en efectivo. Consultar el siguiente enlace: https://www.telam.com.ar/notas/202004/451773-iata-no-devolvera-agencias-viajes-u35000-millones-boletos-aereos-cancelados.html#:~:text=04%2F2020%20PANDEMIA-,IATA%20no%20devolver%C3%A1%20a%20las%20agencias%20U%2435.000%20millones%20por,pero%20no%20devoluci%C3%B3n%20en%20efectivo.

[4] Por ejemplo en el año 2019: Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala IV Fecha: 26/09/2019 Partes: Despegar.com.ar SA c. DNCI s/ defensa del consumidor – ley 24.240 – art. 45 Cita Online: AR/JUR/28003/2019. Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 7a Nominación de Córdoba Fecha: 22/04/2019 Partes: Di Tella, Belén María y otro c. LATAM Airlines Group SA y/o Lan Airlines SA s/ abreviado Cita Online: AR/JUR/7319/2019. Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II Fecha: 12/09/2019 Partes: Fernández, Noelia Vanesa y Otro c. Conviasa SA y Otro s/ incumplimiento de contrato Publicado en: La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/48941/2019. Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B Fecha: 16/10/2019  Partes: Orsi, Ana María y Otro c. Despegar.COM.AR S.A. y Otro s/ ordinario; Cita Online: AR/JUR/48939/2019.

[5] “Las agencias de viajes nacionales alertan sobre una posible quiebra masiva”. Consultar el siguiente enlace: https://www.baenegocios.com/negocios/Las-agencias-de-viajes-nacionales-alertan-sobre-una-posible-quiebra-masiva-20200813-0085.html


Nuevo documento electrónico para entrar o salir del país

9 de septiembre de 2020

Quienes ingresen o se retiren del país, por vía aérea, terrestre o marítima, deberán completar una declaración jurada (de manera electrónica) de la Dirección Nacional de Migraciones. Ello se puede hacer al momento de ingresar o salir, a excepción de los viajes por vía aérea, cuya declaración se debe realizar con una anticipación de 48 horas previas al embarque.

Lo indicado sucede en el marco de la Disposición 3025/2020, de la referida Dirección, publicada el 3 de septiembre del corriente año, en el Boletín Oficial, pero como indica su artículo 4º, tal disposición entrará en vigencia desde el día 7 de septiembre de 2020.

De acuerdo al anexo de la citada Disposición, se aclara el procedimiento. A saber:

El usuario ingresará desde el apartado “DDJJ Electrónica de Ingreso y Egreso al Territorio Nacional” disponible en el sitio oficial de la Dirección Nacional de Migraciones (www.migraciones.gob.ar).

Para acceder a la carga, deberá completar los datos del documento de viaje (país emisor, número, sexo consignado y fecha de emisión) y aceptar los términos y condiciones.

Luego, procederá a ingresar la información requerida en las diferentes secciones del

formulario tanto para su persona como para el resto de los miembros que eventualmente viajen en conjunto.

Una vez finalizado el proceso, al confirmar el envío de la DDJJ Electrónica, cada uno de los ciudadanos informados recibirá en su correo electrónico una copia de la misma.

Estarán exceptuados de completar dicha declaración, los mayores de 70 años. En el caso de menores de edad o personas con capacidades diferentes que no puedan completarlas por sí mismos, serán el padre, madre o responsable quien deberá completar los datos requeridos en su representación.

El incumplimiento de tal formalidad, de acuerdo al artículo 3º de la tan mentada Disposición, especifica que “será sancionado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES con multas impuestas por infracciones a las previsiones establecidas en el Título III, Capitulo II, de la Ley N° 25.871” Allí se observa el artículo 46 de la ley que expresa:

El incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Título y sus reglamentaciones, será sancionado por la Dirección Nacional de Migraciones con una multa cuyo monto será de hasta el triple de la tarifa en el medio de transporte utilizado desde el punto de origen hasta el punto de destino en territorio nacional, al valor vigente al momento de la imposición de la multa. En ningún caso las multas podrán ser inferiores al equivalente a mil doscientos diecinueve (1.219) litros de gasoil al precio subsidiado para transportistas o en ausencia de éste al más bajo del mercado para consumidor particular al día de la imposición de la multa; ni superiores al equivalente a treinta mil cuatrocientos ochenta y siete (30.487) litros de gasoil al precio subsidiado para transportistas o en ausencia de éste al más bajo del mercado para consumidor particular al día de la imposición de la multa.”

En efecto, relacionado con la responsabilidad, cabe precisar que el artículo 38 de la mencionada Ley dice:

“El capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable de todo medio de transporte de personas, para o desde la República, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, y las compañías, empresas o agencias propietarias, explotadoras o consignatarias de un medio de transporte serán responsables solidariamente de la conducción y transporte de pasajeros y tripulantes en condiciones reglamentarias”.

Corresponde recordar que, de acuerdo al contexto actual (pandemia) quienes ingresen al país, deberán cumplir con el aislamiento por 14 días, sumado al cumplimiento de deber de información respecto a si presenta algunos de los síntomas del conocido coronavirus COVID-19.


Conversando de derecho y turismo en pandemia con “Dosis de derecho

31 de agosto de 2020

Hola, les comparto el enlace al podcast de Dosis de Derecho, donde tuve la invitación, y el agrado, de conversar de derecho del turismo en pandemia. Digo, pude tratar temas como quejas de los viajeros, derechos ante cancelaciones, las reprogramaciones, maneras de plantear las quejas, etc.

Los invito a escuchar este lindo podcast

¿Se animan a contarme qué les pareció?


Derechos y opciones de los viajeros ante cancelaciones de servicios con motivo de la pandemia

12 de julio de 2020

Hola, les comparto un artículo Daniel Blanco Gómez para Infobae donde tuve el honor de ser entrevistado. Allí sobre derechos y opciones legales de los viajeros ante servicios turísticos cancelados. Enfatizando las cuestiones legales que, desde marzo, vengo afirmando en mis publicaciones. Digo:

La imposibilidad de cumplimiento y su rol como modo de finalización de las obligaciones.

Las obligaciones de las empresas turísticas y de los viajeros para reprogramar o, en su defecto materializar el reembolso.

La buena fe contractual, a la cual el viajero como así también la empresa turística deben respetar. Más que nada para optar por el reembolso por sobre la reprogramación.

Les dejo el enlace: publicación


Jornada virtual de Derecho del Turismo y COVID 19

20 de mayo de 2020

Hola, quiero compartir el trabajo que se hizo con un equipo de especialistas del Derecho del Turismo, del cual es un orgullo para mí ser parte y colaborar, junto a ellos, en el Suplemento de Derecho del Turismo.

En dicha jornada, auspiciada por ElDial.com, reflexionamos sobre los derechos y obligaciones de los viajeros y operadores turísticos, en especial contemplar el caso del turismo estudiantil, entre muchos otros temas que serán abordados por destacados especialistas en Derecho del Turismo. Allí, tengo la dicha de poder conversar sobre “contratos turísticos en tiempos de coronavirus”.

Les quiero enfatizar que el acceso es libre y gratuito, y para participar deben ingresar en este enlace.


La imposibilidad de cumplimiento en los contratos turísticos

19 de mayo de 2020

Introducción

A estas alturas de la cuestión ninguna duda cabe que la presente pandemia ha representado, y aún lo hace, una situación imprevista que imposibilita el cumplimiento de los contratos turísticos celebrados previamente.

Es más, en el mes de marzo la justicia, en un caso contra la agencia de viajes Falabella, considero prudente una reprogramación del viaje previsto y sin penalidad o costos adicionales, al menos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este amparo o cesen las restricciones impuestas por el Coronavirus COVID-19.

Lo antedicho, se trata de la causa “Ibáñez Mariela y otros c/ Falabella Viajes y Latam Airlines Group s/ amparo”.

Bien, con la pandemia instaurada y reconocida por la comunidad internacional, el viajero y los prestadores de servicios turísticos se enfrentan a una situación única y que imposibilita el cumplimiento de los contratos previamente acordados. Lo que se denomina en las ciencias jurídicas: imposibilidad de cumplimiento.

¿Qué es la imposibilidad de cumplimiento?

Sobre este punto el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyC) lo explica en sus artículos 955 y 956. A saber:

El artículo 955 del CCyC dice que “La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados”.

Y, por su parte, el artículo 956 del mismo código agrega, en relación a la imposibilidad de cumplimiento temporaria, que “La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial, o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible”.

Entonces, para aclarar el término, resulta conveniente precisar los términos utilizados por el mismo Código. Veamos:

Imposibilidad sobrevenida. Significa que el motivo que impide el cumplimiento de la o las obligaciones asumidas por una parte del contrato -el deudor- se produce o acontece luego de la firma del contrato. En el caso de los contratos turísticos son los prestadores de los servicios turísticos.

Imposibilidad objetiva. Alude a que dicha imposibilidad no tiene relación alguna con la persona del deudor, como así tampoco con sus actividades propias. Queda claro que la presente pandemia no tiene relación alguna con los prestadores turísticos ni con sus servicios.

Imposibilidad absoluta. Dicha imposibilidad representa un impedimento para cumplir con la totalidad del contrato. Digo, el prestador turístico no puede cumplir con ninguno de sus servicios comprometidos en el contrato.

Imposibilidad definitiva o temporaria. Aquí se analiza si el impedimento se presenta de manera definitiva o se limita a una cuestión temporal. En el caso de la presente pandemia, todo Indica que estamos ante una imposibilidad temporal. Si bien, no sabemos con exactitud cuándo se levantarán las restricciones para volar e ingresar a distintos países.

Aclarado ello, podemos avanzar en la interpretación de estas normas. Es decir, ante la imposibilidad de cumplimiento, corresponde que el prestador del servicio turístico (deudor) devuelva el dinero recibido por el viajero sin responsabilidad alguna. Por tanto, no corresponde que ningún prestador aplique los términos y condiciones previstos en el contrato, dado que ello sería factible ante los supuestos contemplados en dicho contrato, pero no frente a situaciones que exceden esa previsión y, como es sabido, configuran un caso fortuito o fuerza mayor. La pandemia declarada a raíz del brote de coronavirus COVID-19 lo representa.

¿Cómo impacta esta imposibilidad de cumplimiento en los contratos turísticos?

Para responder a ello debemos acudir a la lectura del artículo 1732 del CCyC, el cuál expresa que “El deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento, y no es responsable, si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado. La existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos”.

Es decir, el citado artículo, en conexión con los artículos 955 y 956 del CCyC, reafirma la posición legal del deudor (prestador de servicios turísticos) frente a su acreedor (viajero) al quedar eximido de responsabilidad por no poder cumplir con la deuda (viaje acordado).

Entonces ¿los prestadores de servicios turísticos deben proceder a la devolución del dinero abonado por el viajero? Sí, de acuerdo a lo establecido por el citado Código en los artículos 955 y 956. Pero, ello no debe ser el único criterio a considerar en esta situación. Sucede que el artículo 1732 -antes citado- ordena interpretar la imposibilidad de cumplimiento a la luz de la buena fe contractual y, además, que no implique un ejercicio abusivo del derecho.

Es aquí donde resulta esencial aclarar, para el lector, que implican estos dos conceptos legales.

Buena fe contractual

El artículo 9º del CCyC dice “Los derechos deben ser ejercidos de buena fe”. Pero ¿qué debemos entender por buena fe? Para ello es importante recordar que este es un concepto muy amplio que siempre está vinculado a los valores de las partes en un contrato, como la lealtad, la honestidad, el respeto, consideración por la otra parte en el contrato, por decir algunos casos. Ahora, de manera pronta y sencilla, es posible concluir que este concepto está íntimamente vinculado a la ética de las personas expresado en la intención de no engañar ni perjudicar a la parte restante. Es decir, tanto el viajero como los prestadores turísticos deben actuar de tal manera que no pretendan engañar o perjudicar al otro.

Ejercicio abusivo del derecho

Aquí, el artículo 10º del referido Código determina que “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización”.

Sostiene Vítolo (Vítolo, Daniel R. Manual de derecho civil, parte general. 1º ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudio: 2017. 576 p. ISBN 9789508975522), estamos en presencia de un ejercicio abusivo del derecho cuando “tal ejercicio contraría los fines del ordenamiento jurídico o cuando excede los límites impuestos por la buena fe…” y ello no solo es considerado para el uso de tal o cual derecho, sino también respecto a sus efectos. En alusión a los supuestos de que un ejercicio de un derecho no pueda ser considerado abuso, pero sí el resultado final de tal ejercicio. Es decir, lo que una persona obtiene como consecuencia de usar un derecho consagrado en una norma jurídica.

Bien, habiendo aclarado ello, podemos analizar de manera más completa el artículo 1732, antes citado.

Sabiendo que se está frente a una situación de imposible cumplimiento ¿resulta razonable que el acreedor de la deuda reclame la devolución de todo lo abonado sin considerar la posibilidad de un cumplimiento posterior de la obligación? Digo, el prestador turístico ¿debe devolver todo el dinero recibido por el viaje contratado con el viajero? A primera vista concluiría que sí. Pero en aras de la buena fe, debemos considerar que en muchos casos -muchos más de los que uno podría imaginar- resultaría factible que dicho viaje se pueda realizar más adelante. Cuando el contexto lo permita y cuando el viajero lo considere oportuno.

Es aquí donde quisiera enfatizar el deber de buena fe que las partes deben mantener y, en función de ello es razonable reprogramar los servicios contratados para desarrollarlos más adelante, y sin necesidad de tolerar un pedido de cancelación por el viajero.

Ello así, no solo por el deber impuesto en el referido artículo 1732 del CCyC, sino también por las consecuencias económicas que ello acarrea. La realidad del mercado de los agentes de viajes determina que si todos los clientes que no pudieron viajar, con motivo de la mencionada pandemia, decidiesen ejercer su derecho de cancelación, ello provocaría una cataratas de reclamos que, indefectiblemente se trasladarían al campo judicial, ante la falta de liquidez por dichas agencias y muy probablemente mutaría todo a un proceso concursal. Y con ello, los distintos acreedores, seguramente, no lograrían satisfacer sus intereses (cobrar la deuda) de momento que sólo obtendrían una parte de lo que les deberían.

Sabiendo de ello, y teniendo presente la redacción del artículo 1732 CCyC, entiendo que resulta razonable estarse por la reprogramación antes que por la cancelación del servicio.

Ahora bien, no podemos dejar de lado que la imposibilidad puede ser definitiva o temporal. Tal y como narra el art. 956 del CCyC, resulta justificado que se acuerde una postergación en fechas para que el deudor cumpla con la obligación prevista, siempre y cuando el acreedor mantenga el interés en ello. Para ser claro, resulta razonable -en términos legales- que el prestador turístico ofrezca al viajero la posibilidad de realizar más adelante el viaje previamente contratado y con ello obviar la necesidad de tener que devolver el dinero pagado por el turista, salvo que éste argumente que el motivo del viaje en cuestión se ha perdido. Por ejemplo: que el viaje haya sido el motivo de presenciar un congreso que, ante este panorama, se desarrollo vía streaming y por ende no se va a realizar más adelante.

Es importante que esta situación se analice, como expresaba anteriormente, en el marco de la buena fe contractual y el ejercicio abusivo del derecho. De modo que el viajero no pierda de vista la razonabilidad (buena fe y ejercicio abusivo del derecho) que, en un proceso judicial, se le exigirá al momento de argumentar la eventual pérdida de interés en realizar un viaje más adelante.

Dicho todo ello, y en el supuesto de que el viajero ha perdido, razonablemente, el interés en viajar más adelante, el prestador de servicios turístico debe proceder a la cancelación del contrato, devolviendo todo lo recibido por el viajero, caso contrario constituirá un enriquecimiento sin causa

En definitiva, queda claro que el Código Civil y Comercial aborda el problema presente, de muchos viajeros en estos tiempos resaltando la importancia de que las partes actúen con buena fe contractual, tanto para considerar postergar el viaje como llegar al extremo de solicitar la cancelación del mismo.


Novedades normativas desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

11 de mayo 2020

En el día de hoy, 11 de mayo de 2020, se publicaron -en el Boletín Oficial- las siguientes resoluciones 194/2020; 195/2020 que resultan de interés para el sector de agentes de viajes. Les dejo unos breves comentarios sobre estas normas

Resolución 194/2020

Dicha resolución exime a los agentes de viajes de tener que operar desde una oficina, con atención al público, pudiendo hacerlo desde una manera meramente virtual, utilizando los subdominios tur.ar. Ello así hasta fines de este año (31 de diciembre de 2020).

Para ello, los agentes de viajes deberán tramitar un permiso ante la Dirección Nacional de Agencias de Viaje, la cual otorgará, eventualmente y sin costo, un certificado de ello que deberá estar visualizado en el sitio web del agente de viajes.

Por último, la norma excluye de esta posibilidad a los agentes de viajes que operen en el segmento de turismo estudiantil.

Resolución 195/2020

Ahora, en esta resolución, la autoridad de control de los agentes de viajes autoriza a que los mismos solicitan una suspensión de actividades, hasta fines de este año, sin que ello implique una falta ante dicho organismo. Es preciso aclarar que, de acuerdo al artículo 9º del decreto reglamentario de la ley 18.829 (Decreto 2182/72) se exige a los agentes de viajes una continua prestación de sus servicios con la consecuente actividad de atención para sus clientes y los futuros, en lo que llama estructura funcional.

Los agente de viajes que estén interesados en tramitar este permiso, el que será sin costo alguno, deberán hacerlo aquí https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico (como indica el artículo 2º de la norma).

Ahora, pese a que -eventualmente- se encuentren cerradas temporalmente, tales agencias deberán dar cumplimiento a las obligaciones comerciales asumidas anteriormente (esto es, las gestiones de los servicios ofrecidos a sus clientes, como los comprometidos con otros proveedores), cumplir con el pago de la garantía, entre otras obligaciones más como indica el artículo 3º de la norma de referencia.

Cabe precisar que, las agencias que soliciten el cierre temporario no estarán obligadas a esperar hasta el 31 de diciembre de este año para comenzar a operar, por lo que pueden comenzar antes, pero deben notificar de ello al Organismo de control.


Comentario sobre las Resoluciones de ANAC que prohíbe la promoción y la venta de pasajes aéreos hasta el 31 de agosto del 2020

27 de abril 2020

Introducción

En el día de hoy, lunes 27 de abril de 2020, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) publicó dos resoluciones que, a mi criterio, merecen una debida atención.

Por un lado, está la Resolución 143/2020 mediante la cual determina que, de acuerdo a este presente marcado por el brote de coronavirus, las empresas de transporte aéreo de pasajeros sólo podrán comercializar vuelos de cabotaje (locales) en la medida que se encuentren autorizadas, formalmente, por la referida Administración. Y, en función de ello, no pueden promocionar ni vender sus servicios, a menos que se encuentren autorizadas por la Autoridad.

En resumen, como se indicó en el sitio aviacionline.com, se prohibe la venta de pasajes que no cuenten con la autorización de ANAC, es decir: que sean informados y aprobados por dicho organismo y, además, que cuenten con el visto bueno del Ministerio de Salud de la Nación, entre otros más.

Ahora, por otra parte, está la Resolución 144/2020 a través de la cual se fija que las empresas de transporte aéreo de pasajeros, que operen en el país, podrán reprogramar sus servicios o solicitar su comercialización para realizar los transportes a partir del 1º de septiembre del 2020. Y, además, todo ello estará supeditado a que se levantes, realmente, cualquier restricción impuesto al transporte aerocomercial, en el marco del presente marcado por el brote de coronavirus COVID-19.

Es decir, no se prohíbe la venta o promoción de vuelos, sino sólo de aquellos que se realizarían antes del 1º de septiembre. Y, dato importante, la presente resolución resulta obligatoria a partir del momento que se sanciona, es decir, desde este lunes 27 de abril de 2020.

Consideraciones

Entonces ¿Qué sucede ahora en con aquellos vuelos que se han reprogramado y su desarrollo era para antes del 1º de septiembre?

Bueno, en este punto quiero compartir mi opinión, la cual -obviamente- puede ser enriquecida por el debate e intercambio de ideas. Considero que la norma no determina una aplicación retroactiva y por tanto, no se aplica a aquellos casos de vuelos, que fueron reprogramados antes de la vigencia de la Resolución 144/2020 y cuyo desarrollo estaba previsto para antes del 1º de septiembre de 2020.

Ahora, no dejar de lado un aspecto esencial y propio de la empresa de transporte aéreo, los vuelos que se hayan ofrecido, antes del día de hoy (27 de abril 2020) con motivo de una reprogramación, por decir un caso, es indudable que el viaje se desarrollaría siempre y cuando cuente con la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y, que las condiciones actuales permitan que el viaje se pueda desarrollar. 


Reprogramación de servicios turísticos ¿con o sin costo adicional? Unos comentarios para los prestadores turísticos y los viajeros

13 de abril 2020

La situación actual, marcada por el brote del coronavirus COVID-19, instaura una situación inédita  para el Turismo. No sólo en el ámbito local, sino en el mundo también. Y ello, en el marco de los contratos turísticos celebrados, pone en un plano de incertidumbre el cumplimiento de los mismos. Es más, actualmente podemos arribar a la conclusión de que cumplir con el contrato resulta absolutamente imposible.

En este panorama, las respuestas por el Código Civil y Comercial y el derecho del consumidor, son dos:

1. Cancelación de los servicios contratados sin penalidades, ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones.

2. Sentarse y renegociar el contrato. Digo, el turista y el prestador (hablo del agente de viajes, alojamientos turísticos, de las plataformas de reservas, etcétera. Dejo de lado a las aerolíneas que tienen un régimen específico). Esto es lo que ya hemos visto muchos de nosotros en las famosas reprogramaciones.

Algo que me consultan muchos -incluso se volvió a tratar en el vivo por Instagram que hice el pasado sábado- no está prohibido reprogramar, y por ende todo ello avanza en el criterio de la conformidad entre ambas partes. Para decirlo muy simple: la propuesta del prestador puede o no ser aceptada por el viajero. En su defecto, el viajero puede solicitar la devolución de todo lo abonado, y sin penalidades o retenciones de ningún tipo.

Ahora, sabiendo como actúa el sistema legal, los prestadores deben tener presente la salida que tiene el viajero mediante la cancelación libre de cargo. Esto lo enfatizo dado que he recibido muchas consultas, sumado a los casos de familiares cercanos, donde las agencias le transmiten la posibilidad de reprogramar el mismo paquete pero con un costo adicional. Vale aclarar que dicho costo adicional no es menor, todo lo contrario. Y, para peor, los argumentos (en algunos casos) se deben a que el mismo prestador aumenta el servicio. Sobre esto último debo agregar que los argumentos de algunos agentes de viajes no condicen con las políticas expuestas y publicadas por algunos prestadores.

Ello nos conduce a una interrogante significativa ¿Porqué nos están cobrando un valor extra cuando el prestador publica que no impone cargos por cambios de fecha? Sin perjuicio de la eventual respuesta, adelanto por mi lado que, desde una mirada legal, no hay argumentos válidos (en este contexto imprevisto y extraordinario) para cobrar dichos cargos. Ya sea por que el prestador directo así lo dice, y menos en los casos que dichos prestadores comunican que no cobrarían cargo alguno.

En Italia, Francia, Bélgica y España avanzaron sobre este problema, mediante la sanción de normas locales regulando la reprogramación de los servicios turísticos. Es cierto que dichas normas locales no están en concordancia con las normas regionales de la Unión Europea (una gran discusión, para otro momento), pero no deja ser una propuesta interesante tanto para los intereses del viajero que, en definitiva, desea viajar (no ahora o en el mediano plazo, pero sí más adelante, cuando el riesgo de sufrir una afección a su salud por COVID-19 desaparezca. Y, a la vez, permite dar un poco de oxígeno a un sector muy golpeado por este presente.

Es más, en Brasil el gobierno dictó un decretó mediante el cual eximen a las agencias de viajes a reembolsar los montos abonados por los servicios contratados debido a la actual situación (COVID-19) Y, ante ello, los turistas cuentan con un plazo de 90 para reprogramar hasta marzo de 2021.

¿Qué pasa con Argentina? Nuestro país no se ha expedido sobre tal problema. Tan solo se limitó a dictar, a través del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, las Resoluciones 131/2020 y 136/2020.

En la Resolución 131/2020, se dispuso que los Agentes de Viaje y los establecimientos hoteleros de la República Argentina deberán devolver a los turistas usuarios toda suma de dinero que hubieren percibido en concepto de reserva por alojamientos a ser usufructuados durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 31 de marzo del 2020.

En la Resolución 136/2020, aplica el mismo criterio de la anterior resolución, para los servicios de alojamiento temporario, cualquiera sea la plataforma transaccional o modalidad de reserva, contratación o pago.

El problema es que el Ministerio referido se extralimita en sus competencias legales. Para poner en claro este asunto. El Ministerio de turismo y Deporte de la Nación es la autoridad de control de los agente de viajes, solamente. Ante ello, mal puede fijar reglas para las empresas que prestan un servicio de alojamiento turístico. Y, sobre los agentes de viajes, puede fijar reglas pero no puede invadir la competencias naturales de las leyes de fondo para resolver los conflictos. Para ser preciso, de los temas de devoluciones, reintegros, reprogramaciones y demás está el mismo Código Civil y Comercial de la Nación y sus normas complementarias, como la ley 24.240 (sobre los derechos del consumidor).

Ante todo ello, y la falta de una determinación legal sobre este asunto que afecta a todos (viajeros y prestadores turísticos) por parte de nuestro país es que, invito a los viajeros y a los prestadores a reflexionar juntos una salida jurídica comulgando un punto en común entre los intereses de cada uno. 

Comentarios a los prestadores turísticos

No se olviden que el sistema jurídico, en estos casos, pone en bandeja, como una primera opción, la posibilidad de cancelar. Dado esto, sería prudente que su parte que realicen una oferta seria de la reprogramación. Considerando que por el mismo servicio no se puede cobrar ningún cargo extra.

Viajeros me han comentado diversos casos. Por ejemplo:

Le reconocen un bono por el mismo dinero. Es decir, lo que pagó, por ejemplo en octubre del año pasado lo aplicarían a futuro, quizás para noviembre de este año. No, no está bien. De esa manera le trasladan un problema al pasajero y motivarían que éste opte por la cancelación, y no por la reprogramación.

Le permiten reprogramar pero con pagos extras. Tampoco. No deben cobrar cargos extras por el mismo servicio. 

Le permiten reprogramar pero abonando el impuesto PAIS. No hay respaldo legal. La reprogramación no puede trasladar un cargo extra, como dije antes, al pasajero. Además ¿cuál sería el argumento de que antes no se pagó dicho impuesto y ahora sí? Además, si el dinero no fue girado al en oportunidad de recibir el pago del viajero (antes del 23 de diciembre de 2019, fecha en la entró en vigencia este impuesto), es una entera responsabilidad del prestador turístico contratado.

Y, para finalizar en este apartado, el viajero es un sujeto que, entre muchos aspectos, está muy informado. Lo digo por que no es coherente que apliquen cargos cuando los prestadores involucrados publican en su sitios web que no cobran cargo alguno por pedido de cambio. No hace falta mucha empatía para comprender que esto genera mucho disgusto en el turista. 

Incluso, he leído a un referente de una importante agencia de viajes que estos casos pasarían por que los prestadores directos no cumplen con sus políticas de no cargos mencionadas. Bueno, si es así mal puede el agente de viajes deslindarse de responsabilidad. Para ser claro, es el agente de viajes quien debe hacer valer los intereses de su propio cliente.

Comentario a los viajeros

Ante la posibilidad de reprogramar el viaje, para más adelante, vean de reflexionar sobre la posibilidad de aceptarlo. Es cierto que tienen el derecho de cancelar, pero si la reprogramación es una opción vean de utilizarla. No solo por sus propios intereses, sino que además simplifican un problema y contribuyen al mantenimiento de fuentes laborales.

Además, si se replantean seriamente la cancelación, deben tener presente estas situaciones:

I. El agente de viajes, mayormente, no tiene en caja todo el dinero para materializar las devoluciones y, ante el masivo pedido de cancelaciones, es una fuerte probabilidad de que las mismas quiebren y en estos casos, es muy común que los acreedores (ustedes y todos los demás que están como ustedes) no cobren toda su deuda, sino sólo una parte. No hay que dejar afuera del análisis que estos prestadores no solo tienen un presente complicado en lo económico sino que, además su futuro está muy complicado y su fortaleza económica un financiera no sería equivalente para afrontar un aluvión de estos reclamos.

II. Hay casos, sin pretender generalizar, que los agentes de viajes son presos de las inflexibles posturas de los prestadores directos y no tienen margen de negociación de las mismas. Sostengo lo que dije antes, sobre que no corresponden los cargos extras, pero si los mismos son sumas minúsculas, sugiero avanzar de esa manera y, como quien dice, sacarse el problema de encima.

III. En materia de devolución de impuestos, que no son pocos, adelanto que corresponde que se devuelvan, pero hay un problema tributario. Sucede que el Estado (AFIP) avala las devoluciones pero le pide a los agentes de viajes que las realicen y le reconocen esas sumas como créditos a futuro ¿Cuál sería el problema? Para unos agentes e viajes que, seguramente, tendrán muchos reclamos en puerta y un horizonte muy negro en lo económico, dudo que tengan la capacidad económica de afrontar ese pago. Y ello nos colocaría en la misma situación de la viñeta #1.

Conclusión

Considero que, hasta que suceda algún cambio normativo como el que desarrollaron Francia, Italia, España, Bélgica, con la imposición de una reprogramación libre de penalidades y para más adelante, en momentos que efectivamente se pueda viajar, las partes vinculadas en el contrato turístico deben encontrar una solución.

Ante ello, considero que los prestadores turísticos tienen el enorme desafío de poder contener a sus clientes (los viajeros) extremando sus esfuerzos para ofrecer una reprogramación acorde a las exigencias legales, y con ello pueden minimizar los costos que deberían afrontar en caso de que se les exija la cancelación.

Sepan que si esa solución no llega en el marco de un acuerdo, sostenido como dije con una reprogramación, seria y prudente, de los servicios, la opción que resta, por parte del viajero, es el ejercicio del pedido de cancelación de los servicios y todo lo que ello implica.

Es más, los prestadores de servicios turísticos no deben perder de vista que, para la reactivación de la actividad turística se necesitan muchos factores, pero sin duda alguna, la confianza de los viajeros será una de ellas. Para que vuelvan a contratar servicios turísticos.


Decreto 331/2020 y la prohibición de ingreso al país

1 de abril de 2020

El decreto 321/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, determina la extensión de la prohibición de ingreso al país. Para ello, el Poder Ejecutivo Nacional consideró lo siguiente:

Que, por otro lado, por el Decreto N° 297/20 se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado nacional, a regir desde el 20 de marzo hasta el 31 de marzo.

Que teniendo en cuenta la evolución de la pandemia en el país y a nivel global, se considera necesario prorrogar los plazos establecidos en el Decreto N° 274/20, con el fin de minimizar el ingreso al territorio nacional de posibles vectores de contagio.

Que la prórroga del plazo referido en el considerando anterior resulta imprescindible, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta el país y se enmarca en el conjunto de medidas y acciones que el Estado Nacional ha llevado adelante con el fin de contener la propagación del coronavirus COVID-19, siendo congruente con las limitaciones que han establecido otros países.

Que, por su parte, el Decreto N° 313/20 amplió los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, dispuesta por el Decreto N° 274/20, a las personas residentes en el país y a los argentinos y las argentinas con residencia en el exterior, hasta el 31 de marzo, inclusive, del corriente año.

Que, en adición al resguardo de la salud de la población, la medida adoptada a través del decreto citado en el considerando precedente tuvo como objetivo generar las condiciones necesarias en PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y demás puntos de acceso al país, en términos de infraestructura y atención sanitaria, para recibir a quienes aún se encuentran en el exterior y que deban efectuar el tránsito hacia su domicilio o efectuar el aislamiento en el lugar donde arriben, bajo las pautas establecidas por la autoridad sanitaria nacional.

Que en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 313/20, mediante la Resolución del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO N° 62/20, se creó el “PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ARGENTINOS EN EL EXTERIOR EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS”, con el objetivo de prestar asistencia a los nacionales argentinos o residentes en el país que no pudieran ingresar al territorio nacional en virtud de lo previsto por el artículo 1° del mencionado decreto, a través de las representaciones argentinas en el exterior y hasta tanto puedan retornar a la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, en consecuencia, resulta necesario instruir al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO para que proceda a prorrogar la vigencia del mencionado programa hasta tanto ingresen al territorio nacional las personas que se encontraban comprendidas en el artículo 1° del Decreto N° 313/20 a través de los corredores seguros que se establezcan en el marco de la presente medida.

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.

Por todo ello, el Presidente de la Nación determina que se prorroga el plazo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 274/20 hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.

Asimismo, instruye al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, al MINISTERIO DEL INTERIOR, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, al MINISTERIO DE SALUD, al MINISTERIO DE SEGURIDAD, al MINISTERIO DE TRANSPORTE y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, con el fin de que procedan a establecer los cronogramas pertinentes y a coordinar las acciones necesarias para posibilitar el ingreso paulatino al territorio nacional de las personas residentes en el país y de los argentinos y argentinas con residencia en el exterior que no hayan podido hacerlo durante la vigencia del Decreto Nº 313/20. 

A tal fin determinarán los corredores seguros aéreos, fluviales, marítimos y terrestres que reúnan las mejores condiciones sanitarias y de seguridad, en el marco de la pandemia de COVID-19, prestando especial atención a las personas pertenecientes a grupos de riesgo, conforme lo define la autoridad sanitaria.

Por último, a través del mismo decreto s instruye al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO a prorrogar la vigencia del “PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ARGENTINOS EN EL EXTERIOR EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS” a través de los corredores seguros que se establezcan en el marco de la presente medida.


¿Reprogramar el viaje o cancelar? Los derechos del viajero en tiempos del COVID-19

31 de marzo de 2020

Introducción 

La situación actual no tiene antecedente similar como para aplicar, por analogía, consideraciones semejantes y con ello plantear soluciones. No cabe dudas que, el turismo está sufriendo las consecuencias de este brote de una manera extraordinaria. 

Ahora, el viajero no está ajeno a ello y debe ponerse la lupa sobre él, como sucede con un consumidor en la relación de consumo. Y es en este punto que quiero detenerme a escribir. Hay muchos prestadores turísticos que han ofrecido, al turista, la opción reprogramar el viaje. Para ser claro: pasar para más adelante el viaje. Algunos lo han propuesto con un costo extra (y acá se suma la discusión del pago del impuesto PAIS) y otros sin cargo.

A esta altura, el turista, inmerso en una gran confusión, puede plantearse una serie de interrogantes, como por ejemplo: ¿está bien que se le cobre un costo extra por la gestión de reprogramar? O ¿puede el viajero rechazar la reprogramación y pedir la devolución de lo pagado? Veamos cada caso, pero antes analicemos el rol de los términos y condiciones en un contrato.

Los contratos, más hoy en día, suelen estar acompañados de una serie de condiciones y, en la medida que hayan sido debidamente informadas al viajero, deben ser cumplidas tanto por el turista como por el prestador. Es que las partes, más que nada el prestador quien es el que escribe el contrato, prevén un contexto de normalidad y previsibilidad en que el contrato se puede cumplir o no, de acuerdo a determinados casos. Por ejemplo: se contempla que sucede si el pasajero no se presenta el día y horario para embarcar el vuelo, que se hace en caso de que el viajero se haya arrepentido de la contratación, o cómo se actúa si el mismo no puede viajar y pide reintegros, etcétera.

Ese conjunto de situaciones previstas deben ser resueltas con los mencionados términos y condiciones. Pero, la situación actual no puedo ser prevista, y como tal exige a las partes del contrato una adecuación en la interpretación de dichas condiciones. Es lo que en derecho llamamos “imposibilidad de pago” y prevé una situación excepcional de justificación para rescindir el contrato sin penalidades. 

Entonces, frente a este escenario cabe plantearse dos opciones para el viajero: 

Reprogramar para más adelante el viaje;

Avanzar en la cancelación del servicio y realizar el reintegro de todo lo abonado.

Reprogramación del viaje

En estos momentos de complejidades para todos, la opción de reprogramar tiene un correlato de salvataje para las empresas entre su necesidad de sostenerse económicamente. Digo, les permitiría mantener la fuente de trabajo. Pero esta opción debe ser analizada, con criterio, por el viajero. Pues, puede darse el supuesto de que el desarrollo posterior (para más adelante) del viaje contratado pierda total interés para el viajero (sobre este caso, hablaré en el punto: devolución de lo abonado).

Pero bueno, supongamos que la postergación del viaje le siga siendo de utilidad para el turista ¿corresponde abonar un costo extra por la gestión? No, en absoluto. Si el viaje reprogramado es el mismo que el contratado originalmente, no debe cobrarse nada. Las razones son jurídicas y lógicas. El contexto instaurado por COVID-19 viene a representar una imprevisibilidad para todas las partes y no puede, el prestador, pretender aplicar sus condiciones contractuales como si nada hubiese sucedido.

Para ejemplificar lo dicho, varios viajeros me han escrito para contarme que tal o cual prestador le ofrecían reprogramar pero con un costo, como está previsto en el contrato. Como si se tratase de un pedido de cambio de fecha en un contexto normal. Pero no es el caso. El pedido u ofrecimiento de reprogramación se debe a una situación imprevista, no a un capricho del viajero (por decirlo de alguna manera).

En fin, ello no está bien y las razones las he mencionado antes. Y ante ello, quisiera recordarle al viajero su derecho a solicitar la cancelación de viaje, y si el prestador no accede a ello no quedará otra que iniciar, formalmente una queja sabiendo que un camino es para los viajeros que contrataron con una agencia de viajes o un prestador de servicios de alojamiento (directo o de reservas) y otro distinto es para los que contrataron directamente el vuelo con una aerolínea.

Si contratamos con una agencia de viajes, un prestador directo de alojamiento turístico o con la intermediación de alguna plataforma de reservas, pueden acudir al organismo de Defensa del Consumidor para plantear su problema o, en su defecto, iniciar una demanda judicial, con el asesoramiento de un abogado matriculado.

Ahora, sin contrataron con una aerolínea directamente, pueden presentar una queja ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sabiendo que ellos sólo aplican multas a las aerolíneas y, en caso de buscar una compensación económica (lo más coherente) deben iniciar una demanda judicial (justicia federal), con el asesoramiento de un abogado matriculado.

Devolución de todo lo pagado

En el contexto del COVID-19, es un derecho para el viajero el de cancelar la contratación, en la medida que el viaje no se pudo realizar por alguna de las siguientes razones:

Personales del viajero. Es decir, que la realización de viaje represente una inseguridad para la salud de éste o que el viaje, en la suposición de que se pueda realizar pierda interés, dado que el destino no está operando con normalidad (cierres de comercios, museos, etc. O cancelación de actividades, por decir).

Propias del prestador. El viaje no se realiza por decisión del prestador, con el criterio de no asumir eventuales reclamos por el turista frente al riesgo de prestación defectuosa o afecciones a la salud del viajero.

Determinaciones de terceros extraños al contrato. Frente a este escenario, muchos países están limitando el flujo de tránsito de los turistas llegando, incluso, al caso de cerrar por completo las fronteras (como sucede en nuestro país). A ello se suma las determinaciones de varias aerolíneas en disminuir sus frecuencias y otras en cancelar por completo sus operaciones.

Entonces, resulta muy complejo pretender que el viajero realice un viaje en este contexto y si la reprogramación del viaje no sirve a los intereses del viajero o si la misma se ofrece con un cargo extra, la opción de cancelar el servicio y requerir la devolución de lo pagado sin penalidades (si, sin penalidades) es una variante legal para el viajero y los prestadores de servicios turísticos deben adecuarse a la ley imperativa de nuestro país (el derecho de consumo, es una ley imperativa).

Ahora, cuando hablamos de reintegros, se debe destacar la situación de los pagos realizas en concepto de impuestos (son varios) y tasas. Como abogado especializado en derecho del turismo, pero no en derecho tributario, me atrevo a opinar lo siguiente:

Impuestos varios y tasas. Al no realizarse el viaje no se da lo que se conoce como hecho imponible (justificación de los tributos) y por ende el Estado debería proceder a la devolución de los mismos.

Impuesto PAIS. Para aquellos que contrataron luego del 23 de diciembre de 2019, tuvieron que abonar el pago del 30% por este concepto (siempre que hayan pagado con pesos argentinos los servicios ofrecidos en alguna divisa). Sin perjuicio de la no realización, considero que no correspondería la devolución, dado que el hecho se realizo. Digo, el uso de las divisas en las arcas del estado para cambiarlos por los pesos usados por el viajero.

Situación desde la óptica de las agencias de viajes

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT) estarían requiriendo, a las aerolíneas, que permitan cambiada la fecha de un vuelo. 

De este modo, los pasajeros tendrían un año para realizar el viaje reprogramado contando la fecha de validez no desde la original (que podrían estar vencidas antes de terminado el período de cuarentena), sino desde la fecha de reemisión.

Por un lado, al observar el pedido de la Federación (FAEVyT), considero muy positivo para el viajero el interés en avanzar hacia un terreno más favorable para el turista. Pero sería injusto de mi parte no sumar a la discusión a las aerolíneas y su rol en este aspecto.

Como dije antes, no podemos dejar de lado que los viajes (los que no se realizaron como los que deberían realizar en lo inmediato) no se han desarrollado por cuestiones totalmente ajenas al turista y a los prestadores

Ahora, es claro que hay un inconveniente legal y en perjuicio del viajero. Las agencias de viajes, en la cadena de ofrecimiento de un servicio no son una meras intermediarias como suelen decir, y tienen toda la responsabilidad fijada por el derecho de consumo (responsabilidad objetiva, solidaria e integral).

Consideraciones legales sobre las Aerolíneas

Es cierto que muchas aerolíneas acceden a este pedido, como sucede con Aerolíneas Argentinas entre otras más. Pero el problema sigue latente con aquellas aerolíneas que aún no adecuan sus condiciones contractuales a la presente realidad, altamente conflictiva para los viajeros, prestadores y el turismo en sí mismo.

Este problema es que el está sufriendo, fundamentalmente, el viajero. Ya sea porque contrató el viaje directamente con la aerolínea como si lo hubiese hecho con la intermediación de una agencia de viajes.

Las aerolíneas, en referencia a las que están cobrando una suerte de penalidad por el cambio de fecha del vuelo, deben adaptar sus políticas a la situación actual. No pueden actuar como si todo transcurriera con normalidad. No pueden imponer al viajero (directamente o a través de las agencias de viajes) las condiciones contractuales acordadas ¿Por qué? Es que el contexto cambió, radicalmente, y los motivos de cambio no son por deseos, intereses o caprichos del turista, sino por una extrema necesidad dada la situación de público conocimiento no solo aquí, sino en el mundo.


Programa de asistencia de argentinos en el exterior por la pandemia del coronavirus COVID-19

29 de marzo de 2020

En el día de hoy, se publicó en el Boletín Oficial, la Resolución 62/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. De dicha Resolución se destaca lo siguiente:

Creación del programa de asistencia de argentinos varados en el exterior, en el marco de la pandemia de coronavirus, con el objetivo de asistir a los nacionales argentinos o residentes en el país que no pudieran ingresar al país.

Se delega en los consulados, la adopción de medidas para garantizar: hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y demás necesidades. Para ello se considerará que los mismos se encuentren en situación de vulnerabilidad y no puedan resolverlo por sus propios medios.


La imposibilidad de cumplimiento en los contratos de servicios turísticos

19 de marzo de 2020

Introducción

La “imposibilidad de cumplimiento” está regulada en los artículos 955 y 956 del CCyC. Es así como el artículo 955 dice que la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Por su parte, el artículo 956 se expresa sobre la Imposibilidad temporaria, conceptuándola como la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial, o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible.

Ello implica que el hecho de cumplir con la obligación debe ser material y jurídicamente posible, tanto al momento de su nacimiento como a lo largo de toda su existencia (art. 725 CCyC). Pregunto ¿es posible cumplir con todas las prestaciones? Para imaginar esta respuesta, se debe considerar que:

Muchos países están cerrando sus fronteras. Por ejemplo, en nuestra región, casi todos los países han cerrado sus fronteras y restaban conocer medidas al respecto por parte de Chile, Bolivia y Brasil. Bueno, ahora el país transandino cerró sus fronteras el 18 de marzo y se estima, altamente probable, que los dos estados restantes lo harán el 21 del mismo mes.[2]

Argentina, en el plano local, impedirá los transportes de personas dentro de país hasta el 25 de marzo, afectando vuelos de cabotaje y traslados por micro de larga distancia como por tren.[3]

Los prestadores están limitando o bloqueando el desarrollo de sus servicios locales.[4]

Ante esto, los profesionales del derecho decimos que la obligación sería nula por falta de objeto (cumplimiento de la prestación) en caso de que este fuera de cumplimiento imposible desde su origen.

Ahora bien, puede suceder que la imposibilidad de cumplimiento, en vez de originaria, sea sobreviniente. En otras palabras, una obligación que nace como posible (que tiene existencia y eficacia jurídica), pero cuyo objeto deviene de cumplimiento imposible por caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, esto es lo que sucede actualmente, con las consecuencias jurídicas del COVID-19 en muchas actividades, pero fundamentalmente con el turismo en general. Es importante resaltar que la imposibilidad sobrevenida determina un incumplimiento definitivo e irreversible o bien uno temporario.

En la medida en que tal imposibilidad no resulte imputable al deudor, la obligación se extinguirá con todos sus accesorios, sin generar ningún tipo de responsabilidad. Ello es así toda vez que nadie puede ser obligado a hacer lo imposible ni responsabilizado por acontecimientos que no puede evitar. Si miramos los vínculos jurídicos desde la óptica del viajero, es fácilmente apreciable esta condición de no imputabilidad de la situación al turista.

¿Qué podemos decir de la imposibilidad? En primer lugar, debe tratarse de una imposibilidad de cumplimiento y no de una mera dificultad. Esto es, el objeto debe tornarse irrealizable. No basta con que el comportamiento sea sumamente complicado, en cuyo caso el deudor se encuentra compelido a cumplir, más allá de que pueda invocar alguna figura legal como —por ejemplo— la imprevisión (art. 1091 CCyC).

El brote de coronavirus ¿es una imposibilidad de cumplimiento y no de una mera dificultad? Considero que, de acuerdo con la idiosincrasia natural de las prestaciones turísticas donde el servicio turístico contratado sea único o una combinación de muchos otros, se relaciona con la lógica motivación del turista. Que es el de disfrutar de un momento de ocio, de un lugar, de un servicio, de una experiencia, etc. Nadie viaja al exterior, por ejemplo, para conocer el aeropuerto y regresar a su casa ¿no? Ahora, con ello, resulta más claro entender que las consecuencias del brote de coronavirus, de público conocimiento a nivel local e internacional, no son unas meras dificultades sino una rotunda imposibilidad de cumplimiento de la obligación.

Requisitos de la imposibilidad de pago

Repasemos los aspectos de la fundamentación. Para que opere la extinción de la obligación por imposibilidad sobrevenida se necesita, entonces, la presencia de los siguientes requisitos:

Imposibilidad material o legal sobreviniente. Antes que nada, es preciso remarcar que la imposibilidad es sobreviniente cuando es posterior al acto que dio nacimiento a la obligación. Ahora, la imposibilidad puede ser tanto material como legal. Será material cuando se trata de un impedimento físico o fáctico. En cambio, es legal cuando el ordenamiento jurídico impide el cumplimiento de la prestación debida. Lo que se argumenta, entorno al brote de coronavirus es, sin dudas, una conjunción de imposibilidad material (impedimentos para el goce de algunos o todos los servicios turísticos locales, relacionados con el servicio contratado) como de imposibilidad legal (cierre de fronteras de muchos países sumado al bloqueo de servicios de transporte local).

Imposibilidad objetiva. La imposibilidad es objetiva cuando la prestación no puede ser cumplida por ninguna persona, mientras que es subjetiva cuando no puede ser cumplida por el deudor concreto. Esta noción estricta de imposibilidad objetiva podía conllevar a situaciones injustas, por lo que se considera que en realidad se manifiesta cuando el impedimento va referido a la prestación en sí y por sí considerada; esto es, cuando se trata de un obstáculo inherente a la propia identidad intrínseca del objeto de la prestación. Por otra parte, la imposibilidad es subjetiva cuando atañe a condiciones personales o patrimoniales propias del deudor, que no están ligadas a la prestación. En este contexto, un impedimento que solo afecta al deudor (como la pérdida de la visión para realizar un retrato) puede ser tenido en cuenta para configurar una imposibilidad objetiva. Es que en este supuesto el inconveniente está íntimamente relacionado con la prestación. La imposibilidad objetiva requerida por la norma, entonces, pondera la prestación en sí misma considerada, con abstracción de todo elemento extrínseco. Los impedimentos puramente subjetivos del deudor no quedarán abarcados en esta especie a menos que las características personales estén contenidas en la prestación. Claramente, la imposibilidad con motivo de COVID-19 no atañe, en absoluto, a cuestiones subjetivas, sino que obedece a los parámetros de objetividad, exigidos por la norma legal.

Imposibilidad absoluta. La imposibilidad es absoluta cuando la obligación no puede ser cumplida mediante un esfuerzo posible de alguna de las partes. Bien, como se expresa en los párrafos anteriores, las causas de imposibilidad afectan uno o varios de los servicios contratados, sumado el aspecto de la finalidad de las partes, que se frustra (al menos la del viajero) al no poder hacer un goce pleno del servicio contratado.

Causas no imputables al deudor. Es fundamental que dicho impedimento no haya sido provocado por causas imputables al obrar del deudor. Esto significa, que no haya habido una conducta culposa o dolosa del sujeto pasivo que haya generado la imposibilidad.

Caracteres del caso fortuito o fuerza mayor. En términos claros, que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido evitarse. Los casos actuales son consecuencia de contratos celebrados en un periodo en el que era imprevisible este contexto actual.

Ahora, siguiendo la línea de aclarar las cuestiones argumentales de la imposibilidad, se debe distinguir la imposibilidad definitiva de la temporaria. La imposibilidad es definitiva cuando la prestación ya no es susceptible de ser cumplida posteriormente. En cambio, la imposibilidad es temporaria cuando la prestación es aún posible de ser realizada con posterioridad e idónea para satisfacer el interés del acreedor. Esto significa que el impedimento habrá de desaparecer en el futuro. Por lo tanto, la imposibilidad transitoria no alcanza para liberar al deudor y extinguir la obligación.

Ante esto, es factible asociar a los efectos del COVID-19 frente a los contratos turísticos como una causa de impedimento definitivo, en la medida que la realización a futuro del viaje contratado pierda total valor para el viajero, pero es posible que, en muchos casos, el viaje sí podría realizarse luego, ante lo cual se estará frente a una imposibilidad temporaria.

Bueno, para la mayoría de los contratos, cuya imposibilidad sería temporaria, justificaría la extinción del contrato si el plazo de desarrollo del viaje es esencial para alguna de las partes (por ejemplo, el viajero), o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible.

Sobre la frustración irreversible del interés del acreedor cabe aclarar que alude a una simple interrogante ¿tiene importancia, para el acreedor, que el deudor cumpla con su obligación, más adelante? Sucede que, en algunas ocasiones, la ejecución tardía de la prestación contractual puede resultar inútil o carecer de suficiente interés para el acreedor. Digo ¿es de interés para el dueño de unas cabañas que el viajero viaje a su prestación más adelante? Si bien ello será analizado en cada caso particular, por las mismas partes, me atrevo a concluir que, dado este contexto social y económico será de mucho valor ello. No sólo para el prestador en si, que en su mayoría (aludiendo de la realidad local) son pequeñas y medianas empresas. Pero, si no llegase a ser de utilidad, es el acreedor quien tiene el derecho de invocar la imposibilidad temporaria con una imposibilidad definitiva y disolver el contrato.

Conclusión

Al viajero

En estos momentos le recomiendo no viajar, al menos durante este marco de dificultad e inseguridad para su salud como la de su círculo familiar y social, y en virtud de ello renegocie las condiciones contractuales dado que el contexto ha cambiado radicalmente. Es cierto que, en caso de querer cancelar el servicio tienen el derecho de exigir el reintegro de todo lo pagado, pero es importante que se consideren las siguientes cuestiones:

Los pagos realizados en concepto de impuestos y tasas serán, muy probablemente, objeto de una larga y complicada travesía judicial. Es que esos pagos ya fueron aportados a las cajas del estado, el verdadero acreedor, y es ante él con quien deben reclamar la devolución. ¿Corresponde la devolución? Sí, pero no creo que sea un problema de fácil resolución, al menos en términos prácticos.

Muchas empresas de servicios turísticos -pese a que otras no- están ajustando y adecuando sus políticas de cancelaciones/modificaciones en virtud de este contexto, por lo que la buena fe (deber de obligación para el prestador y al viajero, por igual) resultará evidente en una sola parte y ello implicaría, probablemente, que la devolución sufra razonables quitas por gastos realizados que no puedan devolverse.

Por último, y no por ello menos importante, seamos conscientes de que el impacto de una cancelación es muy grave, frente a la eventualidad de reprogramar para más adelante. No quiero pecar de demagogia, pero en estos momentos, de difícil situación para todos, y por ende las PyMES en turismo, una reprogramación ayudaría mucho a ellas y al mantenimiento de fuentes de trabajo. Claro, todo ello si la situación particular del viajero lo permite.

Al prestador de servicios turísticos 

Al prestador de servicios turísticos, hay que recordar que la norma jurídica (CCyC y Derecho del Consumo) exige un deber de asistencia al cliente, por lo que es fundamental que agoten todos sus recursos para asistir a todos los viajeros que están insertos en el panorama de la incertidumbre.

No quiero ser injusto, me consta que muchos están desbordados, pero pese a ello se encuentran abocados para asistir a sus turistas. Pero me llegan comentarios de algunos casos en que los turistas no tienen ninguna indicación por parte de su agente de viajes, o incluso aerolíneas que emiten respuestas pre formateadas, pero no acordes a la consulta.

Ahora, sobre las políticas de cancelación/modificación, aquellos que no las ajustaron considerando este contexto, sepan que tienen un deber de actuar de buena fe para con su viajero, sumado al aspecto que l viajero podría exigirles un esfuerzo compartido, en el marco de dicha buena fe, o incluso decidir finiquitar el contrato sin costos adicionales.

Dicho de otra manera, en caso de cobrar una penalidad, sin fundamento legal (sabiendo que el contexto de COVID-19 exige por parte de ustedes una consideración al respecto y no avalaría una postura displicente tendiente a aplicar las cláusulas contractuales como si nada hubiera sucedido.

Desde mi humilde lugar, me tomo la libertad de recomendarles que disminuyan las diferencias y acuerden con sus viajeros una manera equitativa para resolver el contrato, sabiendo que pueden orientar su esfuerzo a convenir con el turista una prórroga en la fecha de viaje.

Sepan que las conciliaciones preventivas, solucionando los conflictos con el cliente, impactan positivamente no solo en el cliente, dejando una buena impresión y con ello su reputación comercial, sino reduce, a lo largo, el consumo de sus recursos evitando asumir gastos de consulta y asesoramiento de profesionales del derecho -como quién les escribe- gastos de mediación, conciliación y/o juicio y los intereses del monto objeto de reclamo por el demandante, ante la eventualidad de perder el juicio.

Bibliografía

Borda, Alejandro. Derecho privado: obligaciones. 1a. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2017. ISBN 978-987-03-3242-8

Centanaro, Esteban. Manual de contratos. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2015. ISBN 978-987-03-2881-0.

Rivera, Julio César. Contratos, parte general. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2017. ISBN 978-950-20-2841-5

Vítolo, Daniel R. Manual de Contratos. 1a. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Estudio, 2017. ISBN 978-950-897-544-7.


Las agencias de viajes, los hoteles y las plataformas online de viajes tendrán que devolver el dinero de las reservas a los viajeros

El 18 de marzo

Atención viajeros, en el día de hoy, 18 de marzo de 2020, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación publicó dos resoluciones en el Boletín Oficial, siendo obligatorias desde hoy. La Resolución 131/2020 aborda temas como: devolución por concepto de reservas, bloqueo de servicios. Por su lado, la Resolución 133/2020 alude a temas propios de los agentes de viajes y sus trámites ante el organismo de control. Me gustaría compartírselas, con un breve comentario al final. Veamos.

Resolución 131/2020

ARTÍCULO 1°.- Establécese que los Agentes de Viaje y los establecimientos hoteleros de la REPÚBLICA ARGENTINA deberán devolver a los turistas usuarios toda suma de dinero que hubieren percibido en concepto de reserva por alojamientos a ser usufructuados durante el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de la presente medida y el 31 de marzo del año en curso.

ARTÍCULO 2°.- Durante el periodo indicado en el artículo precedente, los establecimientos hoteleros sólo podrán brindar alojamiento a los ciudadanos extranjeros no residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA. Asimismo, quienes se encuentren en situación de aislamiento obligatorio en virtud de las medidas dictadas por la Autoridad Sanitaria en relación con el coronavirus COVID-19 podrán continuar su estadía en el establecimiento. Establécese que los hoteles no podrán brindar alojamiento, por el periodo señalado, a quienes no se encuentren comprendidos en el párrafo precedente.

Comentario sobre la Resolución 131/2020

Con esta Resolución tengo sensaciones encontradas. Es que considero que la medida obedece a temas de necesidad por el viajero, ya que algunos prestadores están siendo poco flexibles con sus políticas contractuales en este contexto del brote de coronavirus COVID-19. Más adelante les voy a compartir una publicación sobre las políticas contractuales en estos días.

Bueno, como les decía, me parece una resolución con buenas intenciones, pero el problema (lamento decirlo) es que supera sus propias competencias. Respecto a las Agencias de viajes, el referido Ministerio es el Organismo de control, pero no puede modificar en cuestiones que hacen a la relación contractual, con sus clientes, para ello está el Código Civil y Comercial de la Nación.

En efecto, en dicho Código, los viajeros disponen de una legal justificación, llamada imposibilidad de pago. Dice el artículo 955 del Código que la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados.

No se olviden que, más adelante, publicaré un posteo sobre este tema, para orientarlos mejor.

Ahora ¿qué sucede con los hoteles? Aquí el asunto se pone más oscuro. Y es que la actividad hotelera, como para hotelera y extra hotelera (en adelante, aludiré a las tres como “alojamiento turístico”) son de competencia jurídica de cada provincia. Es una actividad jurisdiccional que las provincias no delegaron a la Nación.

En efecto, el artículo 121 de la Constitución Nacional expresa que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal […].

¿Entonces? En mi opinión, dicha resolución tiene una finalidad propia y benéfica para el viajero, la cual comparto desde el sentido común y el sentido jurídico, por llamarlos de alguna manera, pero es probable que en lo sucesivo sucedan cuestionamientos formales.

Dicho esto, aprovecho para recordarles a los prestadores de servicios turísticos que por más cuestionamientos legales que presenten sobre ésta Resolución, lo que allí se expresa tiene, indirectamente, un respaldo normativo. Digo, si no quieren cumplir con lo allí expresado en la Resolución, sepan que deberán cumplir con ello, a la corta o a la larga (aquí deben sumar intereses y gastos del proceso judicial) por determinación del Código Civil y Comercial.

Resolución 133/2020

ARTÍCULO 1°.- Suspéndense por los motivos expresados en el Considerando de la presente medida hasta el 15 de abril del año en curso, inclusive, los plazos de todos los trámites que las Agencias de Viajes deban cumplir ante esta Cartera.

ARTÍCULO 2°.- Otórgase un plazo adicional de QUINCE (15) días, comprendido entre el 16 y el 30 de abril del año en curso, a las Agencias de Viaje que no hayan presentado a la fecha la renovación de las garantías correspondientes al Fondo de Garantía previsto en los artículos 6º de la Ley Nº 18.829 y 6º de su Decreto Reglamentario Nº 2182/72.

ARTÍCULO 3°.- Dispénsese del pago del arancel establecido en la Resolución N° 204/06 de la entonces SECRETARÍA DE TURISMO a las presentaciones de renovación del Fondo de Garantía que se efectúen en el marco de lo dispuesto en el artículo precedente.

Comentario sobre la Resolución 133/2020

Aquí no hay mucho por añadir, simplemente avisarle al lector que la resolución, con respaldo legal dado que ello -a diferencia de la resolución anterior- es pleno ejercicio de sus competencias. Y la misma exime a los agentes de viajes de realizar trámites ante el Organismo de control, como prorrogando fechas de vencimiento para presentación de renovación de garantías (atención al viajero, esta garantía no sirve para imputarla, en un reclamo judicial, para cobro de indemnizaciones). Y, finalmente, dispensa a los agentes de viajes del pago del arancel correspondiente a la mencionada garantía.


Comentarios sobre los contratos turísticos en tiempos de coronavirus

18 de marzo de 2020

Normalmente, cuando el viajero acuerda un servicio (contrato) lo hace en un marco legal determinado, digo: los términos y condiciones que usualmente son informados antes de firmar, pagar o dar un simple ok a la contratación.

Aprovecho para decirles que estos términos y condiciones son obligatorios, siempre y cuando hayan sido informados previamente, por el prestados, y que éstos sean entendidos por el viajero. Algo que a veces, no sucede. Estén atentos.

Bueno, siguiendo con la propuesta inicial, decía que usualmente los contratos se ejecutan de acuerdo con lo allí previsto, tanto en el desarrollo del servicio prometido como en las eventualidades (incumplimientos, retrasos, etc.).

Ahora bien, no cabe duda que el brote del coronavirus COVID-19 plantea un escenario totalmente imprevisible (lo que configura una imposibilidad de cumplimiento. Luego, más abajo, les explicaré que significa esto) y como tal amerita que el prestador como el viajero consideren y realicen un esfuerzo conjunto

¿A qué me refiero con esfuerzo compartido? Que las partes del contrato (viajero y prestador) entiendan que el contexto amerita a que actúen de buena fe para ajustar las eventualidades.

Aclaro que el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC en adelante) obliga a las partes a actuar con buena fe.

Dice el artículo 961 CCyC que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor.

Es decir, el prestador no puede pretender que el viajero realice el viaje como si nada hubiese sucedido o que, ante el pedido de cambio de fecha, aplique los términos y condiciones por cancelaciones, sino que debe ser considerado de este imprevisto y disponer todos los recursos a su alcance para renegociar el contrato. En efecto, muchas empresas turísticas, en estos días, han comunicado que modificaron sus condiciones para que sus clientes puedan modificar la fecha de servicio sin costos. Pero claro, no todos han actuado así

¿Y el viajero? Al igual que con el prestador, el turista debe, también, bien predisponerse a considerar el contexto y no pretender que ante el no desarrollo del viaje o la posibilidad de que, en caso de viajar, el viaje no sea lo mismo (dado que han cerrado al público muchos comercios, prestadores turísticos locales, establecimientos, parques, etc.) exija la devolución más una penalidad.

Si el viajero se plantea la posibilidad de pedir reintegros, les adelanto sí. Pueden hacerlo. Pero, sin pretender ser demagógico, quiero ampliar el panorama. Hoy por hoy, en este contexto difícil para todos, lo mejor sería que, aquellos que pueden hacerlo, se abran a la aceptación por los prestadores turísticos para dejar posponer la fecha de inicio de viaje, cuando todo pase. Esto ayudará a mantener las fuentes laborales de estos prestadores que, en su enorme mayoría, son PyMES.

Otro tema, y muy distinto, son los casos de los prestadores que les comunican a los viajeros que sí pueden modificar la fecha del viaje, pero abonando una penalidad. 

Aprovecho para recordarles a los prestadores que, en caso de cobrar un costo por el pedido de modificación, deben ser razonables y aplicar lo que sea realmente necesario e inevitable. En este caso, sería prudente que desarrollen un deber de información con el viajero, y justifiquen dichos cobros. Digo, para evitar malentendidos y eventuales reclamos.

La situación de cobros de penalidades, algunas altas y otras muy altas, ha sido muy recurrente en consultas privadas que me llegaron. Bueno, si alguno de ustedes (viajeros) les pasó esto. Sepan que pueden reclamar para que el prestador realice, junto con ustedes, un esfuerzo compartido (ese esfuerzo conjunto que aludía antes). No quiero ser insistente, pero cuando decía esfuerzo compartido, en este supuesto podemos traficarlos de la siguiente manera:

El viajero desiste de su deseo original, el de viajar en una fecha determinada, aceptando viajar luego.

El prestador desiste de su deseo de realizar el viaje en una fecha y flexibiliza su política de cancelaciones/modificaciones, no trasladando costos que no sean realmente necesario y evitables.

Entonces ¿qué conviene hacer frente a estos casos?

No perdiendo de vista el enfoque legal, me atrevo a dar una sugerencia a las partes de un contrato de servicios turísticos.

Al viajero 

Le recomiendo no viajar, al menos durante este marco de dificultad e inseguridad para su salud como la de su círculo familiar y social, y en virtud de ello renegocie las condiciones contractuales dado que el contexto ha cambiado radicalmente.

Es cierto que, en caso de querer cancelar el servicio tienen el derecho de exigir el reintegro de todo lo pagado, pero es importante que se consideren las siguientes cuestiones:

Los pagos realizados en concepto de impuestos y tasas serán, muy probablemente, objeto de una larga y complicada travesía judicial. Es que esos pagos ya fueron aportados a las cajas del estado, el verdadero acreedor, y es ante él con quien deben reclamar la devolución. ¿Corresponde la devolución? Sí, pero no creo que sea un problema de fácil resolución, al menos en términos prácticos.

Muchas empresas de servicios turísticos -pese a que otras no- están ajustando y adecuando sus políticas de cancelaciones/modificaciones en virtud de este contexto, por lo que la buena fe (deber de obligación para el prestador y al viajero, por igual) resultará evidente en una sola parte y ello implicaría, probablemente, que la devolución sufra razonables quitas por gastos realizados que no puedan devolverse.

Por último, y no por ello menos importante, seamos conscientes de que el impacto de una cancelación es muy grave, frente a la eventualidad de reprogramar para más adelante. No quiero pecar de demagogia, pero en estos momentos, de difícil situación para todos, y por ende las PyMES en turismo, una reprogramación ayudaría mucho a ellas y al mantenimiento de fuentes de trabajo. Claro, todo ello si la situación particular del viajero lo permite.

Al prestador de servicios turísticos 

Antes que nada, recordar que la norma jurídica (CCyC y Derecho del Consumo) exige un deber de asistencia al cliente, por lo que es fundamental que agoten todos sus recursos para asistir a todos los viajeros que están insertos en el panorama de la incertidumbre.

No quiero ser injusto, me consta que muchos están desbordados pero pese a ello se encuentran abocados para asistir a sus turistas. Pero me llegan comentarios de algunos casos en que los turistas no tienen ninguna indicación por parte de su agente de viajes, o incluso aerolíneas que emiten respuestas pre formateadas pero no acordes a la consulta .

Ahora, sobre las políticas de cancelación/modificación, aquellos que no las ajustaron considerando este contexto, sepan que tienen un deber de actuar de buena fe para con su viajero, sumado al aspecto que l viajero podría exigirles un esfuerzo compartido, en el marco de dicha buena fe, o incluso decidir finiquitar el contrato sin costos adicionales. 

Dicho de otra manera, en caso de cobrar una penalidad, sin fundamento legal (sabiendo que el contexto de COVID-19 exige por parte de ustedes una consideración al respecto y no avalaría una postura displicente tendiente a aplicar las cláusulas contractuales como si nada hubiera sucedido.

Desde mi humilde lugar, me tomo la libertad de recomendarles que disminuyan las diferencias y acuerden con sus viajeros una manera equitativa para resolver el contrato, sabiendo que pueden orientar sus esfuerzo a convenir con el turista una prórroga en la fecha de viaje.

Sepan que las conciliaciones preventivas, solucionando los conflictos con el cliente, impactan positivamente no solo en el cliente, dejando una buena impresión y con ello su reputación comercial, sino reduce, a lo largo, el consumo de sus recursos evitando asumir gastos de consulta y asesoramiento de profesionales del derecho -como quién les escribe- gastos de mediación, conciliación y/o juicio y los intereses del monto objeto de reclamo por el demandante, ante la eventualidad de perder el juicio.

Como dice el dicho, es mejor prevenir que curar.

Bueno, espero que esta publicación les haya sido de utilidad.


¿El viajero debe leer todo el contrato de servicios turísticos? Sí y en esta publicación te explico las razones

11 de marzo de 2020

Una situación muy presente es cuando el viajero, ante algún inconveniente o suceso, plantea un reclamo y allí se toma conocimiento de determina o determinadas cláusulas contractuales.

Es cierto que, en algunas oportunidades, dichas condiciones no han sido debidamente comunicadas. En este supuesto, la responsabilidad recae pura y exclusivamente sobre el prestador del servicio. Es éste quién tiene el deber de informar, entre otros temas, tales términos legales.

Pero también ocurre que es el mismo viajero que, por diversos motivos, no se detiene a leer las condiciones que le han sido puestas a disposición y no las leyó o, en el mejor de los casos, lo hizo pero leyendo entre líneas.

Siempre se debe leer todas las condiciones del contrato (muchas veces materializado en los famosos términos y condiciones) que voy a acordar mediante una firma, un pago o hasta un simple “acepto” en una plataforma digital.

¿Qué hago si no comprendo? Pregunten todo (si, todo) lo que no entienden antes de aceptar y/o pagar el servicio. Recuerden que el prestador tiene el deber de informar y, por ende, de responder todas sus inquietudes.

Quizás, a esta altura, se pregunten las ventajas de leer todas las condiciones. Bueno, de esa manera no sólo pueden tener mucha más información para decidir, con toda libertad, si contratan o no. Sino que, además, pueden anticipar problemas sabiendo cómo actuará el prestador ante algún suceso que, directa o indirectamente, genere disconformidad en ustedes.

No pierdan de vista que las obligaciones jurídicas, generalmente, se componen de un deudor y un acreedor de manera compartida. Es decir, quien es deudor es, también acreedor. Para ser claro, el turista es deudor frente al prestador turístico en lo que respecta al pago del servicio, pero dicho turista es acreedor frente al mismo prestador, en el derecho de exigir una prestación óptima del servicio contratado ¿Qué sería una prestación óptima? El desarrollo del servicio de acuerdo a todas las condiciones informadas (por escrito y oralmente) antes de aceptar el contrato.

Bueno, esto que les digo cobra mucho valor en este contexto del turismo con el brote de coronavirus (COVID-19). Ayer les compartí un artículo extenso pero, a mi entender, de mucha utilidad para el turista, sobre la posibilidad de cancelar o suspender mis servicios turísticos contratados ante el referido virus. 

Alli les decía que dicho brote es un supuesto de imprevisibilidad y como tal un eximente de responsabilidad (tales como: caso fortuito, fuerza mayor, imposibilidad de incumplimiento, etc.). Pero no siempre es así. El artículo 1733 del Código Civil y Comercial de la Nación delimita el uso de estos eximentes de responsabilidad. Es así como el deudor (es decir, quién debe realizar o dar algo) que, como les decía antes, puede ser el prestador del servicio turístico o el mismo turista, debe cumplir con su deuda pese a que ocurra uno de los eximentes de responsabilidad. 

En otras palabras, el deudor es responsable de su incumplimiento, pese a ocurrir un suceso de caso fortuito, fuerza mayor, imposibilidad de cumplimiento, entre otros, en los siguientes casos:

Que se pacte expresamente en el contrato que se debe responder igualmente. Aquí se respeta la autonomía de la voluntad de las partes en determinar el contenido del contrato.

El ordenamiento jurídico disponga, excepcionalmente, que se debe responder igualmente. Por ejemplo, el deudor que está constituido en mora.

Que se haya constituido en mora al deudor, salvo que la mora sea indiferente ante el caso fortuito o incumplimiento del contrato. Es decir, que el incumplimiento habría ocurrido igualmente con independencia del retardo del deudor en el pago. Por ejemplo, una ley que prohíbe, ahora, la fijación de carteles luminosos sobre las principales avenidas de la ciudad, cuando antes si se permitían.

Si el caso fortuito o la imposibilidad son consecuencia de la culpa del deudor. Por ejemplo, un guía de excursión no toma los recaudos necesarios para prever que se avecina una tormenta, y luego, durante la excursión sobre la montaña acontecen sucesos climatológicos que derivan de diversos daños a los turistas.

Si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento son circunstancias comunes al riesgo de la cosa o de la actividad. Por ejemplo, los huracanes en el caribe. También, si un ómnibus de larga distancia colisiona con un vehículo por una maniobra errada del tercero, aunque los frenos del ómnibus no funcionaban del todo bien, pero de haber funcionado correctamente se habría evitado los daños sucedidos a los pasajeros, en cuyo caso, de haberse realizado las revisiones preventivas y oportunas se habría detectado el problema.

Si el daño proviene de un hecho ilícito. En cuyo caso, tales eximentes de responsabilidad no lo cubrirán del deber de compensar al dañado. Aquí se castiga la mala fe del sujeto que provoca el daño.

De todos esos casos que menciona el citado artículo del Código, me interesa destacar el primero. Allí se alude directamente si en el contrato se previó seguir adelante pese a que ocurra un caso fortuito o fuerza mayor que no impida, totalmente, el desarrollo del viaje. Por ejemplo, todos los turistas que tienen que viajar a otros países con casos de contagio presentados, pero que dicho país no ha sido declarado como de riesgo. China (en la ciudad de Wuhan se originó esta nueva cepa), Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania son, hasta ahora, los 8 países de alto riesgo para la Argentina.

Entonces ¿puedo cancelar mi viaje? En principio te digo que sí, mas allá de que muchos prestadores ya están tomando acciones al respecto, en beneficio de los intereses del turista. Pero en el caso de que su prestador no acceda, antes de reclamar vean las condiciones contractuales que consintieron, sabiendo que si las mismas no se las informaron antes (por mail, escrito, etc.) no son válidas y no tienen obligación de acatarlas.


El impuesto PAIS en turismo

19 de febrero de 2020

Hola a todos, les comparto un artículo que escribí sobre el tan mencionado impuesto PAIS y que se publicó en ElDial.com (elDial.com – DC297B). Espero que les interese.

El impuesto PAIS -“Para una Argentina Inclusiva y Solidaria”- se ha sancionado a través de la ley 27.541, la que si bien se publicó alrededor de las 17:00 hs. del 23 de diciembre del 2019, rige desde las 00:00 hs. de ese día, debido a lo que expresa su artículo 87 el cuál dice “La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina”.

Luego ha sido reglamentada por el Decreto 99/2019, publicado en el BO (Boletín Oficial) el 28 de diciembre del 2019 y finalmente -por ahora- se complementó con el dictado de la Resolución General 4659/2020 dictada por AFIP y publicada el 7 de enero de este año. Es importante destacar que ambas normas complementarias expresan que su aplicación se vincula a la vigencia de la ley. Es decir, todo lo que concierne al impuesto PAIS rige, como dijera antes, desde las 00:00 hs. del 23 de diciembre del 2019.

Consideraciones desde la ley 27.541

El Senado argentino aprobó, a través de la ley 27.541 la tan mencionada ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. En dicha ley, hay algunas cuestiones interesantes para el sector turístico. Ellas se pueden observar en las referencias sobre el “impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAÍS)”, tratada en los artículos 35 y siguientes. Repasemos algunas de ellas.

Es un impuesto con carácter de emergencia y su vigencia será por los próximos cinco periodos fiscales. Es decir, por los próximos cinco años calendario para las personas humanas, y en el caso de las personas jurídicas estará atado con relación a sus cierre de ejercicio.

¿Qué actividades considera este impuesto? Las siguientes:

Compra de divisas. No importa la finalidad de la compra de divisas.

Cambio de divisas para el pago de bienes o servicios, mediante tarjetas de crédito o débito, efectuadas en el exterior. Cualquier tipo de bien o de servicios.

Compras realizadas a través de plataformas web (incluye Apps) cuyo pago se realice a través de una divisa.

Adquisición de servicios, en el exterior, a través de Agencias de Viajes.

Adquisición de servicios de transporte de pasajeros, cualquier medio, con destino final en el exterior, siempre que en dicha operación se deba acceder al mercado de cambios a fin de adquirir las divisas correspondientes.

Es decir, a dichas actividades este impuesto las gravará con una alícuota del 30%. Siempre será sobre el total, a excepción de la compra de pasajes, en cuyo casó se gravará solamente el costo del pasaje, sin considerar las tasas y los impuestos.

¿Quiénes deben materializar el cobro de este impuesto? Son los agentes de percepción, es decir: quien venda las divisas, las tarjetas de crédito o débito, los agentes de viajes y las empresas de transporte de pasajeros. Siempre será sobre el total de la operación, a excepción de lo expresado en el párrafo anterior.

¿Qué cotización se debe considerar? Como indica el artículo 39, se debe atender la cotización publicada por el Banco de la Nación Argentina, al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha de emisión del resumen, liquidación y/o factura.

¿Quiénes son los obligados a pagar el impuesto? Las personas (humanas o jurídicas) residentes en el país. Recordemos que, de acuerdo al derecho tributario, se considera residente a la persona que reside  6 meses en el país, respecto del año fiscal, no siendo necesario que la permanencia temporal sea continua.

Ahora, como suele suceder en materia impositiva, las leyes determinan sujetos que oficiarán de agentes de percepción. Es así que, a los fines de esta ley, los agentes de percepción son:

Los bancos autorizados por el BCRA.

Los sujetos que gestionen el cobro de cambio de divisas para adquirir un bien o un servicio (por ejemplo: tarjetas de créditos, de débito, Airbnb, Booking, Netflix, etcétera).

Los agentes de viajes.

Las empresas de transporte de pasajeros.

Consideraciones desde el Decreto 99/2019

La reglamentación precisa que se considera a los fines del impuesto cualquier medio de pago que se utilice, y respecto de los casos en que se contrate servicios con agentes de viajes o pasajes con empresas de transporte de pasajeros, también se considera cualquier medio de pago en la medida que por la operación se debe acudir al mercado único y libre de cambios para adquirir las divisas necesarias para tal operación comercial.

Por un lado, se aclara que los servicios de transporte de pasajeros por vía terrestre, con destino a países limítrofes no deberán tributar el impuesto PAIS. Y por el otro, en el caso de prestaciones de servicios digitales (ver el artículo 3º, inc. “e”, apartado 21, inc. M de la Ley de Impuesto al Valor Agregado) el monto a aplicar en razón del impuesto PAIS será del 8% (no del 30% como sucede en otros casos).

Ahora, respecto a lo último, un tema muy conversado en el sector es la idea de equiparar la competitividad cuando los sitios como Airbnb o Booking (similares también) ofrezcan viajes en el país.

Cuando se habla de equiparar estas plataformas con las agencias cuando vendan viajes en el país. Pero la interpretación de “vender viajes” puede ser diversa. Muchos pueden interpretarlo como una referencia a la venta de un paquete de viajes combinado (esto es, la conjunción de dos o más servicios turísticos). En esta idea, cuando estas plataformas vendan un servicio turístico (tradicionalmente: alojamiento) tributarían el impuesto PAIS por el 8% (como sucede actualmente) y no por el 30%. Pero si venden dos o más servicios combinados deberían (de acuerdo a la noticia) tributar el 30% por dicho impuesto.

Ahora, no podemos dejar de lado el vigente marco legal de las agencias de viajes, materializada por la ley 18.829 (del año 1970) y su decreto reglamentario 2182/1972. Si, leyó bien, las normas que rigen a la actividad de los agentes de viajes data de la década del ´70. Bueno, dicha ley en su artículo 1º determina el conjunto de todas las actividades que caracterizan a una agencia de viajes y, por ende, para el desarrollo de alguna, o algunas, de ellas deberían contar con la autorización del actual Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación.

Ley 18.829, en su artículo 1º dice: “Quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen, en el territorio nacional, con o sin fines de lucro, en forma permanente, transitoria o accidental, algunas de las siguientes actividades:

a) La intermediación en la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero;

b) La intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero;

c) La organización de viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados viajes “a forfait”, en el país o en el extranjero;

d) La recepción o asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en el país, la prestación a los mismos de los servicios de guías turísticos y el despacho de sus equipajes;

e) La representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualesquiera de estos servicios;

f) La realización de actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo, las cuales se expresarán específicamente en la licencia respectiva. Será requisito ineludible para el ejercicio de estas actividades, el obtener previamente la respectiva licencia en el Registro de Agentes de Viajes que llevará el organismo de aplicación que fije el Poder Ejecutivo, el que determinará las normas y requisitos generales y de idoneidad para hacerla efectiva.”

¿Que significa todo ello? que si algún sujeto quisiera desarrollar alguna de las actividades detalladas en los seis incisos del artículo 1º, deberían contar con la autorización para actuar como agente de viajes, sin importar como se denominen en el mercado, dado que para la ley -al desarrollar alguna de dichas actividades- son agentes de viajes.

Para ser claro, en la actualidad estas plataformas digitales que intermedian en la oferta de servicios turísticos, como sucede con el inciso b) del artículo indicado, deberían habilitarse como agentes de viajes, y por ende, tributar el impuesto PAIS por el 30% y no por el 8% como sucede actualmente.

Ello así, dado que la ley 27.541 determina (en el artículo 35, inciso “d”) que la “adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo -mayoristas y/o minoristas-, del país” deben tributar por el 30%, pues la norma se refiere a agencias de viajes y turismo (equiparable al término “agente de viaje” de la ley 18.829) sin importar su modalidad operacional (venta presencial y/o digital), y en la medida que esté dentro del alcance normativo del impuesto mencionado.

Consideraciones desde la Resolución General 4659/2020

Aclara que las operaciones abonadas en pesos argentinos deberán afrontar el impuesto PAIS, por lo que aquellas operaciones abonadas por el cliente en la divisa pertinente, sea en efectivo o mediante una transferencia bancaria desde una cuenta en dólares, por ejemplo, no debe gravarse con el referido impuesto.

Pero -importante- en caso de abonar en efectivo un paquete turístico o un pasaje al exterior se debe abonar un impuesto por el 5%.

¿Qué sucede si no se abonó el impuesto PAIS? Se debe abonar. Las percepciones realizadas entre el 23 de diciembre de 2019 y el 7 de enero del 2020, hay tiempo para abonarlas hasta el 20 de enero de este año para que el organismo de recaudación lo acepte como pagado en término. Es decir: no se aplicarán intereses por esa deuda ante el fisco.

¿Sobre qué monto se debe aplicar la percepción del impuesto PAIS? Ello dependerá de uno u otro caso. Veamos:

Si se trata de compra de divisa (supuesto del art. 35, inc “a”), se considerará el monto total en pesos utilizados para adquirir la divisa en cuestión.

Si se trata del cambio de divisa para adquirir un servicio o un bien  (supuesto del art. 35, inc “b” y “c”) también se considerará el monto total en pesos utilizados para adquirir la divisa en cuestión pero la cotización variará si la referida operación comercial se realizó en débito o crédito. Es decir, si la operación se realizó por débito, la cotización será la del día hábil anterior al débito, y si se realizó por crédito, la cotización será la del día hábil anterior a la fecha de emisión del resumen de tarjeta.

Si se trata contratación de servicios turísticos con agencias de viajes o por servicios de transporte terrestre al exterior  (supuesto del art. 35, inc “d” y “e”) se considerará el monto total en pesos utilizados para adquirir la divisa en cuestión, si la operación se realizó en efectivo y como se precisara en la viñeta anterior, si la operación se realizó con crédito o débito.

Consideraciones desde la Resolución General 4664/2020

En él día de hoy, se publicó en el BO la resolución general 4664/2020, en virtud de la cual AFIP aclara que para los casos de compra de pasajes con destino a las las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, no se aplicará el impuesto PAÍS.

En cuanto su vigencia, se aplica retroactivamente a la fecha de vigencia de la ley 27.541. Es decir, al 23 de diciembre de 2019.

De esta manera, se suma a la excepción antes fijada, respecto de los pasajes terrestres con destino a países limítrofes.

El ingreso de información en relación a la percepción realizada

Por un lado, los agentes de percepción (léase: agentes de viajes y empresas de transporte de pasajeros, en lo que al turismo respecta) deberán solicitar la inscripción a través del servicio con clave fiscal “Sistema Registral” en el/los Régimen/es del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria.

La percepción será aplicable en la medida y proporción que se abonen en pesos las operaciones alcanzadas. En otras palabras, aplica sobre la totalidad de pesos utilizados para pagar y que se corresponda con la necesidad de cambiar esos pesos por alguna divisa.

En el caso de las adquisiciones contempladas en los incisos “d” y “e” del artículo 35 de la ley 27.541 (agentes de viajes y empresas de transporte de pasajeros), estarán alcanzadas cuando en cualquier etapa de la operatoria se deba acceder al mercado único y libre de cambios a efectos de la adquisición de las divisas correspondientes para su cancelación. Es decir, si se paga en alguna divisa directamente, sea en efectivo a por transferencia bancaria desde una cuenta en moneda extranjera, no aplica. Y si se abona parte en pesos y el resto en la divisa particular, el impuesto gravará solamente la parte en pesos. Claro, siempre y cuando el agente de viajes o la empresa de transporte necesite, en algún momento, cambiar esos pesos por alguna divisa.

Y, importante, cuando se trate de pasajes al exterior por vía terrestre y cuyo destino sea algún país limítrofe, no aplica este impuesto. Y en los restantes casos que aplica, recordar que el impuesto alcanza el neto de la operación, dejando de lado los impuestos y tasas correspondientes

¿Cómo se practica la percepción? AFIP recuerda que el ingreso de las percepciones practicadas se efectuará por períodos semanales:

Percepciones practicadas por períodos semanales

Cuota semanal NºPERCEPCIONES PRACTICADAS ENTRE LOS DÍAS DE CADA MESFECHA DE VENCIMIENTO
11 al 7Tercer día hábil siguiente al del último día indicado
28 al 15Tercer día hábil siguiente al del último día indicado
316 al 22Tercer día hábil siguiente al del último día indicado
423 al último día de cada mesTercer día hábil siguiente al del último día indicado.
Fuente: AFIP

A los efectos de dicho ingreso, respecto de operaciones efectuadas mediante tarjetas de crédito, compra, prepagas y/o similares, los agentes de percepción y liquidación deberán considerar practicada la percepción en la fecha de cobro del resumen y/o liquidación, excepto en el supuesto de existir pagos efectuados por el adquirente, de manera previa a la fecha de cierre del resumen de cuenta o liquidación al que se pretende afectar, en cuyo caso esta última será considerada la fecha de percepción.

El aludido ingreso, así como -de corresponder- sus intereses resarcitorios, deberá realizarse mediante transferencia electrónica, utilizándose los códigos detallados a continuación:

IMPUESTOCONCEPTOSUBCONCEPTO
93927- PAGO A CUENTA27 – PAGO A CUENTA
93927 – PAGO A CUENTA51 – INTERESES RESARCITORIOS
Fuente: AFIP

La confección de la declaración jurada conteniendo la información nominativa de las percepciones practicadas en cada mes calendario se efectuará observando los procedimientos, plazos y demás condiciones del “Sistema de Control de Retenciones (SICORE)”, a cuyo efecto deberán utilizarse los siguientes códigos:

Códigos para realizar la confección de la declaración jurada

IMPUESTOCÓDIGO DE RÉGIMEN PARA PERCEPCIÓNDESCRIPCIÓN
939988Compra de billetes y divisas en moneda extranjera.
939989Pago de bienes y servicios en el exterior.
939990Pago de servicios prestados por sujetos no residentes.
939991Pago de servicios en el exterior contratados por Agentes de Viajes y Turismo.
939992Pago de servicios de transporte internacional de pasajeros.
939993Servicios Digitales del art. 3 Inc.e) apartado 21 sub apartado m) de la ley de IVA
Fuente: AFIP

En caso de surgir un saldo en la declaración jurada, deberá ingresarse con los siguientes códigos:

Códigos en caso de surgir un saldo en la declaración jurada

IMPUESTOCONCEPTOSUBCONCEPTO
93919 – DECLARACIÓN JURADA19 – DECLARACIÓN JURADA
93919 – DECLARACIÓN JURADA51 – INTERESES RESARCITORIOS
Fuente: AFIP

Cuando no corresponda la percepción practicada, el adquirente, prestatario y/o locatario podrá solicitar la devolución del gravamen percibido ante el agente de percepción correspondiente, presentando los antecedentes que justifiquen su petición, operación que quedará sujeta a las medidas de control que implemente este Organismo.

¿Qué sucede en los casos en que no se haya abonado el impuesto PAIS?

Los ciudadanos a quienes no se les hubiera practicado la percepción o aquellos a los que se les hubiese practicado en forma parcial, deberán abonar el impuesto no percibido hasta el día 25 del mes siguiente a aquel en que debió haberse practicado la aludida percepción, mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), utilizando los siguientes códigos:

Códigos para generar el Volante Electrónico de Pago (VEP)

IMPUESTOCONCEPTOSUBCONCEPTO
93843 PAGO A CUENTA/ AUTORRETENCIÓN/ AUTOPERCEPCIÓN43 PAGO A CUENTA/ AUTORRETENCIÓN/ AUTOPERCEPCIÓN
93843 PAGO A CUENTA/ AUTORRETENCIÓN/ AUTOPERCEPCIÓN51 INTERESES RESARCITORIOS
Fuente: AFIP

El período a consignar en el Volante Electrónico de Pago es el mes en el que se debió haber practicado la percepción.


Resoluciones del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación sobre el “DNT”

3 de febrero de 2020

En el día de hoy se publicaron las resoluciones 35/2020; 36/2020 Y 37/2020. Mediante ellas, el Ministerio de Turismo y Deportes aprueba el calendario que regirá durante el año 2020 para determinar las fechas en que los agentes de percepción del impuesto del 7%. 

Dicho impuesto es conocido en el sector como “DNT” e impacta sobre el del precio de los pasajes marítimos al exterior previsto, los pasajes fluviales al exterior y los pasajes aéreos al exterior.

Los agentes de percepción, en alusión a las empresas prestadores de los servicios referidos, deberán presentar las declaraciones juradas para liquidar y depositar los montos correspondientes, como así también, las fechas para la presentación de las certificaciones contables cuatrimestrales previstas en la Resolución N° 144 de fecha 14 de febrero de 2006 de la ex SECRETARÍA DE TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y sus complementarias, que como Anexo I se acompañan a las resoluciones referidas.


Caso judicial. Empresa de Viajes y Turismo Libor Tour SA” contra American Airlines

21 de enero de 2020

Las agencias de viajes, como intermediarias, son responsables por todas las faltas que cometan en la ejecución de sus obligaciones. Por ello, la Justicia decidió que una agencia debe asumir frente a la aerolínea American Airlines el pago por supuestas irregularidades detectadas en el cobro de tarifas de pasajes.

La intermediaria intentó que se le devuelvan importes retenidos por la aerolínea y argumentó que en realidad se trataba de operaciones de otra agencia, que habría usado su cuenta para emitir porque no contaba con la licencia de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

“El intermediario de viajes es el responsable de toda falta que cometa en la ejecución de sus obligaciones, debiendo apreciarse la culpa en relación con los deberes que le incumben” en base a un accionar “diligente”, razonaron los jueces.

La demanda presentada por la “Empresa de Viajes y Turismo Libor Tour SA” contra American Airlines por el cobro de sumas de dinero retenidas fue de esta manera rechazada en primera instancia y en la apelación ante la Cámara Civil y Comercial Federal.

Libor inició la demanda para que American Airlines le devolviera  sumas ya abonadas bajo protesta. Al hacerlo explicó que es una agencia de viajes con licencia de IATA y en ese carácter vende boletos aéreos de distintas compañías a través de los sistemas “SABRE” y “AMADEUS” que operan en la página web de cada aerolínea.

Algunas agencias, argumentó, no cuentan con licencia de IATA y entonces hacen las reservas pero luego las transfieren a otras empresas para emitir los tickets de sus clientes. Según Libor al no tener la licencia, otra empresa -Alhec Tours- habría hecho las reservas cuestionadas, emitidas luego por la primera.

“Es en este contexto en el que tuvo lugar la incorrecta imputación de diversas sumas a la cuenta de Libor, ya que –según alegó la actora- las operaciones cuestionadas por la aerolínea eran de pasajeros derivados de la empresa Alhec Tours, que tercerizó la emisión de los tickets aéreos en Libor y por la cual esta última no debe responder, por ser un tercero ajeno a su parte”, sintetizó el camarista Ricardo Recondo al analizar la denuncia.

La demanda fue rechazada en primera instancia y ese fallo fue confirmado por la Cámara.

En la causa no se logró demostrar el origen de las supuestas alteraciones en las reservas que generaron las irregularidades aludidas por la aerolínea y por eso se resolvió que debe responder “el sujeto que debió haber velado por el adecuado cumplimiento de las obligaciones a su cargo”.

Libor cuenta con un código de autorización que “la habilita a emitir billetes aéreos” a través del sistema “Amadeus”: “Por el contrario, la empresa Alhec Tours, a pesar de contar con un código de autorización, no se encuentra habilitada para la emisión de pasajes, dado que no es una agencia acreditada en IATA. Es por esta razón que Alhec Tours emitía los tickets a través de Libor”, recordaron los jueces en base a documentación que entregó la aerolínea.

“Toda vez que la existencia de las irregularidades detectadas por American Airlines –consistentes, reitero, en alterar las reservas originales sin la correspondiente adecuación a las mayores tarifas- no está cuestionada” correspondía a Libor “demostrar que aquéllas fueron producto de la conducta desplegada por un tercero por el cual no debe responder: en el caso, según alega dicha parte, Alhec Tours”, afirmó el juez Recondo.

Desde la empresa Amadeus Argentina SA se informó que no es posible corroborar el historial de reservas porque sólo se conservan por tres años y los hechos fueron anteriores.

“Tampoco obra en autos documentación alguna que permita dilucidar con claridad la naturaleza de la relación comercial” entre ambas agencias de turismo como para poner en evidencia si fue Alhec Tours “la responsable de las irregularidades cometidas en la reserva y emisión de los billetes aéreos de los vuelos operados por American Airlines”.

La actividad de las agencias de viaje está sometida a la Convención Internacional relativa al Contrato de Viaje (ley 19.918).

Allí hay definiciones y distinciones entre los operadores como el que establece que “el intermediario de viajes es el responsable de toda falta que cometa en la ejecución de sus obligaciones, debiendo apreciarse la culpa en relación con los deberes que le incumben a un diligente intermediario de viajes”.

Por eso la Cámara resolvió que es la empresa que presentó la demanda, Libor, la que tiene que asumir frente a American Airlines “la responsabilidad por las irregularidades detectadas en el cobro de las tarifas de los billetes aéreos, dado que no ha podido demostrar que dichas anomalías hubiesen respondido a la conducta de un tercero por el cual no debe responder”.


Régimen de reintegro de IVA para las Agencias de Viajes y los Alojamientos Turísticos. La factura “T”

16 de enero de 2020

Hace muy poco me llego una consulta, por privado, sobre lo interesante que resultaría contar un poco de esta factura. Bueno, recogiendo el guante del lector al mismo tiempo que agradezco su interés, aquí les dejo unos comentarios al respecto.

Este tipo de facturación nace con el dictado de la Resolución General 4601-E  AFIP (publicada el 17 de agosto del 2017 en el BO), el que a su vez modifica al régimen instaurado por Resolución Conjunta General 3971/2016 y la Resolución 566/2016.

Dichas normas prevén lo que se conoce como el “Régimen de Reintegro del Impuesto al Valor Agregado” Casualmente, laSe dicta considerando el beneficio que la ley de I.V.A. prevé en su artículo 43. Es decir, el reintegro del impuesto al valor agregado facturado a turistas del extranjero por los servicios de alojamiento prestados por hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart – hoteles y similares.

Dicha resolución dispone la obligación de emitir comprobantes “T” para los contribuyentes que presten servicio de alojamiento a turistas extranjeros a partir del 1 de septiembre de 2017.

En otras palabras, los prestadores del servicio de alojamiento turístico, a partir del 1 de septiembre de 2017, deben emitir la factura “T” en detrimento de las facturas convencionales “A” y “B” para los servicios de alojamiento y desayuno, en caso de estar incluido este último en el precio.

Para adherirse a este sistema, los hoteles deben estar inscritos en el IVA y solicitar ante la AFIP la autorización de emisión del documento electrónico en el sitio web de este organismo. Deben también cumplir con el régimen de información obligatorio que establece que esta información será remitida a la AFIP por mes calendario hasta el día 15 del mes inmediato siguiente al período mensual del que se trate.

Pero cuidado, los pagos realizados por el turista extranjero se realicen con tarjeta de crédito o débito emitida en el exterior. También se aceptan las transferencias recibidas desde el exterior. Se excluyen, eso sí, los pagos en efectivo, independientemente de la moneda en que se hagan.

En su oportunidad, en diciembre del 2016, AFIP comunicó lo siguiente:

El régimen de reintegro del impuesto al valor agregado, facturado por los servicios de alojamiento prestados a turistas del extranjero, recaerá sobre los montos facturados por responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado por los servicios de alojamiento y desayuno, cuando éste se encuentre incluido en el precio del hospedaje, brindados a turistas del extranjero en todo el país, a través de agencias de viajes habilitadas por el Ministerio de Turismo, en la medida que el pago se instrumente mediante tarjeta de crédito o débito internacional emitida en el exterior o transferencia de divisas, siempre que se identifique de manera inequívoca al destinatario final del beneficio.

El monto a reintegrar se calculará sobre la base de la tarifa por noche de la habitación, unidad o plaza, según corresponda, fijada en la factura emitida por el establecimiento que preste el servicio de alojamiento.

No darán lugar al reintegro del gravamen los importes que excedan a la referida tarifa, como así tampoco el monto que se cobre por la cancelación o la no utilización del servicio de alojamiento. Respecto de que las prestaciones se realizaren en forma conjunta o complementaria con la venta de bienes, u otras prestaciones o locaciones de servicios, éstas deberán facturarse en forma separada a través de comprobantes clase “A” o “B”, según corresponda, y no darán lugar al reintegro del impuesto.

Se entenderá por turista del extranjero a toda persona que ingrese en el territorio de la República Argentina sin tener su residencia habitual en el país, y permanezca en él sin exceder el plazo máximo que establece la legislación migratoria para dicha categoría.

Aquellos sujetos alcanzados por el régimen los hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart-hoteles y similares, así como las agencias de turismo del país habilitadas por el Ministerio de Turismo, que revistan el carácter de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, por las operaciones sujetas a reintegro, deberán cumplir con ciertas obligaciones, a saber:

Deberán identificar la totalidad de los huéspedes que harán uso del servicio y verificar que se cumpla con el requisito de residencia en el exterior. Si la operación se realiza a través de una agencia de viajes, ésta deberá solicitar copia del pasaporte o del documento de identidad extranjero que acredite los datos informados, excepto de realizarse a través de “Internet”.

Emitir, como único comprobante válido para respaldar las operaciones:

Factura clase “T”

Nota de débito clase “T”

Nota de crédito clase “T”

Para vizualizar el modelo de comprobante “T”, ingresa a Resolución Conjunta General 3971 y Resolución 566/2016

Para ello, deberán solicitar ante esta Administración, la autorización de emisión pertinente vía “Internet” a través del sitio “web” institucional. (http://www.afip.gob.ar)

A su vez se establece un Régimen de Información obligatorio que estará cargo de los sujetos mencionados respecto de las operaciones sujetas a reintegro. Dicha información será remitida a esta Administración Federal por mes calendario hasta el día 15 incluisive, del mes inmediato siguiente al período mensual del que se trate.


Impuesto PAIS. Resolución General 4664/2020 AFIP. Excepción para viajes a las Islas Malvinas

15 de enero de 2020

En él día de hoy, se publicó en el BO la resolución general 4664/2020, en virtud de la cual AFIP aclara que para los casos de compra de pasajes con destino a las Islas Malvinas, no se aplicará el impuesto PAÍS.

De esta manera, se suma a la excepción antes fijada, respecto de los pasajes terrestres con destino a países limítrofes.

En cuanto su vigencia, se aplica retroactivamente a la fecha de vigencia de la ley 27.541. Es decir, al 23 de diciembre de 2019.


Atención. Los paquetes de viajes y los pasajes aéreos tienen, ademas del impuesto PAIS, la carga del impuesto del 5%

9 de enero de 2020

Quizás, en estos tiempos, con las novedades constantes sobre el impuesto PAIS y sus efectos en la actividad turística surge la duda, pero el impuesto materializado con el dictado de la Resolución 3819/2015 sigue vigente con sus modificaciones, claro.

¿En qué consiste este impuesto? Bien, las compras de paquetes turísticos como así también de los pasajes aéreos al exterior, que se realicen en efectivo, tanto en dólares como en pesos, aplica también a las operaciones canceladas mediante depósito en cuenta y se calculará sobre el importe total antes de impuestos.

De tratarse de operaciones expresadas en moneda extranjera deberá efectuarse la conversión a su equivalente en moneda local, aplicando el tipo de cambio oficial que, para la moneda de que se trate, fije el Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha de la operación.

Y en estos casos (paquetes de viajes o pasajes aéreos al exterior) ¿Qué sucede con el impuesto PAIS? Debe, también, implementarse en todos los paquetes de viajes y/o los pasajes aéreos con destino al exterior, en la medida que se abone en pesos y el prestador necesita acceder al Mercado Libre de Cambios para cambiar esos pesos recibidos por la divisa requerida. Salvo que se abone con la divisa en efectivo o desde una cuenta bancaria en esa divisa.


Impuesto PAIS. La AFIP dictó la Resolución General 4659/2020

7 de enero de 2020

El martes 7 de enero del 2020 se publicó, en el BO, la Resolución General 4659/2020 dictada por la AFIP, en relación al impuesto PAIS, tan mencionado por el sector turístico.  De dicha Resolución General, quisiera destacar los siguientes artículos

ARTÍCULO 1°.- Los agentes de percepción y liquidación del impuesto creado por el artículo 35 de la Ley Nº 27.541, definidos en el artículo 37 de dicha ley, deberán observar la forma, plazo y condiciones que se establecen mediante la presente resolución general.

Comentario personal: debemos tener presente que los agentes de percepción varían de acuerdo a las situaciones especificadas en el artículo 35 de la ley 27.541. Es decir:

[Art. 35, inc. a) de la ley 27.541] – Para la compra de billetes y divisas en moneda extranjera, efectuada por residentes en el país, el agente de percepción es el Banco (con autorización para operar por el BCRA).

[Art. 35, inc. b) y c) de la ley 27.541] – Para el cambio de divisas efectuado por las entidades financieras destinadas al pago de la adquisición de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y débito, incluso en efectivo, como así también las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales y/o cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen, mediante compras a distancia, en moneda extranjera. Y el cambio de divisas efectuado por las entidades financieras destinadas al pago, por cuenta y orden del contratante residente en el país de servicios prestados por sujetos no residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de débito y efectivo, el agente de percepción serán las entidades que efectúen los cobros de las liquidaciones a los usuarios.

[Art. 35, inc. d) de la ley 27.541] – Para la aquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo, del país, serán dichas agencias los agentes de percepción.

[Art. 35, inc. e) de la ley 27.541] – Para la adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, en la medida en la que para la cancelación de la operación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes, serán dichas empresas de transporte las agentes de percepción. Salvo que se trate de empresas de transporte terrestre y el destino sea un país limítrofe, en cuyo caso no será aplicable el impuesto PAIS.

ARTÍCULO 3°.- La percepción será aplicable en la medida y proporción que se abonen en pesos las operaciones alcanzadas por el presente impuesto. En el caso de las adquisiciones contempladas en los incisos d) y e) del artículo 35 de la Ley N° 27.541, estarán alcanzadas por dicha percepción, cuando en cualquier etapa de la operatoria se deba acceder al mercado único y libre de cambios a efectos de la adquisición de las divisas correspondientes para su cancelación.

No quedarán sujetas a percepción las operaciones con destino específico vinculadas al pago de obligaciones, de conformidad con las pautas establecidas por el Banco Central de la República Argentina en la normativa aplicable a la materia.

Comentario personal: para el sector turístico (tanto agencias de viajes como empresas de transporte enfatiza que la actividad será gravada por el impuesto PAIS siempre y cuando, “en cualquier etapa de la operación comercial”, se deba acceder al mercado único y libre de cambios a efectos de la adquisición de las divisas correspondientes para su cancelación. Es decir, para cambiar los pesos recibidos por alguna divisa en particular. Caso contrario, no será aplicable el referido impuesto.

ARTÍCULO 5°.- Los agentes de percepción y liquidación deberán solicitar la inscripción a través del Sistema Registral en el/los Régimen/es del IMPUESTO PARA UNA ARGENTINA INCLUSIVA Y SOLIDARIA (PAÍS).

Comentario personal: los agentes de percepción deberán realizar un trámite administrativo ante AFIP (es aquí donde recomiendo consultar urgente con sus contadores, los especialistas en la materia impositiva).

ARTICULO 6°.- Los agentes de percepción observarán, a fin de efectuar las percepciones para cada uno de los supuestos del artículo 35 de la Ley N° 27.541, las condiciones que se indican a continuación:

a) Operaciones indicadas en el inciso a) del artículo citado: la percepción se calculará sobre el importe en pesos utilizado en el momento de la adquisición de la moneda extranjera.

b) Operaciones indicadas en los incisos b) y c) del artículo citado y efectuada mediante el uso de tarjetas de débito y prepagas: la percepción se calculará sobre el importe en pesos necesarios para la adquisición del bien o servicio, calculados al tipo de cambio del día anterior al de efectuado el débito en la cuenta respectiva.

c) Resto de las operaciones indicadas en los incisos b) y c) del artículo citado: la percepción se calculará sobre el monto en pesos abonado al momento de cancelar total o parcialmente el resumen o liquidación, aplicado a las adquisiciones alcanzadas por el presente impuesto, calculadas al tipo de cambio del día anterior al de emisión del citado resumen o liquidación.

d) Operaciones indicadas en los incisos d) y e) del artículo citado:

1. Canceladas en efectivo: la percepción se calculará sobre el monto en pesos abonados al momento de cancelar total o parcialmente la adquisición alcanzada.

2. Canceladas con alguno de los medios de pago incluidos en los incisos b) y c) precedentes: la percepción será incluida en el precio en el caso de facturarse o expresarse en moneda local. De facturarse o expresarse en moneda extranjera, resultarán aplicables dichos incisos b) o c) según corresponda.

Comentario personal: ante la incógnita del monto a considerar para gravar la operación con el impuesto PAIS (30%) se aclara que para los casos indicados en el artículo 35 (inc. “a”, “b”, “c”, “d” y “e”) se deben considerar:

Supuesto del inciso a): el importe total en pesos, utilizados para el cambio de divisa.

Supuesto de los inciso b) y c): casos de operaciones realizadas mediante el uso de tarjetas de débito y prepagas, será el importe total en pesos utilizados para la adquisición del bien o servicio, calculados al tipo de cambio del día anterior al de efectuado el débito en la cuenta respectiva. Resto de operaciones (crédito, por ejemplo) la percepción se calculará sobre el monto en pesos abonado al momento de cancelar total o parcialmente el resumen o liquidación, aplicado a las adquisiciones alcanzadas por el presente impuesto, calculadas al tipo de cambio del día anterior al de emisión del citado resumen o liquidación.

Supuesto de los inciso d) y e): se debe discriminar las operaciones canceladas en efectivo, de las canceladas con tarjeta de crédito, débito, u otra. Es así que

Para las operaciones canceladas en efectivo: la percepción se calculará sobre el monto en pesos abonados al momento de cancelar total o parcialmente la adquisición alcanzada. Siempre y cuando, por dicha operación no se deba acceder al mercado único y libre de cambios a efectos de la adquisición de las divisas correspondientes para su cancelación.

Canceladas con alguno de los medios de pago incluidos en los incisos b) y c) del art. 35 de la ley 27.541: la percepción será incluida en el precio en el caso de facturarse o expresarse en moneda local. Siempre y cuando, por dicha operación no se deba acceder al mercado único y libre de cambios a efectos de la adquisición de las divisas correspondientes para su cancelación. De facturarse o expresarse en moneda extranjera, resultarán aplicables directamente los supuestos de los incisos b) o c) de la ley.

ARTÍCULO 12.- Los sujetos a quienes no se les hubiera practicado la percepción en los términos del presente régimen, o aquellos a los que se les hubiese practicado en forma parcial, deberán abonar el impuesto no percibido hasta el día 25 del mes siguiente a aquel en que debió haberse practicado la aludida percepción, mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), conforme la Resolución General N° 1.778, su modificatoria y sus complementarias, utilizando los siguientes códigos:

MPUESTOCONCEPTOSUBCONCEPTO
93843 PAGO A CUENTA/ AUTORRETENCIÓN/ AUTOPERCEPCIÓN43 PAGO A CUENTA/ AUTORRETENCIÓN/ AUTOPERCEPCIÓN
93843 PAGO A CUENTA/ AUTORRETENCIÓN/ AUTOPERCEPCIÓN51 INTERESES RESARCITORIOS
Fuente: AFIP

Cuando la fecha de vencimiento indicada coincida con un día feriado o inhábil, se trasladará al día hábil inmediato siguiente.

El período a consignar en el Volante Electrónico de Pago es el mes en el que se debió haber practicado la percepción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 13.- El ingreso de las percepciones practicadas entre la entrada en vigencia de la Ley N° 27.541 y el día 7 de enero de 2020 inclusive, se considerará ingresada en término si se efectúa hasta el día 20 de enero de 2020, inclusive.

VIGENCIA Y APLICACIÓN

ARTÍCULO 15.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación para las transacciones efectuadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.541.

Comentario personal: aquí sucederán múltiples opiniones y cuestionamientos jurídicos, a los cuáles estoy muy abierto. Desde mi opinión, considero que dicho artículo determina una actividad administrativa, otra más, en cabeza de los agentes de percepción para gestionar el cobro del impuesto PAIS para todas aquellas operaciones sucedidas desde las 00:00 hs del 23/12 en las que no se haya gravado con dicho impuesto a tal operación.


Despidiendo el 2019, unas conclusiones de este año en materia de reclamos en servicios turísticos

29 de diciembre de 2019

El organismo de Defensa del Consumidor lleva adelante una serie de estadísticas sobre los reclamos efectuados por el consumidor en la Argentina. Si analizamos el 2019, considerando hasta junio de este año, sorprenden algunos datos. Para ello consideramos los rubros de servicios de transporte aéreo, servicios de transporte fluvial, marítimo y servicios turísticos.

Ampliando el foco, y yendo más allá en la linea de tiempo antes dicha (del 1º de enero al 30 de junio de 2019), y considerando todos los rubros que Defensa del Consumidor abarca para sus estadísticas, se observa que un 5º lugar aparecen los servicios de transporte aéreo con un total de 8.073 reclamos. Y en un puesto 12º los servicios turísticos con un total de 3.366 reclamos.

Pero si detenemos la mirada en los motivos que los consumidores realizan su reclamo vemos los siguientes datos:

En el 1º lugar, con 24.610 reclamos, aparece el motivo: incumplimiento del servicio contratado y le sigue, con 18.580 reclamos el incumplimiento en la oferta. Quizás el lector se pregunta ¿dónde radica la diferencia entre el 1º y 2º puesto? Sucede que en el primer caso abarca situaciones de no prestación del servicio. En el segundo caso la prestación del servicio o el bien entregado, según el caso, no se condice con la oferta realizada, las promesas efectuadas por el proveedor antes de la venta o con la información brindada, previamente a la contratación.

No queda duda de que el 2020, en materia de servicios turísticos y, ante una probabilidad de incremente del turismo interno, los prestadores de servicios deben ser mas meticulosos al momento de realizar una oferta de sus servicios y planificar la prestación de dichos servicios, de tal manera que, mediante procesos y procedimientos estandarizados, puedan prever situaciones de conflicto con su cliente. Estos datos deben servir para retroalimentar la proyección del negocio con un alto condimento de empatía para con el cliente.


Turismo. Novedades desde la reglamentación de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (ley 27.541)

28 de diciembre de 2019

Reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (ley 27.541). Su alcance para el turismo.

El pasado 27 de diciembre del 2019 se publicó, en el BO, el Decreto 99/2019 por el cual se reglamenta la tan mencionada ley 27.541, también conocida como la ley de solidaridad social. Una de las cuestiones que la referida ley implementa es el “impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (País)”.

El fragmento del citado decreto que nos interesa es el comprendido entre los artículos 14 y 19. Veamos:

IMPUESTO PARA UNA ARGENTINA INCLUSIVA Y SOLIDARIA (PAÍS)

ARTÍCULO 14.- Las operaciones comprendidas en los incisos b) y c) del artículo 35 de la Ley N° 27.541 están alcanzadas por el impuesto allí previsto, cualquiera sea el medio de pago con el que sean canceladas.

ARTÍCULO 15.- Quedan comprendidas en los términos del inciso d) del artículo 35 de la Ley N° 27.541, las adquisiciones de servicios en el exterior contratadas a través de agencias de viajes y turismo -mayoristas y/o minoristas- del país cuando fueran canceladas en efectivo y no estén alcanzadas por los incisos b) y c) de ese artículo, en la medida en que para su cancelación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes.

ARTÍCULO 16.- Quedan comprendidas en los términos del inciso e) del artículo 35 de la Ley N° 27.541, las adquisiciones de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, contratados a través de empresas del país, cuando fueran canceladas en efectivo y no estén alcanzadas por los incisos b) y c) de ese artículo, en la medida en que para su cancelación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes.

ARTÍCULO 18.- Suspéndase el pago del impuesto previsto en el artículo 35 de la Ley N° 27.541 para la adquisición de servicios de transporte terrestre, de pasajeros, con destino a países limítrofes.

Comentarios

Originalmente, de acuerdo al texto de la ley, se consideraba como medio de pago el realizado por operaciones con crédito o débito, y quedaba la salvedad de otro medio que dispusiere la reglamentación, Bien, ahora el Decreto Reglamentarios (DR en adelante) aclara que se considera cualquier medio de pago, para los casos de: 

Cambio de divisas para la adquisición de bienes o servicios, efectuadas en el exterior, como así también las compras efectuadas en alguna divisa en sitios web como Apps.

Cambio de divisas para la adquisición de servicios, en el país, por sujetos no residentes en el país.

En el caso de la contratación de servicios en el exterior, pero contratados a través de una agencia de viajes en el país, el DR precisa que ello se considerará siempre y cuando la operación se cancele en efectivo y, por dicha operación, la Agencia de Viajes deba recurrir al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes para el pago de los respectivos proveedores. Se aclara al lector que de realizarse mediante crédito o débito se situaría en el alcance de la ley, pero en otro supuesto (art. 35 incisos “b” o “c” según el caso).

Los mismo que se explicara en el párrafo anterior aplica en el supuesto de contratar con una transportista, sin importar el medio de transporte, para el servicio de transporte de pasajeros al exterior. Es decir, se incluye la operación realizada mediante dinero en efectivo. 

Ahora, una importante novedad es que, para el caso de transporte terrestre, con destino a países limítrofes, no aplicará el impuesto del 30%.


A partir del 2021, aquellos que quieran  viajar a Europa y no posean un pasaporte europeo, deberán tramitar un permiso.

20 de agosto de 2019

A partir de 2021, las personas que visiten Europa y no tengan pasaporte europeo deberán tramitar un permiso especial para recorrer el Viejo Continente. Se trata del denominado ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes.

Las autoridades europeas indicaron que no se trata de una visa y que es sólo un permiso, pero no deja de ser un trámite obligatorio. La diferencia está en que algunos requerimientos son menores a los de una visa tradicional, ya que no será necesaria una foto o datos biométricos ni indicar situación financiera).

ETIAS representa el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. Se trata de un sistema íntegramente electrónico que autoriza y realiza un seguimiento de los visitantes de países que no necesiten un visado para acceder al espacio Schengen (área que comprende a 26 países europeos que abolieron los controles fronterizos).

El pedido de este permiso de autorización previa empezará y terminará online tras el pago de 7 euros. Tendrá una validez de tres años y los datos que se incluyan en la solicitud se cruzarán con bases de datos de la UE y de Interpol. Ahí se definirá si hay razones para denegar la entrada.

A partir de ahí, si no se recibe respuesta se considera que la autorización fue aprobada. Si en el sistema salta alguna alerta la autorización será decidida manualmente en un plazo máximo de 96 horas. El funcionario encargado de revisar la petición podrá pedir información adicional. Cuando la reciba tendrá otras 96 horas para tomar una decisión.

Debido a que los ciudadanos de países que no necesita un visado para viajes dentro de la UE, como los argentinos, pueden permanecer hasta 90 días en esas fronterasel ETIAS se asegura de que esas personas no supongan un riesgo para la seguridad.

Antes del embarque, los transportistas aéreos y marítimos tendrán la obligación de verificar que los extranjeros que necesitan ese permiso estén en posesión de una autorización válida.

De alguna forma, se parece al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje de Estados Unidos (ESTA), que se emplea para una finalidad similar.

ESTA son las siglas de Sistema Electrónico de Autorización de Viaje. Es un sistema de solicitud online, operado por el U.S. Department of Homeland Security (DHS) que no es una visa sino una autorización previa para los pasajeros antes de permitirles ingresar a Estados Unidos.

Siempre que el viaje sea por negocios o turismo (o si sólo es en tránsito, se requiere lo mismo) y por un período inferior a 90 días, los viajeros argentinos con doble ciudadanía (por ejemplo, la española o italiana) no necesitan obtener una visa para entrar a Estados Unidos y deben completar por internet el formulario de ESTA.

Tal como pasará con el ETIAS para Europa, los argentinos con doble ciudadanía deben solicitar el ESTA al menos 72 horas antes de subir a un avión o barco hacia Estados Unidos.


Fallo a favor de Fehgra por los excesivos aranceles de Sadaic a la hotelería

19 de julio de 2019

El Gobierno multó a SADAIC por los excesivos aranceles que cobró a los hoteles por derecho de autor. Se acreditó su abuso por posición dominante. El Fallo da la razón a FEHGRA.

Después de una denuncia de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) cobró precios excesivos en los aranceles de derechos de autor que pagan hoteles.

La notificación enviada por la CNDC a FEHGRA informa que la resolución del expediente “FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA S/ SOLICITUD DE INTERVENCION DE LA CNDC”, abierto contra SADAIC, impone a la denunciada una multa de $ 42.732.771, al darse por cierto la existencia de un monopolio legal por parte de SADAIC, y haberse acreditado el abuso de posición dominante en la fijación de los aranceles que perjudican considerablemente a la hotelería.

A su vez, en la Resolución se aconseja al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Justicia el dictado de una regulación específica de dichos montos con el criterio de razonabilidad, transparencia y no discriminación.

Desde la Federación, se subraya la importancia de este primer paso, un logro alcanzado después de muchos años de trabajo, y se destaca que por primera vez se pone un límite a las desmedidas pretensiones de esta entidad. Con esta medida se ayuda a mejorar la competitividad del sector turismo.

Por otra parte, el sector integrado por PyMEs, que generan gran cantidad de empleo en todo el país, espera que se dé continuidad al tema hasta alcanzar la definitiva resolución del problema, hecho que ocurriría con la aconsejada modificación de la normativa.

Los establecimientos hoteleros argentinos tiene obligación de pago por presunta difusión pública de repertorios protegidos a cinco entidades recaudadoras. Estas entidades cobran por habitación, esté o no ocupada.

Después de un estudio sobre el tema, la CNDC confirmó que en Argentina los hoteleros pagan entre siete y nueve veces más que el promedio de los países de Latinoamérica, por la presunta reproducción de obras musicales. Comparado con España, algunos hoteles pagan 16 veces más.

Las cinco entidades que cobran a la hotelería por derechos intelectuales son: SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música; ARGENTORES, Sociedad General de Autores de la Argentina; AADI-CAPIF, Asociación Argentina de Interpretes (AADI) y Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF); DAC, Directores Argentinos Cinematográficos; y SAGAI, Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes.


Las propinas forman parte del sueldo

20 de octubre de 2016

La justicia definió que las propinas forman parte del sueldo. En el siguiente resumen del fallo -analógicamente aplicable a las diversas actividades que conviven con la modalidad de las propinas- apreciarán tal resolución en una causa por despido

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo precisó sus alcances en un fallo por despido. Hubo también un apartado sobre responsabilidad solidariaUna de las prácticas más habituales en la operatoria diaria de una boca de expendio es brindar servicios a los clientes a la par de abastecer sus vehículos de combustibles. Este tipo de proceder es generalmente recompensado a través de una propina, la cual va a parar al bolsillo del empleado sin tributar ningún tipo de impuestos.

Esta característica, sin embargo no la exime de formar parte del reclamo de los trabajadores cuando son despedidos. Son consideradas integrativas del salario, y así lo ratificó un fallo reciente del Juzgado 23 correspondiente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Según expresaron los magistrados Gloria M. Pasten de Ishihara y Graciela A. González, la demandada admitió que eran recibidas por los dependientes pero adujo que no tenía participación alguna en lainstrumentación de su distribución.

Se basaron en los dichos de los testigos quienes coincidieron en manifestar que “todos los días se llevaban una propina que dependía de la voluntad del cliente”.

“En consecuencia, la percepción de propinas en forma y habitual se encuentra debidamente acreditada en autos en tanto los operarios de playa recibían propinas de los clientes si los atendían bien al ofrecerles servicios tales como limpieza de vidrios y controles de agua o aceite, extremo que en definitiva coincide con una costumbre arraigada en nuestra sociedad”, remarcaron los letrados.

En ese sentido recordaron que la empleadora tácitamente aceptó que la propina fuera percibida por el trabajador, lo que torna operativa la primera parte del artículo 113 de la LCT, subsumiendo el carácter de lo así obtenido en las prescripciones del art. 103 de ese régimen normativo, según lo expresamente dispuesto por el artículo 1 del Convenio Nº 95 de la OIT y la doctrina sentada por nuestro más Alto Tribunal.


Por Derecho y Turismo

Abogado, especializado en derecho del turismo. Docente universitario, y futuro Mg en Derecho Empresarial.

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